Corfo defiende avances de la política del litio, pero admite riesgos en negociaciones entre Codelco y SQM

“Yo creo que hemos avanzado bastante. No estoy tan de acuerdo en el diagnóstico respecto a la velocidad”. Con esa frase, el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, inició su defensa de la política gubernamental del litio, ante las diversas críticas sobre los resultados que hasta ahora exhibe el Ejecutivo en dicha materia.

En el marco de su participación en un seminario sobre minerales críticos, organizado por PwC Chile y el Consejo Minero, donde compartió un panel con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo de la instancia gremial, el socio líder de Minería de PwC Chile, Germán Millán, además de la senadoras Luz Ebensperger (UDI) y Loreto Carvajal (PPD), la autoridad fue interpelada por los lineamientos y los avances conseguidos hasta el minuto. Cuestionamiento que se encargó de refutar.

Allí, por ejemplo, recordó las dos licitaciones realizara por Corfo para que empresas chinas se instalen en Chile con fábricas que agreguen valor al mineral. BYD fue al primera que en abril comprometió el desarrollo de una planta, con inversiones por US$290 millones. Luego, en octubre, una filial de Tsingshan hizo lo propio al anunciar un proyecto por US$233 millones para producir materiales catódicos con carbonato de litio, obtenido a precio preferente por parte de SQM.

“Juntas representan una inversión cercana a los US$600 millones, con más de 1.000 personas en empleos, y en la cual la condición que nosotros pusimos es que más del 90% fueran chilenas, y es más, que fueran entrenadas”, enfatizó.

Sin embargo, en su respuesta Benavente también admitió algunas de las dificultades que está enfrentando actualmente la estrategia gubernamental. “Otra cosa es la velocidad a la cual me gustaría (avanzar)”, dijo, para luego enfatizar que “hay temas de procedimientos” a cautelar. Al respecto, enumeró que las definiciones en torno a la negociación entre Codelco y SQM por el futuro del Salar de Atacama “es una cosa”, la definición de salares estratégicos “es otra” y la licitación internacional de Contratos de Operación Especial de Litio (CEOL) “es otra”, además de la protección del 30% de los depósitos.

En una reflexión más profunda, alertó de algunos riesgos que están presentes en las conversaciones entre ambos actores para definir el futuro del Salar de Atacama. “Hay un problema bien complejo, con el que estamos lidiando ahora, en que no queremos encontrarnos con la sorpresa después, que son los problemas de competencia”, lanzó, para luego recordar, sin nombrar directamente a las empresas involucradas, las restricciones impuestas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que pesan actualmente sobre Tianqi, la firma china que es propietaria del 22% de SQM, y que le impiden aumentar su participación en la principal productora de litio en Chile.

Dichas restricciones, graficó, se traducen en que “uno de sus socios no puede participar en las decisiones de la compañía”, lo que, a su juicio, “no solo involucra a empresas que están en Chile, sino también a empresas que están listadas en Nueva York y en otros lugares. Por lo tanto, tenemos que ver todas esas dimensiones jurídicas para hacer los contratos, los CEOLes, para que justamente no se nos armen problemas y se nos judicialicen”, reconoció.

A ello sumó “otro tema tremendamente importante” que “obviamente tiene sus tiempos”, aludiendo a los diálogos con las comunidades indígenas comprometidos por el Ejecutivo para avanzar en el desarrollo de la industria del litio.

“En las versiones anteriores, de alguna manera lo que pasó es que no se consideró explícitamente el sentir, la mirada de los pueblos originarios con respecto a los salares”, dijo, en referencia a las acciones judiciales de pueblos indígenas que terminaron tumbando la licitación realizada a fines del gobierno de Sebastián Piñera.

En esa línea, defendió que las comunidades “tienen un genuino interés para saber qué es lo que pasa con los salares”, y aunque agregó que “no necesariamente están en contra, que no se haga nada”, el proceso “tiene ritmo distintos a los que uno le gustaría”.

Con todo, enfatizó que “tenemos todas estas restricciones y estamos tratando de atenderlas para que después no se nos judicialice, no se nos complique, porque eso sí nos traería bastantes problemas”.