Pérdida y degradación de hábitats: Una estrategia para la conservación de la biodiversidad

“Lo primero es reconocer que nosotros, como seres humanos, no estamos pagando a la naturaleza lo que le estamos extrayendo, no estamos pagando por los servicios ecosistémicos, y eso nos va a pasar la cuenta, es cosa de tiempo”, dice el empresario Nicholas Davis. Para él, la conciencia de este desequilibrio ha sido una motivación importante para emprender acciones como la creación de la Fundación Punta de Lobos o para integrarse al directorio a nivel global de la ONG Oceana. Pero también le ha permitido constatar los límites que tiene la determinación individual para emprender acciones globales efectivas en torno a la conservación de la biodiversidad. O, dicho de otro modo, de lo imprescindible que resulta una estrategia país, un Estado que integre e incentive y el trabajo de las organizaciones y los particulares en diferentes escalas. Tenía sentido entonces que Davis presidiera la Comisión Conservación, Institucionalidad y Filantropía creada en 2019 por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y que la próxima semana entregará un completo informe titulado “Conservación efectiva de la biodiversidad: 30 medidas urgentes para 2030″.

El grupo nació por iniciativa del empresario Jorge Matetic, consejero del organismo, y quien ha estado relacionado históricamente con el tema. “Me pareció que era una política pública muy relevante que el CEP no había tomado”, explica. “Este es un tema en el que hemos estado involucrados a nivel familiar por mucho tiempo, hemos estado ligados a áreas muy importantes para la conservación; hemos tratado de hacer cosas y uno se encuentra con que en Chile hay muy poco apoyo a todo este tema”, agrega. “Diría que hay un profundo desconocimiento”.

Desde el inicio la idea fue convocar a un grupo transversal de expertos desde ONG, investigadores de diversas universidades y centros de estudios y empresarios. “Al principio lo encontré bastante osado”, admite Nicholas Davis. “Tengo mucha conexión con el mundo de las ONG y la ecología y pensé que iba a ser difícil sentar a todos en una mesa para conversar, llegar a un diagnóstico y sacar algo en conjunto. Y creo que fuimos muy exitosos en eso”, continúa.

Después de inaugurar un trabajo en septiembre de 2019 con un seminario donde expusieron Kristine Tompkins y el filántropo estadounidense Forrest Berkeley, el grupo sesionó mensualmente -incluyendo el tiempo de la pandemia- hasta enero de este año. Parte del desafío era consolidar e integrar la información sobre el estado actual de las cosas, y para eso contaron con dos estudios encargados especialmente. El primero de ellos, obra del geógrafo Patricio Pliscoff, fue un catastro de áreas protegidas privadas, seguido de un análisis de representatividad y riesgo climático contemplando todas las áreas terrestres protegidas. El segundo trabajo, del académico Eugenio Figueroa, fue un estudio sobre las brechas de financiamiento para la conservación de las áreas protegidas, tanto estatales como privadas. La comisión también invitó a exponer a expertos extranjeros para conocer experiencias de conservación efectiva, que también están recogidas en el informe final.

El reporte de la comisión constata, en su diagnóstico, la degradación de la biodiversidad chilena con datos como que el 49,6 % de los ecosistemas terrestres está amenazado. Las principales amenazas están en la pérdida y degradación de hábitats, principalmente por cambio de uso de suelo, la contaminación, las especies tóxicas invasoras y el cambio climático. El trabajo también revisa las áreas pendientes a nivel de institucionalidad estatal, incluyendo una valoración del recientemente creado Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas (SBAP) y un completo análisis sobre la dificultad del aporte del sector privado a la conservación.

“El Estado es el llamado a organizar, a organizarnos”, comenta Nicholas Davis. “Y ahí es clave, primero que nada, tener una mirada completa. Es decir, no solo que el Estado vea sus áreas protegidas, sino que seamos capaces de integrar, de tener un sistema integrado desde el sector privado, a las forestales que hoy día están dedicándose a la conservación, a ONG que están conservando bosques… que todos podamos tener esa visión integrada”, dice.

El primero de los objetivos estratégicos planteados por la comisión es aumentar el porcentaje de superficie terrestre protegida a un 30% en 2030 con una adecuada representatividad y conectividad ecosistémica, que ayude a la adaptación y resiliencia frente a escenarios de cambio climático. Algo que plantea desafíos importantes en Chile: asociamos conservación a los grandes paisajes naturales del sur, pero el asunto es más complejo cuando se trata de conservar en las zonas más densamente pobladas, como plantea Davis. “La conservación cercana a los centros urbanos es casi más importante que en un bosque de la XII Región”, plantea. “Hay un déficit muy importante de áreas protegidas en el centro y norte de Chile”, agrega antes de poner un ejemplo. “El Cerro La Campana es único: es el ecosistema más biodiverso en Chile”.

Otros de los objetivos propuestos son implementar un sistema integrado de áreas protegidas públicas y privadas con principios y criterios estratégicos comunes a nivel nacional, crear y mejorar las capacidades institucionales tanto a nivel estatal como de las organizaciones privadas y la sociedad civil e implementar un sistema de información de biodiversidad integrado.

Además, se propone aumentar significativamente el financiamiento destinado a la conservación y diseñar y poner en práctica mecanismos de financiamiento efectivos y sostenibles. “Para que tengas una idea, Costa Rica debe gastar 10 veces más que nosotros en conservación”, destaca Nicholas Davis. “Pero al final eso te retorna: en servicios ecosistémicos, en turismo, etcétera. Entonces al final no es un gasto, es una inversión”.

Para esto el consejo propone medidas como crear herramientas financieras, desarrollar bonos soberanos vinculados directamente a este objetivo, ajustar los impuestos verdes y establecer el pago por servicios ecosistémicos o por acciones de conservación.

Un aspecto central del trabajo está relacionado con establecer un sistema que estimule la participación de privados en la conservación. Se proponen varias medidas para incentivar las donaciones con fines ambientales, se plantea crear programas de incentivos para destinar la tierra formalmente a conservación, crear un sistema de financiamiento abierto y concursable a través del SBAP y profundizar el sistema de compensación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.

La ecóloga Bárbara Saavedra, directora de World Conservation Society (WSC) y parte de esta comisión, destaca que “en esta propuesta se invita a nuestro país y en particular a los actores del sector privado, actores corporativos y a los gobiernos regionales, a poder construir un fondo de naturaleza y conseguir en el menor tiempo posible una meta de 100 millones de dólares que nos permita darles un impulso relevante, equitativo, territorial a las acciones de conservación que van a estar siendo articuladas dentro del paraguas del Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas”.

“No es difícil que a través de un análisis riguroso podamos tener un acuerdo respecto a los principales problemas y caminos de solución”, evalúa el empresario Maximiliano Ibáñez, presidente del directorio de Explora y que también integró la comisión. “Creo que el desafío principal va a ser convencer al Estado y especialmente al fragmentado sistema político de la urgencia de las iniciativas planteadas en este informe”. Desde su área de acción, Ibáñez también destaca las propuestas que apuntan a fomentar el desarrollo del turismo para la conservación.

En eso coincide la también consejera Alexandra Petermann, directora de la Reserva Ecológica Huilo-Huilo, quien apunta a los problemas actuales en esa área. “Las áreas naturales protegidas y sus atractivos naturales y culturales relacionados a los mismos son polos de atracción y desarrollo turístico. Sin embargo, una de las grandes limitantes que tenemos como país es que esto se da justamente en territorios rurales, donde según los instrumentos actuales no pueden generar desarrollos, salvo los agrícolas, ganaderos y forestales”, explica.

“No hay una normativa urbanística que permita el desarrollo de proyectos turísticos de equipamiento de servicios en el área rural. Tampoco hay herramientas que posibiliten iniciar nuevos villorrios rurales. La única opción hoy es transformar el territorio rural en territorio urbano a través de un plan regulador comunal o intercomunal, pero ello tiene plazos de elaboración extensos, sin que sea una herramienta apropiada en este sentido. De esta forma, el área rural donde se encuentran las áreas de conservación se plantea como un terreno que en teoría no se debe desarrollar, pero que en la práctica el territorio se desarrolla igualmente, pero de manera informal, con toma de terrenos, venta irregular de derechos, uso ineficiente de la tierra, terrenos más grandes de lo necesario e impactos ambientales negativos. Se cae en este círculo vicioso, porque el turismo informal, sin la posibilidad de inversiones necesarias para un buen desarrollo de esa comunidad, genera deterioro justamente cercano a estas áreas de conservación tan importante”, agrega. “En este sentido, hay dos propuestas muy interesantes en el documento”, explica.

Tras todo este trabajo, el también consejero Juan José Donoso, director de The Nature Conservancy (TNC) Chile, plantea que el gran desafío quedará ahora en “traducir estas recomendaciones en iniciativas concretas, ya sea proyectos de ley, medidas administrativas, vía colaboración público privada, todo con el objetivo de que esto no sea solo un informe más que haga recomendaciones, sino que se traduzca en un apoyo y un fortalecimiento concreto a nuestra conservación”.

“Creo que es importante que haya una hoja de ruta”, agrega Ximena Insunza, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, quien también integró el consejo. “Y que esta hoja de ruta sea elaborada teniendo en consideración el principio de realidad y cómo es el Estado chileno, presentando todos los problemas que pueden devenir en cada una de las instancias en que este cronograma tiene que hacerse cargo”.

Aun viendo el enorme desafío por delante, los expertos de este grupo de trabajo coinciden en valorar lo logrado hasta ahora. Bárbara Saavedra lo resume así: “Es un cambio de paradigma reconocer que el bienestar de las sociedades, el bienestar de las economías, depende de mantener biodiversidad y naturaleza sana, estructuras, procesos ecológicos que permitan a las sociedades recibir las contribuciones que permiten nuestra mera existencia y bienestar”.