Cardenal defiende secreto de su indagación a Karadima

"Lo que a nosotros nos interesa es que haya verdad y justicia. Si lo hace un sistema u otro sistema, eso depende de la legislación chilena". Así calificó el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, la decisión del fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, dada a conocer el viernes, de derivar la investigación por presuntos abusos sexuales en contra del sacerdote Fernando Karadima a la justicia antigua.

"Cuando no hay ninguna denuncia posterior a junio de 2005, les toca a los tribunales de la justicia antigua y parece que es la conclusión a la que llegó el fiscal", comentó ayer el prelado.

La decisión de Armendáriz surgió tras la resolución del 8° Juzgado de Garantía, que envió los antecedentes al Décimo Juzgado del Crimen de Santiago, que ahora será el tribunal que verá el caso.

El pronunciamiento del juzgado se generó tras la solicitud del fiscal regional para incautar los antecedentes de la investigación eclesiástica en contra de Karadima, a lo cual el propio sacerdote había accedido voluntariamente. Sin embargo, su abogado en esa causa, Juan Pablo Bulnes, se opuso a la entrega voluntaria, lo que derivó en la judialización del caso. Como el 8° Juzgado de Garantía se declaró incompetente, Armendáriz no pudo obtener una orden para incautar la indagación del Arzobispado de Santiago.

Al respecto, el cardenal defendió la reserva de la investigación interna que él mismo ordenó. "Creo que la Iglesia tiene que respetar la investigación que hace el Estado y apoyarla y el Estado tiene que comprender la reserva que tiene la Iglesia con su investigación", dijo Errázuriz.

Agregó que "dar a conocer documentos de su investigación no se puede hacer, porque están bajo secreto de Pontificio, entonces no se puede obligar a nadie a hacer eso".

Armendáriz continuará indagando una posible obstrucción a la investigación por presuntos pagos del entorno del sacerdote a ex feligreses de la parroquia El Bosque. Para esta semana prepara diligencias para dilucidar las sospechas de que estos pagos puedan haberse usado para obstruir la causa por presuntos abusos.