Sólo un 15% de los casos por negociación incompatible terminó en condena

Uno de cada 10 casos por negociación incompatible, terminados entre 2010 y 2016, obtuvo una sentencia condenatoria.

Así lo revela la información disponible en el tablero penal de la página del Poder Judicial, donde se señala que de las 154 indagatorias que llegaron a tribunales en los últimos seis años, 23 fallos condenatorios (15%), 43 (27%) han sido sobreseídas, en 35 (22%) no se perseveró o no fue aprobada la investigación por parte de la fiscalía, y nueve fueron absueltas.

El último caso por negociación incompatible que indaga la fiscalía es el del ex Presidente Sebastián Piñera, quien fue denunciado por el diputado PC Hugo Gutiérrez. Esta acción judicial pide indagar la inversión de la matriz de negocios de Piñera, Bancard, en una empresa pesquera peruana mientras era Presidente de Chile y el país estaba litigando límites marítimos con Perú en La Haya.

La querella presentada por el parlamentario comunista fue acogida a trámite el viernes pasado por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que derivó la investigación a la Fiscalía Oriente.

Esta quedó en manos del jefe de la repartición, Manuel Guerra, y el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo.

Delito de corrupción

¿Qué hechos son calificados como negociación incompatible y a qué grupo de delitos pertenecen?

La directora de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, explica que el ilícito "está dentro del catálogo de hechos de corrupción que pudieran afectar a funcionarios públicos".

Además, agrega que lo que esta figura busca es "básicamente es evitar el riesgo de fraude que existe cuando se ejecuta un negocio, por cuanto un funcionario público tiene un interés privado en él".

Una de las interrogantes que han surgido luego de que se conociera el caso del ex Presidente Sebastián Piñera es si la negociación incompatible se puede producir entre privados, cuestión que es aclarada por la funcionaria de la Fiscalía Nacional. "Siempre es un funcionario público. Lo que funda justamente el delito es la función pública que se está sirviendo", asegura Herrera.

Este ilícito está sancionado por el artículo 240 del Código Penal. El texto señala que "el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier operación en que deba intervenir por razón de su cargo", será castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio (de 541 días a tres años y un día), inhabilitación para cargos públicos y multa del 10 al 50% del valor del interés que haya ganado en el negocio.

"No sólo está establecido en el interés del propio funcionario público, sino también de su cónyuge y de sus parientes más directos", advierte la jefa de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Casos complejos

Las investigaciones por negociación incompatible son consideradas complejas por los abogados especialistas en esta materia.

Por ello es que el profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Diego Portales (UDP) Cristián Riego se mostró sorprendido tras conocer el número de condenas que se ha obtenido en Chile por este tipo de ilícitos. "Pensaba que eran mucho menos los casos donde los imputados eran sancionados", dice el académico.

Además, añade Riego que estos ilícitos no son violentos y tienen baja penalidad, "lo que sumado a que los imputados tienen irreprochable conducta anterior, dificulta aún más el trabajo para el Ministerio Público".

La opinión del jurista es compartida por Marta Herrera. "Eso podría ser una de las explicaciones a las sentencias condenatorias (bajas)", comenta la abogada.

Pero esa no es la única piedra en el camino con la que debe lidiar la fiscalía. "No es necesario que el interés (el negocio) se concrete, basta que haya estado latente, lo que hace que cueste aún más acreditar la figura", dice Herrera.

El problema, manifiesta la profesional, se hace extensivo a otras causas, como corrupción, cohecho y en fraude al Fisco.

Además, explica la jefa Anticorrupción del Ministerio Público, en estos casos es bastante común que los imputados hayan usado testaferros.

"Ahí no negocian directamente, pero sí encargan una negociación en la que no puedan intervenir, algo que también resulta complejo a nivel probatorio", indica.