Hasta el final

El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de nueva Constitución, que culminará el proceso constituyente en que participaron unas doscientas mil personas. Pero lo cierto es que ese proceso se debió más que nada a un impulso refundacional del gobierno y que se tratará de un proyecto redactado por éste.

Por eso, es llamativo que sea enviado a trámite cuando queda poco tiempo para que concluya el período presidencial y estando ya electo el nuevo Presidente, que es de signo opuesto; y más todavía, cuando la agenda de la Presidenta resultó claramente derrotada en las urnas; es decir, cuando la ciudadanía resolvió que quiere un cambio. Plantear hoy una nueva Constitución solo tiene espacio por la obstinación de quien gobierna y por una transición innecesariamente extensa.

El paso de un gobierno a otro debiera ser corto y no extenderse más allá de lo indispensable, porque el pueblo ya se pronunció y debe asumir el mandatario electo. En Estados Unidos dura unos dos meses y medio, porque las tradiciones democráticas datan de una época en que las cosas ocurrían en forma distinta. Pero en las democracias europeas los cambios de gobierno tardan poco. Está fresco el caso de Francia, en que el Presidente saliente y el entrante se pusieron de acuerdo en una fecha inmediata -no hay norma- y simplemente se materializó la entrega del poder. En cualquier caso, las buenas prácticas democráticas demandan que no se haga entretanto nada que pretenda dejar a la autoridad entrante bajo condiciones que perturben el despliegue de su agenda o que le impidan fijar un nuevo rumbo.

En Chile el lapso para la transmisión del mando puede llegar a casi cuatro meses, si la elección se resuelve en primera vuelta, o cerca de tres meses si ocurre en segunda vuelta. Esto se debió -una vez más- a una reforma constitucional mal hecha. Como la votación en primera vuelta tenía lugar en diciembre y una eventual segunda vuelta a mediados de enero, había una interferencia con las fiestas de fin de año. Entonces, las votaciones se corrieron un mes hacia atrás, pero no se movió la fecha de toma de posesión (que solo habría implicado un acortamiento menor del mandato presidencial por una vez), dando lugar a esa excesiva extensión.

Pero si las cosas se hicieron mal, nada justifica que no se observe la práctica democrática de no adoptar decisiones que enturbien el inicio del nuevo mandato. Y es obvio que enviar un nueva Constitución, que pretende rehacer la institucionalidad del país, busca imponer un debate ajeno al plan del gobierno electo y ante una renovada composición del Parlamento. Es un simple gustito ajeno a las buenas prácticas.

Pero además, denota que la Presidenta Bachelet se niega a entender que el resultado de las elecciones le fue adverso y que no es efectivo que su agenda haya sido la vencedora. Y en fin, que ellas marcaron que Chile hoy tiene nuevos legítimos representantes, tanto en el gobierno como en el Congreso, y que hay que cederles el paso.