Álvaro Varela, integrante de la Comisión Valech: “No levantaría el secreto, haría un llamado a las víctimas a que sigan adelante con las acciones judiciales”

En 2003 el abogado Álvaro Varela integró la Comisión Valech.

El abogado aclara que aquellas víctimas que dieron su testimonio en la instancia no están inhabilitadas para contar su experiencia de la forma que sea; en un tribunal, de forma privada o pública. Además, asegura que mantener el embargo de los relatos no es sinónimo de impunidad ante la justicia.


La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional propuso en su normativa general el levantamiento parcial del secreto del Informe Valech. Y aunque no fue considerado para la propuesta de reglamento, generó una fuerte polémica.

El abogado Álvaro Varela irrumpió en el debate. Ejerció en el Comité de la Paz y en la Vicaría de la Solidaridad entre 1974 y 1987. Y en 2003, por su experiencia en temas de derechos humanos, fue convocado por el Presidente Ricardo Lagos para integrar la Comisión Valech, con el objetivo de estudiar y conocer en detalle los más de 30 mil casos expuestos.

El comisionado de la instancia relata que en los primeros años del retorno a la democracia el foco de atención, en materia de DD.HH., estuvo en los casos de detenidos desaparecidos. Con ello, la propuesta de la Comisión Valech fue recibir los testimonios de aquellos que sobrevivieron: “Obtener los relatos, estudiar los casos y luego publicar su informe fue algo extraordinario. Ese fue un paso que permitió sanar a miles de personas y a sus familiares”, destaca.

Pero es contrario a que se levante el embargo que pesa sobre las declaraciones. “No levantaría el secreto, haría un llamado a que las víctimas sigan adelante con las acciones judiciales”, sostiene. Además plantea que, si bien los nombres de las víctimas de la dictadura y su relato detallado están bajo secreto, no es signo de impunidad. “Con ello se logró reunir los antecedentes de las torturas, de todo el sufrimiento de las personas”, destaca.

¿Qué le parece la discusión que se ha abierto en la Convención Constitucional?

Veo en términos positivos que haya, dentro de la Convención, una temática de derechos humanos. No me cabe la menor duda de que eso es positivo, es un tema que tiene que abordarse con mucha intensidad, porque es un tema donde el país tuvo situaciones dramáticas y que nunca quedaron resueltas.

Que esa discusión se dé ahí, lo que ellos plantean sobre levantar el secreto de la Comisión Valech, lo veo como una discusión positiva y necesaria. Creo que seguimos teniendo una herida abierta (…). Este dolor se transfiere a las nuevas generaciones, por distintas razones, pero particularmente en torno a aquellos que están vinculados con quienes sufrieron en su momento. Lo tienen muy vivo.

¿Es legítimo que se plantee incorporar a la Constitución el levantamiento del secreto de la Comisión Valech?

Yo creo que la discusión que se dio no es para incorporarla en la Constitución, esto es una materia de ley. De manera que lo que se ha discutido incorporar es el ámbito de los DD.HH., el ámbito de la memoria histórica y considerarlo también como un derecho humano.

Pero si lo plantearon, ¿no considera que fue con la idea de plasmarlo en la Carta Magna?

No interpreto que se pretenda incluir esto en la Constitución, sino que es parte de la legítima discusión que se dio en la Comisión de DD.HH. de la Convención. Es necesario hacer esa diferencia.

¿Por qué se llegó a esa cantidad de años para determinar el embargo de los testimonios?

Hay que tener una claridad en los hechos. No fue la comisión la que determinó el secreto de los 50 años. Nosotros después, individualmente, porque ya no existíamos como comisión, nos pareció bien la norma. Fue una norma propuesta por el Presidente de la República al Congreso, y luego aprobada ahí. Esta no fue una discusión propia de la comisión.

En medio del debate se manifiesta que continuar con el secreto es ayudar a la impunidad. ¿Lo siente así?

La comisión en su informe contiene el detalle de los antecedentes que emanan de los testimonios entregados a nosotros. Allí se recopilaron los recintos de tortura, los métodos, el contexto general, etc. Todos los antecedentes necesarios para cualquier investigación judicial están completos en el informe. Distinto es la declaración individual. Efectivamente, muchas de las personas que me dieron su testimonio no me pidieron el secreto, pero sí hubo muchos casos en los que claramente se pidió. Pero el hecho de que hayan testimoniado ante la comisión no los inhabilita para prestar su testimonio de cualquier forma que sea; en un tribunal, de forma privada o pública. No hay una restricción o una limitación en ningún caso a ello.

Respetar el voto de secreto

En medio de su relato, con serenidad, Varela cuenta que a finales de 1974 vivió en carne propia lo que se reitera en el informe de la Comisión Valech. “Estuve 30 horas en un centro de tortura y nunca quise relatar el trato que recibí. No quería que mis padres se enteraran de ese padecimiento. Esa privacidad depende de cada uno. Por primera vez hablé de esto cuando nos constituimos como Comisión Valech”. Por eso, comenta, es relevante respetar el voto del secreto.

¿Si se hicieran públicos los testimonios se llegaría a los responsables?

No comparto esa conclusión. Quienes hemos estado en materia de DD.HH. tenemos claro que cuando llevamos un caso a tribunales, llevamos el caso particular. De manera que no es la regla general que haya individualización de personeros de torturas en los casos. Pero si una persona dio testimonio y tiene individualizado a quienes lo torturaron, tiene el camino judicial totalmente abierto. Si una persona quiere llevar su caso a tribunales, tiene el respaldo de todo lo que dice el Informe Valech (...). Se rompe el cerco de la impunidad. Creo que el secreto, desde los testimonios, no es sinónimo de impunidad. Sino que creo que está determinado fundamentalmente por un factor de humanidad hacia las víctimas.

Si dependiera de usted, ¿suprimiría el secreto?

No, no lo suprimiría. Lo que sí haría es un llamado a las víctimas, a que sigan adelante con las acciones judiciales. Son muchas quienes lo han hecho. Después del informe fueron muchas más.

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