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Ministro de Justicia apuntó a las dificultades que tiene dicho sistema jurídico para abordar casos que involucren a civiles.

Este martes se realizará la audiencia donde el Juzgado de Garantía de Arica analizará a qué instancia le corresponde llevar el caso. Mientras la ministra en visita designada por la Corte Suprema insistirá en que éste debe recaer bajo su jurisdicción, la madre del soldado fallido y el INDH exigirán que sea la justicia ordinaria la que lleve las diligencias.

La exministra y militante de Amarillos dice que es un “grave error político” reabrir la discusión sobre la justicia militar, pues, argumenta, generaría un manto de desconfianza sobre los tribunales civiles.

El Mandatario, en una entrevista radial en su visita a la Región de O'Higgins, se refirió a la indicación impulsada por la derecha en el marco de las Reglas de Uso de la Fuerza, y que fue declarada inadmisible en la Cámara de Diputados.

Diez días han pasado desde que falleció el conscripto Franco Vargas durante una instrucción militar en Putre, en la cual además una serie de jóvenes que realizaban su servicio militar resultaron con múltiples consecuencias médicas. ¿Quién investiga lo ocurrido? Esa es la interrogante que se debe resolver respecto a si lo ocurrido está dentro de la jurisdicción de la Corte Marcial o bien debe ser indagado por el Ministerio Público.

El apoyo del diputado Andrés Jouannet a la indicación propuesta por la derecha abrió una reflexión al interior de la colectividad. La exministra compartió ante sus pares un documento firmado por el expresidente Patricio Aylwin en que cuestionaba esta materia. "Somos oposición, pero no tenemos por qué estar en todo con la oposición", lamentó ella.

El titular de la Segpres, en una entrevista televisiva, recalcó que la indicación impulsada por la derecha fue declarada inadmisible en la Cámara de Diputados, dado que “estaba fuera de las ideas matrices” del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Si bien tres proyectos emblemáticos: la ley antiterrorista, la creación del Ministerio de Seguridad y el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) lograron salir del estancamiento y dar pasos importantes en su tramitación, las polémicas y tensiones dejaron una sensación amarga en el oficialismo y en la oposición. Sin embargo, a pesar de los roces con sus propios legisladores aliados, las mesas del Senado y de la Cámara salieron fortalecidas.

Si bien la indicación busca que sea invocada sólo en estados de excepción, en el control de la frontera, el resguardo de infraestructura crítica y durante las elecciones, trae nuevamente al debate una norma que había sido derogada, primero parcialmente en 2010, y luego en 2016. Su aplicación, de aprobarse y promulgarse, permitiría que los uniformados que sean imputados por lesiones, u otro tipo de agresiones, sean juzgados en sede militar.

Más de un año sesionaron los miembros del comisiones unidas de Constitución y Seguridad para despachar el proyecto de sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF). La cantidad de diputados solo dificultó el debate. El final de temporada terminó con una controversial indicación que devuelve potestades a la justicia militar, un capítulo que supuestamente había quedado cerrado con los gobiernos de la Concertación y las administraciones de Piñera y Bachelet.

El titular de Justicia abordó la indicación impulsada por la derecha en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), asegurando que dicho régimen de justicia “reconocidamente carece de imparcialidad e independencia”.

Disposición especifica que actuaría en investigaciones por hechos ocurridos en cuatro escenarios acotados y se estableció que, en ningún caso, los civiles involucrados serían juzgados por los tribunales militares.