Lo explica así la propia página de la Comisión Nacional de Energía: las empresas concesionarias de distribución de gas natural (GN) tienen hoy un régimen de libertad de precios que tiene solo una tarificación eventual. “Una empresa concesionaria será tarificada cuando exceda el límite máximo de rentabilidad fijado por la ley equivalente a la Tasa de Costo de Capital, cuyo piso mínimo es un 6%, más un margen adicional de tres puntos porcentuales”, dice el organismo dependiente del ministerio de Energía. Es la CNE la que chequea al año que las empresas no superen ese tope. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recordó en su último informe sobre el sector que la última modificación legal de 2017 ratificó esa libertad tarifaria condicionada.

Según el análisis de mercado de la FNE, las redes de distribución de gas existen en cerca de un 20% de las comunas del país: las empresas llevan sus productos a 70 de las 346 comunas. “Aquella baja cobertura se explica por la economía de densidad y las diferencias de los niveles de consumo por localidad, provocando una falta de suministro de GN en lugares que no poseen una densidad critica”, dice la FNE. El consumo anual asciende a 1,5 millones de metros cúbicos: el 90% se emplea en la generación eléctrica y solo un 10% va a clientes industriales, comerciales y residenciales. La demanda residencial consume el 44% de esta última cifra.

“Este anuncio del gobierno -habrá que ver los detalles- propone regular tarifas, cuando es sabido que la mejor política en un mercado que no es per se monopolio natural, es calcular como corresponde, sin resquicios, la rentabilidad de las empresas y gatillar la tarificación en el caso que corresponda”, opina el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien recuerda que el sector gasífero no es desregulado. “Es regulado, lo que pasa es que no tiene tarifa regulada siempre, depende si supera o no el umbral”, afirma.

En su descripción de mercado, la FNE dice que las empresas que participan en el mercado de la distribución de gas natural son Lipigas y Solgas en el Norte Grande; Metrogas y GasValpo en la zona centro; Metrogas, GasSur, Innergy Soluciones, Lipigas e Intergas en el sur, y Gasco Magallanes en la zona austral.

Jobet critica, además, que el actual gobierno haya retirado del Congreso la reforma legal enviada al final del gobierno de Sebastián Piñera, que se hacía cargo de la situación del sector y resolvía la controversia sobre la integración vertical que permitió a Metrogas reducir su tasa de rentabilidad.

“En esto el gobierno ha sido errático. Primero retira un proyecto que era una buena solución, perpetuando en los hechos el resquicio usado por Metrogas. Y después, cuando el tema adquiere notoriedad pública, regula mal”, afirma.

Eduardo Bitrán, exvicepresidente ejecutivo de Corfo y exministro de Obras Públicas, se pregunta por qué el gobierno se propone cambiar la ley en esa materia si ya existe la facultad para fijar las tarifas. “En estricto rigor, bastaría con medidas reglamentarias o administrativas para fijar tarifas, si se demuestra el exceso de rentabilidad”, opina.

“La regulación existente establece que la provisión de gas de ciudad es un servicio público, con libertad tarifaria. No obstante, la ley establece límites al exceso de rentabilidad por sobre el costo de capital. En caso de que se superen estos límites de rentabilidad, el Estado está facultado para fijar tarifas, al igual cómo se realiza por ejemplo en las empresas de distribución eléctrica. En este caso, hay suficiente evidencia de que se excedieron los límites de rentabilidad, con prácticas reñidas con la ética de los negocios. Por tanto, el Estado, de acuerdo a la legislación vigente, estaría facultado para regularlo como monopolio natural, fijando tarifas”, afirma Bitrán.

Las empresas del sector, reunidas en la Asociación de Gas Natural, guardaron silencio este miércoles.

El gas licuado es un mercado distinto. Según la FNE, suma 1,3 millones de toneladas y los principales actores son Abastible y Lipigas, que operan entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén, y Gasco, desde Tarapacá hasta Aysén.

Boric anunció un nuevo proyecto de ley para fortalecer el mercado del gas y el rol de Enap en ese sector. Enap, dijo el Presidente Boric, liderará un proyecto para distribuir cilindros de gas a 100.000 familias a precios justos este año. A ello se suma una mesa de trabajo con varios municipios.

“Enap no tiene la capacidad para hacerse cargo del problema, como tampoco las municipalidades”, advierte el economista Hermann González, quien se cree que la solución debe ir por otra vía. “Me llama la atención que con la importancia que ha adquirido el gas licuado no se haya incluido en los mecanismos de estabilización de precios”, agrega. González recuerda que el gas licuado estuvo incluido en ese tipo de fondos, pero se excluyó. “Se consideró que era utilizado por personas de buena situación económica, pero eso ya no es así”, afirma.

Según datos expuestos por Jobet en una comisión investigadora y replicados por la FNE, en 2020 el gas licuado envasado “es utilizado en más del 80% de los hogares del país representando un número de 7.008.598 usuarios a lo largo del país”.