Machismo o harakiri

Hablar de discriminación y machismo es fácil. Los ejemplos en los cuales los hombres ganan más que las mujeres o tienen mejores puestos de trabajo que ellas son abundantes. El destacado economista chileno Sebastián Edwards, en una columna publicada en Reportajes el domingo 8 de febrero del 2015, señala varios ejemplos: "Ninguna de las 25 universidades tradicionales agrupadas en el Cruch tiene rectores mujeres"; "desde el retorno a la democracia Codelco ha tenido 10 vicepresidentes ejecutivos y todos han sido hombres"; "los dos periódicos más importantes del país tienen y siempre han tenido directores hombres"; "ninguno de los grandes bancos es dirigido por una mujer y las grandes empresas tienen poquísimas mujeres en sus directorios".

Estos y otros ejemplos le bastan a Sebastián Edwards para afirmar que "Chile es un país profundamente machista". Sin embargo, un análisis riguroso de los datos y la realidad requiere de un estudio mucho más exhaustivo. Desde ya habría que preguntarse si la evidencia irrefutable de la baja participación de las mujeres en los puestos de alta dirección es un problema de demanda (discriminación) o de oferta (preferencias). Las escuelas de administración y economía en Chile efectivamente tienen aproximadamente la misma cantidad de mujeres que de hombres entre sus estudiantes, como señala Edwards. Lo que no menciona Sebastián Edwards es que al egresar de dichas escuelas, tanto hombres como mujeres tienen ofertas de trabajo en puestos similares y a rentas similares. De manera que no hay a esas alturas ninguna evidencia de discriminación.

<strong>Las diferencias en las rentas y en los cargos aparecen entre mujeres y hombres de edad más avanzada.</strong> <strong>¿Será que los hombres no discriminan a las mujeres jóvenes pero sí a las de mediana edad?</strong>

O tal vez la diferencia de sueldo se genera porque algunas mujeres abandonan, con más frecuencia que los hombres, por algún tiempo sus carreras total o parcialmente para dedicar tiempo al cuidado de sus hijos. Si este último fuera el caso, ¿debe el gobierno intervenir en la decisión de las parejas recién casadas, obligando a que mujeres y hombres tomen el mismo tiempo de receso de posnatal, o debemos dejar que esa decisión la tomen libremente las parejas de recién casados?

La discriminación positiva que propone el gobierno de Michelle Bachelet, y que aplaude Sebastián Edwards en su columna, implica que debemos forzar a las empresas a pagar el mismo salario a un hombre o a una mujer que se ha mantenido trabajando ininterrumpidamente durante 10 años seguidos versus una persona que ha trabajado intermitentemente durante ese mismo período. A pesar de que la primera haya acumulado mucho más experiencia y, por tanto, sea significativamente más productiva que la segunda. ¿Es esa una buena política pública? ¿Debería Alexis ganar lo mismo que Pinilla?

En una economía competitiva, tener prácticas discriminatorias de cualquier índole es dañino para los interesas de la empresa. Si la empresa decide discriminar en contra de las mujeres, es como hacerse un harakiri.

Las mujeres son, sin lugar a dudas, igual de inteligentes, capaces y talentosas que los hombres.

Si un gerente desecha para un puesto en su empresa a una mujer por el solo hecho de ser mujer, y en su reemplazo pone a un hombre menos productivo, la empresa del lado o la competencia internacional que viene de todos los rincones del planeta se encargarán de que, tarde o temprano, la empresa de ese empresario discriminador desaparezca del mapa. En Chile hay ciertamente algunos espacios donde la competencia es menor que lo deseado, como en el sector público y en la política. Pero afirmar que Chile es un país profundamente machista, como lo hace Sebastián Edwards en su columna, es una afirmación que no se condice con la realidad de un Chile abierto al mundo, y donde en la mayoría de los mercados arrecia una competencia feroz.

Si hay trabas regulatorias, privilegios o carencias, como la necesidad de mayor cobertura de salas cuna que menciona Sebastián Edwards, que impidan a las mujeres competir en igualdad de condiciones con los hombres, obviamente hay que eliminarlas. Pero de ahí a sugerir que el Estado debe intervenir en las decisiones propias de las personas y afectar el derecho de propiedad, la soberanía de los empresarios para manejar sus empresas y de las personas de manejar sus vidas, hay un salto enorme. No por inteligentes los líderes de opinión o los líderes políticos deben arrogarse el derecho de interferir en las decisiones privadas de las personas y las familias.