Oposición se divide ante idea de reponer justicia militar en RUF y oficialismo busca reincorporar prohibición de disparar a partes vitales del cuerpo

La noche del viernes, la Cámara de Diputados y Diputadas realizó una maratónica jornada legislativa que culminó en la aprobación de los principales proyectos en materia de seguridad: Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las policías y las FF.AA. y la creación del Ministerio de Seguridad Pública.

Tras un extenso debate, la indicación que buscaba devolver a los tribunales marciales los casos en que militares o efectivos policiales estuvieran siendo juzgados por delitos cometidos mientras cumplían sus funciones, fue declarada inadmisible por 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención.

En tanto, la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública, se rechazaron las indicaciones del gobierno que proponían las figuras de secretarios regionales ministeriales.

Ahora, ambos trámites legislativos avanzarán al Senado. Sobre el resultado del trabajo en el Congreso, los parlamentarios han tenido diferentes reacciones.

La diputada integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Alejandra Placencia (PC), resaltó que “por fin tendremos Ministerio de Seguridad, es una noticia muy importante para el país, porque después de casi dos décadas de tramitación, el gobierno logró avanzar”.

Aunque puntualizó que “falta afinar la expresión regional para que las políticas públicas puedan verse expresadas de acuerdo a las necesidades de las regiones”, cuestión que espera que se resuelva en la Comisión Mixta.

Placencia también apreció que en el proyecto sobre RUF “no se retrocediera con la propuesta de la derecha de incluir la justicia militar en juicios sobre civiles, sin embargo todavía tenemos que proteger el espíritu del proyecto”. Por lo mismo, espera que el Senado reponga la proporcionalidad, el resguardo a grupos de especial protección y la prohibición de disparar a partes del cuerpo vitales.

El diputado y vicepresidente del Partido Socialista (PS), Leonardo Soto valoró a través de X que “en reglas de uso de la fuerza, logramos derribar la aberración de que los Tribunales Militares sean competentes para ver los excesos de uniformados con víctimas civiles inocentes”. Junto con ello, lamentó que “la oposición celebra que puedan disparar a los ojos con armas no letales. Una vergüenza”.

Su par del PS, el diputado Raúl Leiva, afirmó que la creación del Ministerio de Seguridad es lo más importante del proyecto. “Va a permitir tener una instancia dedicada exclusivamente a la implementación de políticas públicas de mediano a largo plazo en materia de seguridad”.

“Si bien a mi juicio con la vigencia de la Ley Naín-Retamal las FF.AA. y Carabineros se encuentran debidamente amparadas por esta presunción de legítima defensa privilegiada, se llegaron a acuerdos importantes. Lamentablemente, un cierto sector, trató de politizar con p minúscula y polarizar este debate, que debía tener un sentido de Estado, al pretender entregar competencias a los tribunales militares para ver ciertas casos relacionados con estado de excepción constitucional, lo que a mi juicio constituye un retroceso en materia jurídico procesal. Fue un gusto que les duró menos de 24 horas, y que lo único que pretendía era polarizar”, agregó.

El diputado Hernán Palma (Ind.) -integrante del comité comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes- si bien destacó la exclusión de la justicia militar, aseveró-aseveró: “Debemos reconocer que hemos tenido una tremenda derrota hoy día en sala por el principio de proporción, por la posibilidad de disparar al rostro de las personas, por la posibilidad de hacer uso desmedido de la fuerza y por otras razones”.

“Creo que esto va a ir ahora al Senado, donde la derecha tiene mayoría y por lo tanto, no nos va a quedar otra herramienta que hacer reserva constitucional para llevarlo al Tribunal Constitucional y que este proyecto en bloque se caiga”, advirtió.

“Sin duda la DC cumplió un rol relevante durante esta discusión. Defendimos como bancada principios que para nosotros son irrenunciables. Primero que no haya espacio para la tortura. En segundo lugar, que los delitos que se cometen en el marco del uso de la fuerza por parte de FF.AA. o de seguridad, tienen que ser juzgados por tribunales civiles. No dimos un paso atrás en eso y nuestros votos fueron decisivos para que esto se lograse (...) Hoy día las FF.AA. y de seguridad tienen todo el poder para enfrentar el crimen organizado y de eso nos sentimos satisfechos y también aprobamos un Ministerio de Seguridad”, enfatizó por su parte el diputado Eric Aedo (DC).

Desde la oposición, Henry Leiva, parlamentario UDI, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, señaló que “un grupo de diputado planteamos la idea de tribunales militares, pero no como regla general, sino que para casos muy excepcionales. Por ejemplo, en un Estado de excepción o en el resguardo de las fronteras, nunca cuando estuvieran involucrados civiles”.

En esa línea, adelantó en CHV que “suscribí la indicación porque es una señal para los militares. Creemos que era lo adecuado, hoy estamos evaluando si las reponemos en el Senado, esa también es una posibilidad”.

Asimismo, la legisladora republicana, Catalina del Real, reforzó la idea de reponer la indicación en la Cámara Alta: “Se aprobó bastante bien, porque rechazamos muchos artículos nefastos que había enviado el gobierno y que dejaba a carabineros sin atribuciones. En general, quedó bastante razonable, bastante bueno. Lamentablemente se rechazó la indicación de traspaso a la justicia militar en ciertas circunstancias, pero eso se va a tratar de reponer en el Senado, a través de la senadora Carmen Gloria Aravena, con una indicación”.

Por su parte, el jefe de bancada Evópoli, Jorge Guzmán, tomó distancia de esta postura y valoró que “a pesar de las indicaciones del gobierno, logramos avanzar con sentido común. Importante es no volver a insistir con el retorno de la justicia militar, que más allá de la constitucionalidad o admisibilidad de las indicaciones, en el fondo no aporta a las garantías jurídicas que nos exigen las instituciones”.

Sobre la creación del Ministerio de Seguridad, comparte la necesidad de incorporar este organismos, pero apunta a que “el proyecto erra en la forma en que se presenta, Chile exige más seguridad y qué hace el mundo político: responde con más funcionarios públicos, burocracia y oficinas”.

En cuanto a la indicación que propone el nombramiento de representantes territoriales, manifestó que “lo que se hace es aumentar los costos para tener un nuevo servicio público, nada garantiza que serán expertos quienes lo dirijan. Lo más probable que pase es que sea el militante de algún partido sin conocimiento, pero con respaldo político, quien comience a tomar las decisiones en temas sumamente relevantes”.