El Congreso peruano inició en la tarde de ayer el debate para definir si aprueba o no al primer gabinete del Presidente Pedro Castillo, una decisión que puede generar un nuevo terremoto político en caso de que los diputados decidan no darle el voto de confianza.

El primer ministro, Guido Bellido, quien desde su nombramiento ha sido muy cuestionado, presentó en el Congreso su plan de gestión con el objetivo de sacar a Perú de una de sus más “graves crisis” y anunció que solicitará amplios poderes para legislar en materia tributaria, reforma de pensiones y salud pública, en momentos en que el país es duramente golpeado por el Covid-19.

“Nuestra gestión no pretende ser la continuidad de gobiernos anteriores, ni tampoco intenta copiar modelos adoptados en otros países. Nuestra principal aspiración es lograr, de forma democrática, cambios importantes en la estructura estatal y económica”, dijo Bellido en su discurso.

Bellido -que asistió junto a su gabinete de 18 ministros- inició su exposición hablando quechua por unos minutos y fue interrumpido en medio de quejas de legisladores de oposición, la mayoría de Lima, que no hablan esa lengua indígena. De hecho, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pidió al premier que hablara en castellano, porque “tampoco lo entiendo”.

Bellido, un ingeniero cuya lengua materna es el quechua y nació en Cusco, le recordó que lo ocurrido era “una muestra de que todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos que tienen cultura, que tienen idioma” y que lo que “este gobierno busca es que exista tolerancia”.

La presentación de los ministros es el primer desafío del nuevo gobierno del mandatario de izquierda en medio de la pandemia de coronavirus, tras un quinquenio inestable en el que el país tuvo cuatro presidentes y un Congreso disuelto por el Presidente Martín Vizcarra, quien luego fue destituido.

La policía colocó rejas alrededor del Parlamento mientras simpatizantes a favor y en contra del gobierno gritaban de forma pacífica a favor del gabinete con carteles que tenían el rostro de Castillo junto a un lápiz, símbolo del partido oficialista Perú Libre.

Por otro lado, Bellido descartó el uso de rondas campesinas para la seguridad ciudadana y explicó que el Ministerio de Educación, a raíz de la pandemia, está diseñando una estrategia para el retorno “gradual, seguro, flexible y voluntario” a clases, y que esto incluye a la educación universitaria, tecnológica, pedagógica y técnica.

Afirmó, además, que buscará el consenso político para desarrollar los planes del gobierno, que mantendrá un “respeto a las libertades democráticas establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito”.

En su discurso, Bellido no habló sobre una nueva Constitución, una de las banderas de campaña de Castillo y que ha asustado a inversionistas y ha golpeado a la moneda local que ha caído a niveles históricos.

Bellido enfrenta una investigación por apología al terrorismo por una antigua publicación en Facebook en la que aparece defendiendo a una exrebelde del grupo maoísta Sendero Luminoso. No se han presentado cargos y el funcionario niega la acusación.

“No más conflictos. El Perú y su gente están primero”, dijo Bellido al final de su discurso, antes de pedir a los legisladores el voto de respaldo para su gabinete.

No estaba claro si el gabinete de Castillo tenía suficientes votos para ganar la confirmación. El partido oficialista cuenta con solo 37 de los 130 asientos del fragmentado Congreso. Para aprobarse la cuestión de confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número de legisladores presentes en la sesión.

Si el gabinete no recibe la confianza, se produce la salida inmediata de Bellido y de todos los miembros del gabinete. Castillo, ante ese escenario, tiene 72 horas para nombrar un nuevo equipo ministerial. Además, puede designar a los mismos ministros, excepto al mismo premier.

Un informe de la Unidad de Periodismo de Datos del diario El Comercio indicó que en caso de que predominaran los votos en abstención, el Congreso debía volver a votar la cuestión de confianza hasta que se alcance un resultado a favor o en contra.

“Cuando ganan las abstenciones, se entiende que no se ha rechazado la cuestión de confianza, pero tampoco que se ha aprobado”, indicó al diario El Comercio el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi.