¿Hasta cuándo?

Sería extremadamente grave la confirmación de que funcionarios de Carabineros de Chile habrían implantado pruebas falsas para incriminar a un conjunto de personas, en el marco de la llamada "Operación Huracán". Primero, por cuanto pone en duda la idoneidad de una herramienta indispensable en la persecución del delito, como es el apoyo -operativo, logístico e investigativo- de las policías y sus respectivas unidades. Por más esfuerzos y atención que pongan fiscales y jueces de garantía, no es materialmente posible verificar en todos los casos la veracidad de los antecedentes que Carabineros pone a disposición del organismo persecutor. De confirmarse, se habrá lesionado de manera muy severa la credibilidad del sistema y se horadará todavía más el prestigio de sus principales protagonistas.

Segundo, porque alienta la sospecha de que en el afán de encontrar culpables y mostrar mayor control por parte del Estado en el ámbito de la seguridad, se está dispuesto a justificar un medio ilícito e inmoral por parte de quienes suponemos deben ser los principales garantes de la fe pública. Es un gravísimo acto de corrupción el sacrificar a uno o más ciudadanos, con el propósito de aparentar el cumplimiento de un objetivo socialmente deseable.

Tercero, porque los graves delitos sí se han cometido, sea atentando contra la propiedad o la integridad física de muchos ciudadanos de la región; los que -al miedo, impotencia y frustración por la ausencia de una justicia oportuna y eficaz- ahora deberán tolerar se relativice su dolor y desamparo, pues desgraciadamente las sospechas también alcanzarán a la magnitud y gravedad de los crímenes perpetrados en su contra.

Cuarto, y dejando para el final lo peor de todo, ¿hasta cuándo seguimos impávidos frente al impune actuar de una institución cuyo nivel de ineficiencia, ausencia de control, falta de transparencia, y derechamente corrupción, supera todos los límites tolerables por una sociedad democrática? Consciente de que se puede hacer una generalización injusta y, por lo mismo, intentando distinguir lo que son las responsabilidades individuales de algunos funcionarios, debemos reconocer que en el diseño institucional y cultural de Carabineros de Chile -¡y eso sí es general y estructural!- hay una deliberada política por resistir cualquier tipo de sujeción al poder civil, privatizando el espacio público a un nivel tal, que frente a estos y otros gravísimos hechos -pienso en el robo del siglo, por ejemplo- ninguno de los tres poderes del Estado pueda hacer absolutamente nada frente al ocultamiento de información, el reiterado desacato, o derechamente el chantaje que muchas veces han propiciado los altos mandos de la institución.