¿Fin a los sueldos de $ 150 millones?: ingresan proyecto que dividiría Conservador de Bienes Raíces de Santiago

Actualmente el Conservador de Bienes Raíces de Santiago tiene bajo su jurisdicción 26 comunas de la Región Metropolitana, y a diferencia de lo que ocurre en otras zonas del país, sus funciones las ejercen tres profesionales diferentes. Uno se encarga del Registro de Propiedad, el segundo del Registro de Hipotecas y Gravámenes, y el tercero, del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar. Tienen atribuciones diferentes, aunque los tres representantes han hecho noticia porque a propósito de su labor reciben sumas mensuales de más de $ 150 millones, siendo una de las mejores remuneraciones del aparataje estatal.

Eso sí, la realidad que hoy viven podría cambiar diametralmente si avanza el proyecto de ley que presentaron los senadores Álvaro Elizalde (PS) y Matías Walker (DC) con miras a dividir dicha entidad en siete unidades. Aunque la moción no lo dice expresamente, sus autores concuerdan en que al dividir las funciones, también fraccionará el presupuesto y ningún funcionario público se hará millonario o concentrará tales abultadas sumas de dinero como ingreso mensual.

La discusión se da en medio de la expectación que hay en el mundo judicial por la nominación del abogado que debe dirigir el Registro de Hipotecas y Gravámenes en la capital. La Corte de Apelaciones de Santiago ya armó la terna, pero el Ministerio de Justicia no se ha pronunciado aún al respecto y con este nuevo escenario es probable que se espere aún más para este codiciado nombramiento.

En los círculos de notarios y conservadores, en tanto, ven con resquemor este proyecto, pues, a su juicio, debilitaría el trabajo que desde hace años se realiza de buena forma, pero entienden que los millonarios gananciales que se aporta a esta labor generan rechazo desde la sociedad y la arena política.

El texto del proyecto señala que la conformación actual del organismo en la capital presenta diferentes problemas. En primer punto, apuntan a que tal como está se “dificulta la coordinación tanto por el tratamiento separado de materias que se encuentran estrechamente ligadas entre sí, como para una eficiente y oportuna administración del oficio y su personal”. Junto con esto señalan que lo extenso del territorio que atiende, no favorecería el desarrollo de los negocios que requieren “una atención cercana, oportuna, rápida y eficiente a los usuarios”.

Por lo mismo, proponen como solución designar conservadores de Bienes Raíces separados e independientes, “limitados a un territorio más apropiado conformado por una agrupación de comunas con continuidad geográfica y equivalencia en sus tamaños registrales, lo que permitirá una mejor y más cercana atención el público general”.

Con esto se someterá a discusión, entonces, la idea de derogar el Decreto con Fuerza de Ley N° 247, de 22 de mayo de 1931, y así crear siete unidades: un conservador con asiento en la capital para el servicio de las comunas de Santiago, Independencia, Conchalí, Quilicura, y Renca; un conservador con asiento en Las Condes, para el servicio de dicha comuna, Vitacura y Lo Barnechea. Lo mismo se replicaría para el grupo de Providencia, Recoleta, Huechuraba y Ñuñoa; uno en La Florida, La Reina, y Peñalolén; otro con asiento en la comuna de Maipú, para esa zona y Cerrillos; otro funcionario para Estación Central, Pudahuel, Lo Prado, Cerro Navia y Quinta Normal; y -finalmente- un ministro de fe para Colina, Lampa y Tiltil. Cada una, por cierto, con los registros que la ley indica.

“Como el territorio a administrar se divide, los ingresos deberán bajar considerablemente, pero el servicio deberá mejorar con el objeto de llegar a todos los sectores”, sostuvo el senador Walker al ser consultado sobre el objetivo de la moción. En tanto el otro autor, el senador Elizalde, aseveró: “Buscamos acercar geográficamente los servicios a la gente, para mejorar la calidad y evitar que tengan que trasladarse a lugares lejanos para realizar los trámites correspondientes”.

Bajo la misma lógica, ambos parlamentarios agregan que el proyecto también busca aumentar el número de notarías. Esto, porque como se describe en el texto de la presentación, la creación de nuevos oficios notariales en comunas o agrupación de comunas, conforme al Código que rige a Tribunales, “no necesariamente ha acercado esos servicios a la comunidad”.

“La experiencia ha demostrado que los nuevos oficios notariales que se han creado, se han instalado en zonas céntricas que ya contaban con notarías, en desmedro de sectores densamente poblados y que no cuentan en general con servicios públicos cercanos, lo que implica traslados y costos innecesarios. Lo anterior, hace recomendable que exista la posibilidad de que las notarías que se creen en el futuro puedan establecerse en localidades, barrios o sectores dentro de una comuna determinada”, complementa la moción.

En ese sentido, Walker enfatizó que dichas entidades se deberían asignar a territorios específicos que “puedan ser populares, aunque sean menos atractivos comercialmente, porque son importantes para sectores que hoy no tienen la posibilidad y que deben trasladarse al centro de las ciudades”.