Ley Lakenche: Comunidades delinean estrategia legal tras rechazo a solicitudes de borde costero

Con molestia y dolor reaccionaron en las comunidades indígenas que este jueves vieron rechazadas sus dos solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO), presentadas en 2016 y 2017.

Daniel Caniullan, dirigente de Melinka, detalló la estrategia legal que seguirán las comunidades. “Vamos a llevarlo a las justicia internacional una vez que pasemos todos los conductos regulares, ya que no vamos a renunciar a lo que nos pertence. No estamos de acuerdo en que el mar lo sigan privatizando y que pasen poderes económicos que no son del territorio, son de otros países los que están apoderándose del mar”, dijo.

El dirigente enfatizó que las verdaderas razones detrás del rechazo a las solicitudes no estaban en la extensión de más de 620 mil hectáreas de costa, sino en los intereses económicos involucrados en la zona. “Ahí es donde más salmones están produciendo las empresas acuicolas, y ellos tiene 700 concesiones otorgadas, pero quieren 1.500 más. Nosotros decimos que ocupen lo que ya tienen y dejen proyectarnos a nosotros también, porque no los vamos a echar; la ley no nos lo permite”, aseguró.

La Ley Lafkenche, que reconoció el derecho a los pueblos originarios a preservar sus usos y costumbres, permite entregar por un tiempo indefinido la administración del espacio costero a las comunidades que consigan aprobar sus peticiones. En su artículo octavo establece que las resoluciones adoptadas por la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) deben ser comunicadas por la Subsecretaría de Pesca a los solicitantes en un plazo de 10 días. A partir de ello, da un mes para reclamar dicha decisión, el que deberá ser resuelto dentro de un mes desde su presentación.

Felipe Guerra, abogado de la comunidad de Pu Wapi junto a Cristián Paredes - integrantes del equipo jurídico de la ONG Observatorio Ciudadano- explicó a Pulso que “nosotros vamos a apuntar a que se cumplan los plazos”.

Guerra aseguró que “los fundamentos del rechazo lo expusieron los seremis, los delegados provinciales y el delegado regional, y lo que uno ve ahí es básicamente argumentos racistas para excluir de manera definitiva a las comunidades”. En su visión, el racismo radica en que la denegación de ECMPO, dado un instructivo de la Subsecretaría de Pesca de julio de 2018 -dictado durante el segundo gobierno Sebastián Piñera- impide a una comunidad presentar una nueva solicitud en el mismo espacio ya rechazado por la CRUBC.

“El rechazo en la práctica inhabilita de manera permanente a las comunidades. Ese efecto jurídico es súper complejo”, subraya.

Guerra enfatiza que uno de los argumentos “racistas” pasa por declarar “que las comunidades son incapaces de administrar una superficie de 600 mil hectáreas”, afirma, aludiendo a que una de las opciones era aprobar con modificaciones la solicitud.