Editorial de Bloomberg: el doble discurso de EEUU contra el crimen financiero

Durante más de una década, Estados Unidos ha presionado al resto del mundo para que persiga y acabe con el secreto financiero favorito de los evasores fiscales y el crimen internacional. La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés), adoptada en 2010, exige que otros países informen sobre las cuentas de contribuyentes de EE.UU. con la intención de prevenir que estos utilicen cuentas financieras fuera del país.

Los Gobiernos cumplieron, a pesar de los costos impuestos a sus instituciones financieras (y a los contribuyentes estadounidenses que viven en el extranjero). De hecho, fueron más allá: más de 100 países firmaron el Estándar Común de Reporte, ECR, que intercambia más información de la que exige la FATCA.

Sin embargo, el mismo EE.UU. no correspondió. No forma parte del ECR, y el Congreso le ha negado al Departamento del Tesoro la autoridad para recopilar información sobre los saldos de extranjeros en cuentas bancarias estadounidenses y sus verdaderos propietarios.

Como atestigua la reciente investigación de los papeles de Pandora, EE.UU. se convirtió en el refugio preferido para las personas que buscan ocultar su dinero. Estados como Dakota del Sur y Nevada ofrecen protecciones adicionales contra la divulgación, y han obtenido una ventaja competitiva sobre Suiza y las Islas Caimán: si los extranjeros adinerados colocan activos en fideicomisos cuidadosamente estructurados, ni el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU., ni los gobiernos de sus países de origen lo sabrán.

Según los informes, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y el multimillonario chino Sun Hongbin, se encuentran entre los que han aprovechado este atractivo recurso.

No es cosa fácil pedir que EE.UU, brinde la misma transparencia que exige a todos los demás. Este año, el Congreso dio un paso en la dirección correcta cuando aprobó una ley que requiere que ciertas empresas registren a sus beneficiarios finales. Sin embargo, aún no está claro si el requisito se aplicará a los fideicomisos, por lo que es necesario que el Tesoro especifique que sí.

Más allá de eso, el Congreso debería facultar al Tesoro para que recopile los datos necesarios para participar en los intercambios internacionales de información y para que desempeñe plenamente su papel para garantizar que el dinero sucio no tenga dónde esconderse.