El gobierno acusa a las aplicaciones de confundir con su campaña contra la “Ley Uber” y llama a la industria a prepararse

El ministro de Transporte subrogante (s), Jorge Daza, desestimó las críticas que ha realizado la industria de las aplicaciones de transporte móvil contra la “Ley Uber” de cara a la implantación de su reglamento el 19 de enero de 2024. El también subsecretario de la cartera explicó que hoy el gobierno del Presidente Gabriel Boric está trabajando en la puesta en marcha de la iniciativa basándose en los lineamientos de la ley despachada por el Congreso y que su margen de acción se limita a ese mandato.

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“Las campañas de las aplicaciones confunden a la ciudadanía, porque en estricto rigor (nos mandata) la ley. Nosotros estamos mandatados dentro de ese espacio de margen legal, y, por tanto, cualquier modificación no le corresponde al Ministerio de Transporte, le corresponde a un proyecto de ley que debiera ser tramitado en el Congreso”, comentó Daza en entrevista con T13 Radio.

De esta forma, el secretario de Estado (s) adelantó que el reglamento responderá a la ley sin mayores cambios de fondo: “Modificar o poder opinar respecto de la ley es un espacio que terminó en enero de 2023 (...) a lo que a nosotros nos corresponde hoy es ajustarnos a lo que nos señala la ley, que son estos nueve meses de plazo para poder dictar este reglamento, y no estamos nosotros en contra de las aplicaciones o a favor de los taxis, lo que estamos es a favor de las personas y de aumentar sus condiciones de seguridad en los viajes y en los trayectos”.

En esa línea, Daza explicó que los requisitos técnicos y la exigencia de licencia de conducir profesional no es un tema que se pueda cambiar en el reglamento. “Son cuestiones que llegaron establecidas en la ley y que no se pueden modificar por vía del reglamento, el reglamento lo que va a hacer más bien es hacer especificaciones respecto de cuestiones que no quedaron precisadas en la ley, y eso es lo que hemos estado trabajando durante estos nueve meses que nos mandó la ley”, detalló.

Desde la cartera también explicaron que las precisiones pendientes para las choferes de las aplicaciones y sus vehículos, debido a la ley, quedarían con base en una homologación con la que se regula a los taxis.

Sin embargo, el ministro (s) también destacó que existiría espacios para realizar ajustes: “Hemos escuchado atentamente a las aplicaciones y a la industria en el sentido de hacer los ajustes necesarios en el reglamento dentro del margen que nos plantea la ley, porque ley que ya está publicada a nosotros nos mandata dentro de ese margen, y, por tanto, en ese margen hemos dicho que estamos disponibles a poder generar los ajustes necesarios dentro de ese marco legal”.

“Estamos haciendo los análisis técnicos para que se pueda hacer lo más equitativo posible en el contexto de los taxis, y también en ese sentido estamos analizando el margen que podamos tener para establecer las condiciones de la cilindrada. Nos quedan pocos días, estamos trabajando intensamente para poder cumplir con esta fecha en tiempo y forma”, agregó.

No obstante, Daza también reiteró su mensaje de que las aplicaciones -a su juicio- tienen tiempo suficiente para adaptarse a las exigencias de la “Ley Uber” dado el plazo de tres años que da la iniciativa para responder a las exigencias. “La industria tiene tiempo para adaptarse, y ahí lo que nosotros hemos dicho es que, más que estar hoy día en una campaña para hablar de cosas que están establecidas en la ley, yo estaría preocupado de poder ajustarme a lo que se establece en la ley, porque en nuestro Estado de Derecho nadie está por sobre la ley”, apuntó.

“Lo que debería estar haciendo la industria es la adaptación de esta industria a las condiciones legales que establece la ley, y que no van a ser muy distintas a lo que se va a señalar en el reglamento”, agregó.

Por otro lado, Daza también destacó que la iniciativa pueda salir a la luz tras ser discutida durante los últimos tres gobiernos y luego de que la industria comenzó sus operaciones en Chile hace casi 10 años: “En un Estado de Derecho una industria no puede funcionar sin regulación, y entonces nosotros vemos como un aspecto positivo que hoy día exista una ley y un reglamento que la regule”.