Junto con esto, Víctor Torres también destacó que desde la Superintendencia verificarán las cifras y planes de pago que las isapres presentarán a sus cotizantes.
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Junto con esto, Víctor Torres también destacó que desde la Superintendencia verificarán las cifras y planes de pago que las isapres presentarán a sus cotizantes.
La ley corta de isapres también implica un fortalecimiento a Fonasa con la creación de un seguro voluntario al que los afiliados podrán optar y así recibir una mayor cobertura.
La comunicación responde al mandato de la Corte Suprema, ordenando que las aseguradoras informen mediante correo electrónico o carta certificada a sus afiliados -que mantengan contratos con anterioridad al 1 de abril de 2020- la incorporación de esta nueva tabla que está vigente desde abril de 2020.
Víctor Torres explicó que "su caída no será inmediata, pero cuando empiezan a caer en insolvencia el proceso es de seis meses para que ellos puedan resolver esa situación".
La norma garantiza que las personas que hayan padecido y sobrevivido a la enfermedad no sufran discriminación financiera ni laboral una vez recuperadas. En ese contexto, el ente regulador supervisará que las isapres no obliguen a los pacientes a declarar el cáncer si terminaron su tratamiento cinco años atrás.
Este es el segundo aumento de capital que hace la aseguradora en lo reciente. Por otro lado, el superintendente de Salud ya no ve que algunas isapres vayan a incumplir sus indicadores en febrero y cree que el nuevo escenario “nos permite llegar con mayor tranquilidad hasta el mes de mayo o junio”, cuando proyecta que ya estará aprobada la ley corta de isapres.
Desde la entrada en vigencia de la circular emitida por la institución, en marzo de este año, el superintendente Víctor Torres advirtió que "las isapres deberán notificar al empleador de la persona afiliada el precio que resulte luego de aplicar la suspensión del cobro para que se haga la rebaja respectiva”.
Respecto a eventuales devoluciones, el superintendente de Salud, Víctor Torres, detalló que “el cálculo de las posibles restituciones y, su forma de pago, serán regulados en una circular posterior”.
Así se desprende de la respuesta que dio este lunes la Tercera Sala a consulta de la Superintendencia de Salud: “Lo que corresponde a cada isapre es dar cumplimiento al fallo referido desde la fecha en que la sentencia quedó ejecutoriada (...) dando aplicación al mismo, esto es manteniendo la prima GES del trienio anterior”. Dicha aplicación significa un fuerte golpe para los ingresos de las aseguradoras privadas de salud.
En concreto, el regulador consultó si es posible que la Superintendencia pueda dictar una instrucción general a las isapres para que apliquen el fallo sobre los afiliados que no judicializaron el asunto y que de todas maneras verán una baja en sus primas. En ese sentido, el regulador consultó también si es que puede dictar esas instrucciones dentro del plazo de seis meses.
Esta es una entidad que la ley corta del gobierno propone crear de manera permanente para que asesore a la Superintendencia de Salud en lo relacionado con las isapres, previa solicitud del superintendente, especialmente en lo relativo al precio que estas cobren por GES.
Víctor Torres indicó que "a nuestro juicio, esta propuesta permite cumplir el fallo (de la Corte Suprema) sin distorsionarlo".
Hace poco más de una semana el máximo tribunal rechazó la solicitud de las isapres para anular el fallo GES, por lo que tienen que implementarlo pronto. Eso significará una baja de ingresos promedio de 12,7% al mes para la industria. En este contexto, están en conversaciones con el gobierno para ver si es posible que el regulador solicite una prórroga para poner en marcha el fallo, idealmente, hasta que se apruebe la ley corta en el Congreso.
Este martes se conoció la propuesta elaborada por el comité técnico conformado por la Comisión de Salud del Senado y uno de los aspectos que más llamaron la atención fue la diferencia del monto que deberían devolver las aseguradoras, pues el ente fiscalizador liderado por Víctor Torres lo cifró en más de US$ 1.400 millones y los expertos lo redujeron a un tercio de ello.
El pasado viernes, la Superintendencia realizó la petición considerando que en noviembre vencía el plazo ya extendido que dio el máximo tribunal para implementar el polémico fallo sobre tabla de factores, y que, en paralelo, la ley corta no ha tenido ningún avance en el Congreso. El nuevo plazo comienza a partir del 12 de noviembre próximo.