En diciembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de 846 docentes de las comunas de Chañaral, Chanco, Pelluhue, Parral, Vallenar y Cauquenes, en el marco de la presentación hecha por maestros afectados por la denominada “deuda histórica” con los profesores.

Dos años después, el caso podría volver a repetirse, pero -esta vez- en favor de 20 mil docentes. Ya se concretó la admisibilidad en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, sin embargo, quien representa a los profesores, el abogado Ciro Colombara, inició conversaciones con el Ejecutivo para frenar que la causa llegue a la corte y así evitar la judicialización del caso.

La primera de estas reuniones se concretó el martes 13 de junio, donde Colombara se reunió con Enrique Moreno, abogado que inició el caso junto a Roberto Garretón, y Tomás Pascual y Óliver López, de la Dirección de Derechos Humanos (DD.HH.) del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.).

La cita fue solicitada por Colombara, donde pidió abrir un procedimiento de “solución amistosa” con el Estado de Chile para lograr un acuerdo ahora, y así evitar que el caso se dilate en la corte, lo que afectaría a la mayoría de los demandantes, dada su avanzada edad. Además, al haber jurisprudencia por el caso del 2021, lo más probable -creen- es que se logre una condena millonaria, afectando las arcas fiscales.

El abogado explicó que estas conversaciones buscan “ver fórmulas de que avance con mayor celeridad ante la Comisión Interamericana (...) y también manifestar la voluntad de avanzar en un acuerdo con el Estado que signifique compensar a los profesores y profesoras de manera más pronta”.

Enrique Moreno, por su parte, agrega que “durante el tiempo transcurrido se han presentado los antecedentes necesarios para demostrar lo justo de la denuncia, obteniéndose la admisibilidad de la denuncia en dicha sede”.

El caso, además, se da en un momento clave: en su cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric condicionó el pago de la denominada “deuda histórica” a la aprobación de la reforma tributaria.

“Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”, señaló el Presidente en su cuenta pública del 1 de junio.

Esto generó la molestia del Colegio de Profesores, quienes el día después del discurso presidencial, su representante, Carlos Díaz, dijo que el gremio estaba “decepcionado” y con mucha “frustración” por cómo se ha tratado el tema en el Ejecutivo.

Alexandra Orrego, directora ejecutiva Acción Pro Justicia, y quien ha coordinado el trabajo entre los profesores y los equipos de abogados, señaló que tienen “estadísticas de que más del 20% de los profesores demandantes ya se encuentran fallecidos y un 25% adicional tienen más de 80 años edad. La mortalidad va aumentando año tras año de forma casi exponencial y en pocos años más habrá fallecido cerca de la mitad del profesorado involucrado en la ‘deuda histórica’ que tiene una data del año 1981. Es decir, es un reclamo que ha cumplido 42 años de existencia. Por eso, creemos que lo ideal sería llegar a un acuerdo pronto”.

Por ahora, el equipo jurídico que representa a los docentes espera una pronta solución a un caso que ha trascendido las administraciones del Estado y que es sindicado como prioritario para un gremio que está en constante tensión con el gobierno.