Reacción tardía y medidas débiles: la molestia de Defensa con el general Iturriaga por manejo de la tragedia en Putre

Para el Ministerio de Defensa no es una novedad que el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, es de un perfil bajo y que, generalmente, opta por mantener las labores que realiza en reserva. Y aunque aquello no había generado mayores tensiones con el gobierno, la situación cambió al notar el rol que el mandamás de la institución castrense estaba teniendo ante la tragedia de los conscriptos que cumplían con su Servicio Militar en la Brigada Motorizada n.º 24 “Huamachuco”.

De acuerdo con fuentes de gobierno, el general no ha sabido dar una respuesta efectiva ante la muerte de Franco Vargas y el caso de los 45 jóvenes afectados por un “cuadro respiratorio”. Porque aunque desde el Ejército han transmitido que él ha estado encima de esta crisis, sus medidas han sido evaluadas por el Ejecutivo como deficientes y tardías.

A raíz de situaciones complejas que habían enfrentado los últimos años las otras ramas de las Fuerzas Armadas, como el accidente del hércules C-130 de la Fuerza Aérea, en La Moneda esperaban que Iturriaga reaccionara de inmediato y que tuviera protagonismo sin esperar que las autoridades civiles lo “movilizaran” o instaran a activar medidas, precisamente por “su responsabilidad de mando”.

Como ejemplo, comentan fuentes oficialistas, se espera un comportamiento como el que tuvo la FACh. Porque cuando ocurrió el citado accidente, dispusieron de inmediato de un funcionario que operó como enlace entre la institución y los familiares, para una coordinación oportuna.

Y son ese tipo de medidas, transmiten los mismos personeros, las que han escaseado ante lo ocurrido en Putre por parte del Ejército. A eso suman, además, que pese a todo lo ocurrido, Iturriaga no decidió adelantar su regreso a Chile y estiman que recién tomó cartas en el asunto el viernes 3 de mayo, cuando se reunió vía Zoom con el comandante de la VI División del Ejército, general de brigada Rubén Castillo Herrera.

Pero a pesar de que hasta ahora el Presidente Gabriel Boric no había intervenido en las gestiones realizadas, este miércoles anunció que instruyó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para que tanto ella como el general Iturriaga le rindan cuenta de las labores efectuadas.

“He instruido a la ministra de Defensa que se comunique con el comandante en jefe, Javier Iturriaga, para que el viernes, a la vuelta de esta gira, asistan ambos a La Moneda y me detallen los hechos en la reunión que sostendremos y las medidas para evitar que esto se repita”, sostuvo el Mandatario, junto con confirmar que se reunirá con la madre de Franco, Romy Vargas, el lunes 13 de mayo.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el descontento respecto a la gestión de esta crisis por parte del comandante en jefe es algo que también se ha comentado al interior de la institución. En privado, militares coinciden en que debieron tomarse mayores acciones y que el retraso en las disposiciones terminará pasándoles la cuenta, sobre todo respecto a la valoración ciudadana.

Según sostienen, el trabajo que se había desarrollado los últimos años les había permitido elevar sus índices de aprobación, especialmente por las gestiones respecto de seguridad, y con esto ese ven dañados.

Pese a ello, y aunque la senadora Fabiola Campillai pidió su remoción, la continuidad del general Iturriaga al mando del Ejército no ha sido puesta en duda por parte del Ejecutivo, y en línea con lo expresado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, este miércoles la vocera de gobierno, Camila Vallejo, insistió en que superada la crisis se analizará si el Presidente Gabriel Boric hace o no evaluaciones respecto de su permanencia en el cargo.

“Nosotros estamos centrados en este momento en acompañar a la familia (de Franco Vargas) y en realizar todas las diligencias que el marco legal nos da para poder actuar como Ejecutivo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer porque están en el marco de la justicia militar, pero la familia sí, si es que evalúa. Y en la medida en que vaya avanzando esta investigación, nosotros vamos a ir evaluando otras medidas”, expresó la secretaria de Estado.

Entre las medidas que siguen desarrollando, como pudo recabar este medio, está la disposición de atención de salud mental a los conscriptos que se vieron afectados, diálogo con los familias y también el monitoreo del retorno de los soldados desde Arica.

Se espera que a eso de las 15 horas despegue el último vuelo FACh dispuesto a este respecto con 54 de los jóvenes, quienes serán acompañados por el subsecretario Galo Eidelstein.

“Este miércoles se concreta un tercer vuelo que transporta 54 soldados conscriptos desde Arica hasta Santiago, los que podrán estar con sus familias hoy mismo. Este vuelo gestionado por la FACh y financiado por el Ministerio de Defensa completa el traslado de soldados conscriptos que han decidido no continuar con su Servicio Militar tras los lamentables hechos ocurridos el pasado 27 de abril”, dijo al respecto la autoridad.

Cuando se confirmó la muerte de uno de los soldados que formaban parte de la cuestionada instrucción militar y la afectación que sufrían otros 45 de sus compañeros, la ministra Maya Fernández estaba en el Biobío producto del asesinato de tres carabineros en Cañete, mientras que Iturriaga se encontraba en Estados Unidos, en la visita al Mando de Operaciones Especiales (Ussocom) que lo llevó a saltar en paracaídas con integrantes de la 7th Special Forces Group.

Pese a ello, desde la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tomaron contacto inmediato con la unidad militar requerida y se instruyó que se comunicara públicamente la situación. Pero aunque se cumplió con ese mandato, en el Ejecutivo no quedaron conformes, pues el comandante en jefe no daba señales.

El lunes 29 de abril, entonces, la ministra se reunió con el comandante de Operaciones Terrestres del Ejército, general Pedro Varela, quien posteriormente se desplazó hasta Arica junto a un equipo médico especializado para prestar apoyo en terreno a los jóvenes que permanecían con un “cuadro respiratorio”.

A esas alturas el general Iturriaga seguía en Estados Unidos y recién regresó a territorio nacional el miércoles 1 de mayo, trasladándose hasta Cañete.

El viernes 3 de mayo, a seis días de la muerte de Franco, es cuando según el gobierno él le comienza a tomar el peso a lo que había pasado en Putre y le solicita la mencionada reunión al comandante de la VI División, la cual se concretó a eso de las 15.30 horas de ese mismo día.

Tras ello, el sábado 4, el comandante en jefe se traslada hasta Arica, para encabezar las gestiones de los más de 100 conscriptos que habían decidido abandonar el servicio. Se reunió con parte de ellos y al día siguiente, el domingo 5, se reunió con los comandantes de los cuarteles de la zona, visitando las unidades y así tener una visión de lo ocurrido.

A raíz de lo anterior, el Ejecutivo esperaba que compareciera ante los medios la mañana del lunes. Sin embargo, esa comunicación se materializó recién a las 20 horas, luego de que durante la tarde la ministra Maya Fernández lo llamara para transmitirle que debía tener un rol más activo.

La secretaria de Estado, según quienes conocieron el tenor de esa llamada, estaba molesta, aunque desde el Ejército habrían sido firmes en que se estaba haciendo lo adecuado.

Con todo, en Palacio ven con buenos ojos que Iturriaga haya decidido relevar de sus mandos a ocho funcionarios hasta que los hechos se esclarezcan, pues consideran que esto da mayores garantías de transparencia y también tranquilidad a las familias de los afectados.

Además de los sumarios dispuestos, inicialmente este caso estaba siendo analizado por la Fiscalía Militar de Arica; sin embargo, luego de una petición de la ministra Maya Fernández y del general Javier Iturriaga, la Corte Suprema designó a un ministro en visita extraordinario para estos efectos.

“El pleno de la Corte Suprema resolvió en sesión extraordinaria acceder a la solicitud de nombramiento de un ministro en visita extraordinaria para investigar los hechos ocurridos en la Brigada Motorizada n.º 24 “Huamachuco” de la Región de Arica y Parinacota. El máximo tribunal designó para estos fines a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book”, informaron desde el Poder Judicial.

Pese a ello, y en atención a una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde la Fiscalía Regional de Arica transmitieron que ellos persistirán en la indagatoria que iniciaron por la vía ordinaria.

Esto gatillará, entonces, que se inicie una contienda por la competencia sobre la materia investigada y se estima que la Corte de Apelaciones de Arica deberá definir.