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Luego de la serie de hechos que afectaron a los recintos de Atacama, la Dirección de Educación Pública encargó un levantamiento de información a todos los servicios en régimen. Los resultados dan cuenta de un fenómeno que no afecta solo a los establecimientos del norte del país.

La máxima autoridad de la institucionalidad a cargo de la desmunicipalización escolar aborda el proceso que desde hace tres meses le toca dirigir y que tiene en el servicio atacameño su principal foco de preocupación.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, y el director (s) de Educación Pública, Rodrigo Egaña, se trasladarán hasta la región atacameña en un intento por demostrar en terreno los avances en torno a las demandas de los profesores, quienes amenazan con nuevas movilizaciones. A las actividades podría sumarse la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Luego de que el Presidente Boric le pidiera la renuncia a Jaime Veas el cargo está siendo subrogado por Rodrigo Egaña, quien postulará a mantenerse en el puesto.

El pasado 29 de diciembre la cartera comunicó a los tres municipios que no aceptó sus requerimientos, bajo el argumento de que no cumplían con los requisitos establecidos en la normativa. Y aunque con ello los establecimientos educacionales públicos ya son administrados por los Servicios Locales desde inicios de enero, dos comunas anuncian que apelarán y la otra ya se resignó.

El profesor de Historia había comenzado a perder peso hace un tiempo y su labor no era bien evaluada. Y aunque ya estaba en la cuerda floja, lo cierto es que el protocolo de acuerdo que frena la desmunicipalización escolar que él encabeza supuso su lápida.

El cargo de director ejecutivo de un Servicio Local de Educación Pública es escogido a través de concurso por Alta Dirección Pública, donde han definido hasta aquí a 22 autoridades de un sistema altamente complejo, y que hoy está bajo la lupa justamente por problemas administrativos.

La máxima autoridad de la nueva institucionalidad a la que le está siendo traspasada la educación desde los municipios aborda la crisis que tiene sumido al Servicio Local de Atacama en una movilización que ha tenido a los alumnos sin clases por 60 días.

Fruto de la severa crisis que azota al SLEP Atacama y de los cuestionamientos que han surgido a la nueva institucionalidad, el titular del Mineduc citó para este viernes a una sesión telemática extraordinaria a los seis consejeros de la instancia que analiza de forma permanente el proceso de desmunicipalización escolar.

Los Servicios Locales de Educación Pública reemplazan a las municipalidades como organismos responsables de los establecimientos educativos y en 2017 se estableció que existirían 70 a lo largo del país. De acuerdo al calendario que se ha establecido para este proceso de traspaso, su término está programado para 2027.

El informe, cuyos resultados fueron conocidos por el Ministerio de Educación en julio del año pasado, advertía de un “sistema de control interno insatisfactorio”, lo que “podría generar una eventual desviación de fondos e incumplimientos de la normativa vigente”.

No cumplimientos de los requisitos en las bases de licitación, llamados desiertos, errores de cálculo de las empresas interesadas u ofertas "no convenientes para los intereses institucionales” llevaron a que el llamado para la actualización del estado de los establecimientos educacionales esté en punto muerto, a pesar de la promesa autoimpuesta del ministro Marco Antonio Ávila, quien había asegurado que el catastro comenzaría el segundo semestre de 2022.

A días de que se inicie el proceso de desmunicipalización de colegios, la autoridad explica que a los municipios que tengan deudas impagas se les disminuirán los aportes estatales para saldarlas.