El pacto público-privado del gobierno para enfrentar crisis de seguridad

Armados y vestidos con overoles blancos llegaron el domingo 8 de enero diez asaltantes para sustraer $ 50 millones en artículos desde la tienda Mac-Online, ubicada en el Portal La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea. El caso generó conmoción no solo entre los clientes y vendedores que estaban en el lugar, sino que también entre las autoridades quienes ya trabajan en un plan entre el mundo privado y el gobierno frenar la ocurrencia de delitos.

“En el marco del trabajo conjunto público privado estamos trabajando con un grupo amplio y diversos que representan la diversidad de voluntades y fuerzas necesarias para demostrar que es posible avanzar con medidas efectivas, inteligentes y eficientes para enfrentar la inseguridad”, explica el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

Son diez las mesas de trabajo en que el gobierno trabaja por impulsar esta alianza, donde una de ellas son los centros comerciales. Los robos en estos centros -que acumulan gran cantidad de público- ha sido una constante durante el último tiempo y, por lo mismo, se reforzará el trabajo de Carabineros con los guardias de estos espacios y así mejorar los tiempos de reacción al momento de concretarse un atraco.

Esta no es la única instancia en curso. Durante la semana pasada, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) junto al subsecretario (s) de Telecomunicaciones, Marcelo Rute y representantes de empresas como Ripley, Falabella, Mercado Libre, Walmart y entidades como la Cámara de Centros Comerciales y la Asociación de Logística de Chile, presentaron la puesta en marcha el proyecto que busca evitar robos de celulares.

Las empresas de logística, distribución y de telecomunicaciones deberán bloquear los teléfonos una vez se presente una denuncia de robo.

Además, el Ministerio Público, en conjunto con el gobierno y Carabineros, ha comenzado a generar alianzas con distintas empresas para que estas entreguen los registros de cámaras de seguridad en caso de que se cometan delitos en sus dependencias.

Las otros convenios e instancias de trabajo abarcan supermercados, instituciones financieras y bancos. En estas entidades, por ejemplo, en 55 sucursales bancarias se han realizado modificaciones en el inmobiliario, como la reestructuración de asientos, redistribución de cámaras e insonorización de máquinas contadoras de billetes.

Desde el sector empresarial realizan una gran valoración a estas medidas. “Estamos a disposición, estamos haciendo lo nuestro. Hemos planteado la necesidad de mejorar la comunicación entre los distintos organismos a través del intercambio de datos en los cuales podemos identificar y alertar a bandas criminales, delincuentes, eventuales asaltos y todo eso está puesto a disposición, en este caso, de la subsecretaría”, afirma Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Por su parte, el subsecretario Vergara señala que “quiero reconocer y agradecer la voluntad de los privados en nuestras fuerzas de tarea, porque sabemos que implica un esfuerzo que vale la pena, un esfuerzo que encontrará su pago en la reducción de delitos violentos y de espacios de inseguridad”.

Carabineros, el Ministerio Público y otras entidades públicas han realizado capacitaciones a diversas organizaciones privadas en materia de seguridad, como en las salas de control y monitoreo de las empresas concesionarias de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Pullman Bus y la Federación Gremial Nacional de Buses del Transporte de Pasajeros (Fenabus).

El rol de Carabineros también ha sido fundamental para estas tareas de coordinación, explican desde el gobierno. La policía se encuentra impulsando un trabajo en tareas de vigilancia en conjunto con centros comerciales, tiendas vulnerables y supermercados.