Justicia propone que personas con condenas menores puedan trabajar en sector público

Una ley que permitirá que las personas con antecedentes penales por delitos menores puedan ser contratadas como empleados en el sector público, es uno de los anuncios que ayer la ministra de Justicia, Patricia Pérez, efectuó tras la primera reunión que mantuvo ayer con abogados y expertos para tratar políticas penitenciarias y de reinserción.

De esta forma, ellos podrán optar a los cargos de auxiliares y administrativos. Esta nueva norma legal que busca crear el ministerio no se aplicará a condenados por delitos violentos con pena de crimen como robos con violencia, homicidios y violaciones. Esto tampoco se aplicará para ilícitos contra la probidad como la malversación, cohecho, soborno y fraude al Fisco.

"Hoy existe una limitación para el ingreso a la administración pública, donde todas las personas que tienen antecedentes penales no pueden entrar. El sector público pide al privado que entregue oportunidad a las personas, pero a su vez el mismo Estado discrimina al no contratar a nadie que tenga antecedentes penales", explicó Pérez.

Así, este proyecto de ley que esperan mandar al Congreso en un plazo máximo de un mes, "da una señal potente desde el Estado hacia la reinserción de las personas que tienen menos posibilidades". Esta iniciativa fue presenta en una moción el año pasado por un grupo de parlamentarios y ahora el proyecto será elaborado y patrocinado por el ministerio.

Actualmente, la ley prohíbe el ejercicio en cargos de la administración pública a quienes fueron condenados penalmente, sin distinguir si cometieron crímenes o simples delitos. Con la modificación de la letra f del artículo 12 de la Ley 18.834 del Estatuto Administrativo, quienes cumplan con los nuevos requisitos podrán ser empleados públicos.

Según Javiera Blanco, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, la iniciativa que anunció la cartera es un "gran paso" que fue propuesto por varias fundaciones relacionadas a la materia. "Era inconcebible que el principal contratador del país predicara, pero no practicara. El Estado es el principal promotor de dar oportunidades de contratación a personas con antecedentes penales, pero no lo hace porque va contra la ley", dijo Blanco.

Explicó además que una adecuación de esta naturaleza entrega posibilidades de más plazas de trabajo para las personas que quieren rehacer su vida productivamente.

Uno de los parlamentarios que presentó la moción, el diputado Jorge Burgos (DC), dijo que "todo lo que se haga por la reinserción de las personas condenadas por delitos menores, entrega oportunidades a quienes han delinquido para reinsertarse en la sociedad, y el que tiene que predicar con el ejemplo es el Estado".

POLITICA PENITENCIARIA

Ayer por casi dos horas, Pérez participó en este consejo de expertos que analizan una nueva política pública en los penales. La mesa se formó luego de tres años de diagnóstico y análisis. En la cita estaban el director de Gendarmería Marco Fuentes; el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña; la experta en seguridad ciudadana, Lucía Dammert, y el abogado especialista en Derechos Humanos, Claudio Nash; entre otros expertos.

Uno de los puntos relevantes analizados durante la cita fue el hacinamiento carcelario y la incorporación de estándares para el respeto de los derechos humanos, como la regulación del uso de las celdas de aislamiento en las cárceles.