Pleno de la Corte Suprema rechaza designar ministro en visita por caso exonerados

La Corte Suprema rechazó hoy designar un ministro en visita para que indague eventuales irregularidades en la entrega de beneficios a exonerados políticos durante la dictadura militar, petición realizada al pleno del organismo por la diputada RN Karla Rubilar y el diputado UDI Cristián Letelier el año 2005, antes de la reforma procesal penal, momento en que ya se indagaban algunas denuncias.

El caso de los supuestos falsos exonerados cobró fuerza tras una investigación realizada por el  programa Contacto, de Canal 13, donde se señalaba que varios parlamentarios extendieron certificados que avalaban la condición de exonerados de ciertas personas que -según se detectó posteriormente- no reunían los requisitos necesarios.

Parte de la investigación está radicada en la Fiscalía Centro-Norte, a cargo de Ximena Chong, mientras que otra parte de la indagatoria la lleva adelante el 34 juzgado del crimen.

Según explicó el vocero del máximo tribunal, Jaime Rodríguez, en el 34 juzgado sólo existe una causa que se está investigado, y que fue descubierta por oficio y no a raíz de una denuncia.

En ese sentido -explicó-, como no existen querellantes, se rehazó la solicitud de nombrar a un ministro en visita. Sin embargo, no cierran la puerta a que posteriormente, si se reciben nuevas denuncias, se tome una nueva determinación.

Hasta ahora, se han denunciado cerca de 250 casos irregulares. Ayer, en tanto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, definió como una muy buena noticia que ratifica la seriedad de las denuncias acerca de la calificación irregular de exonerados políticos, el oficio que enviado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) al Instituto de Previsión Social (IPS), en el cual manifiesta que hasta el momento se han detectado 52 casos efectivos de falsos exonerados.

Ubilla explicó ayer que se coordinará con el IPS el ejercicio las facultades necesarias para poner fin a la entrega de beneficios en aquellos casos. "Queda claro, primero, que las denuncias que se hicieron son correctas: hay gente que está recibiendo el beneficio de exonerado y que, de acuerdo a la normativa, no corresponde que lo reciba. En segundo lugar, cuando participa el CDE en el análisis de los antecedentes, se separa toda la crítica que se hace por parte de algunos parlamentarios en el sentido de que aquí hay una instrumentalización política. La Subsecretaría del Interior ha sido muy seria en el trabajo que se ha realizado, entregándole los antecedentes a las instancias que corresponden, como el CDE, para que ellos sean los que evalúen y propongan los caminos de acción", dijo.