Cámara de Diputados rechaza idea de legislar reajuste del sector público

La Cámara de Diputados rechazó este jueves en noche la idea de legislar el reajuste de remuneraciones del sector público con 60 votos en contra y 45 a favor.

Los principales cuestionamientos de los diputados al proyecto fueron en contra del guarismo de aumento de 2,7% de las remuneraciones y a la ausencia de un bono Covid de al menos $200 mil para los trabajadores de la salud.

Ahora el gobierno tendrá que insistir con el proyecto en el Senado, misma situación que debió enfrentar en su minuto con la discusión del salario mínimo, el que fue rechazado en primera instancia en la Cámara de Diputados.

El diputado DC e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gabriel Silber afirmó que “rechazamos el reajuste al sector público, porque tenemos un ministro que no cumple la palabra empeñada. Cuando despachamos la ley de Presupuestos, se comprometió con un bono Covid para los trabajadores de la salud que arriesgaron la vida en esta pandemia y tampoco cumplió respecto de los salarios más bajos, un reajuste que era a cuenta del alza del costo de la vida”.

Antes de la discusión en la Sala, en una larga sesión, la Comisión de Hacienda de la Cámara había despachado el proyecto rechazando más de 30 artículos de los 87 que contemplaba el articulado incluido el guarismo de 2,7%.

Si bien en esa instancia, el texto se aprobó en general con los votos de ChileVamos y el diputado DC, José Miguel Ortiz, en particular la oposición no apoyó la cifra propuesta por el gobierno porque consideran que representa un retroceso a los ingreso de los trabajadores, pues hay bonos que no se incorporan como el de término de conflicto y el de vacaciones.

Sobre este punto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones explicó que “estamos hablando de un reajuste a la remuneración bruta. Los bonos son un ítem separado, y antes de 2012 el bono de vacaciones no existía. En esta oportunidad vivimos una crisis negra, y este reajuste tiene que ser distinto, no puede ser el mismo del año pasado”.

Una propuesta que sacó roncha en el debate en la Comisión fue el artículo 82 para modificar el estatuto de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, para facultarla “para contratar seguros de defensa jurídica para su personal, el que deberá estar activo al momento de contratarlo”.

“Sería impresentable aprobar algo así. En Chile todo el mundo tiene derecho a una defensa pública, no veo por qué se deba tener un seguro especial sobre todo en esas circunstancias”, indicó el diputado Giorgio Jackson (RD). “Es de toda lógica que ellos contraten seguros para su defensa, tienen todo el derecho porque es el dinero que ellos aportarán universalmente”, recalcó por su parte el diputado Leopoldo Pérez (RN).

Un artículo 87 levantó suspicacias en algunos diputados, pues se incorpora un nuevo artículo al proyecto de retiro de fondos previsionales para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) “proporcione oportunamente información al Ministerio de Desarrollo Social” para que los beneficiarios de subsidios o algún otro apoyo estatal no sean afectados por haber retirado el 10% de sus fondos previsionales. Ello porque el proyecto indica que ese retiro no se considera ingresos para la caracterización de los hogares.

A propósito de ello, el diputado Gabriel Silber (DC) presentó una norma para eliminar la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda solicitara antecedentes con rut a otro servicio público.

Se aumenta el reembolso que Fonasa entrega a las cajas de compensación para administrar las prestaciones de los subsidios de incapacidad laboral derivadas de licencias médicas. Entonces desde una cotización actual de 0,6% se aumenta a 3,1% el traspaso desde Fonasa a las cajas.

Además el proyecto incorpora otro artículo para que los Programas de Mejoramiento de la Gestión no requieran firmas de tantos ministerios, sino que sólo baste para tomar razón la firma del Ministerio de Hacienda. Si bien el diputado Pablo Lorenzini (DC) planteó no darle tanta preponderancia a Hacienda, los diputados aprobaron la propuesta que buscaría simplificar los procesos.

Se prorroga el teletrabajo hasta 2023 a diferentes servicios: Dirección de Compas y Contratación Pública, Superintendencia de Seguridad Social, Contraloría, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y se faculta a otros -superintendencias de salud y pensiones, y Sernapesca- para generar un plan de trabajo a distancia.

Asimismo se concreta el traspaso de personal desde la Corfo a una agenda especial en la Segpres, y se establecen indemnizaciones para los funcionarios que cesarán en sus cargos en el Sename debido al proceso de reestructuración que conllevará la creación del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

El artículo 86 contempla condiciones especiales para el retiro de los funcionarios mayores de 75 años al 31 de diciembre de 2020, generando la vacancia en el cargo. La indemnización que beneficiaría a unas 500 personas será por 6 meses pagadero en una sola cuota. La Dirección de Presupuestos sostuvo que no tendrá tope y el monto será igual a la remuneración bruta mensual. Como las personas tendrán 6 meses de 2021 para renunciar, suponen que tendrá resguardado un año de sueldo. “Esto es una brutal discriminación, de lo cual no me voy a hacer parte” indicó el diputado Manuel Monsalve (PS), ante lo que el ministro recordó que los 75 años es un umbral que se utiliza en el poder judicial, en la universidades y en otras latitudes.

En la iniciativa se incorpora una facultad para que el Ministerio de Hacienda disponga la subdivisión de la Cuenta Única Fiscal (CUF) para impedir la vulnerabilidad en las transacciones. La nómina de hasta 4 bancos la hará la Comisión para el Mercado Financiero.

El ministro Briones justificó esta propuesta en los últimos ataques cibernéticos: “Se comprenderá que cuando se interrumpe la cadena de pagos que incluye pago de sueldos, a proveedores, emisión de bonos, en fin se genera un problema enorme para el Estado. El criterio acá es que se nos permita diversificar de manera extraordinaria en caso de emergencia si ocurre de nuevo”. La idea es que ante un problema se pueda actuar con otros bancos hasta por 60 días corridos.