Tras 13 años de tramitación, Chile tiene una nueva ley de protección de la naturaleza: ¿en qué consiste?

La Ley Para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), sorteó este miércoles su última instancia de tramitación en el Congreso, para finalmente convertirse en ley, luego de que la Cámara de Diputados votará el informe que emanó de la Comisión Mixta, y así obtener su aprobación.

Se trata de un paso importante para una ley que lleva 13 años en el Congreso, la que permitirá avanzar en la creación de un organismo público para el cuidado de las áreas protegidas del país y la biodiversidad que se encuentra al interior y exterior de esos territorios. Esto posibilitará, además, enfrentar de mejor forma la grave crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático que golpean a Chile y al mundo entero.

“Hoy nuestro país dio un paso histórico para la protección de nuestra naturaleza. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas viene a enfrentar la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a Chile, y al mundo entero, a través de la creación de un servicio público, autónomo, descentralizado, con financiamiento robusto, dedicado en un 100% a la protección del patrimonio natural chileno”, señala Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente.

La titular del Medio Ambiente destacó el transversal apoyo de los parlamentarios a esta iniciativa durante su tramitación. “El SBAP ha sido parte de los planes de gobierno de las últimas cuatro administraciones del país y particularmente, desde el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos empujado de manera decidida ese proyecto, lo que se reflejó en los significativos avances que la iniciativa dio en los últimos seis meses permitiendo su despacho desde el Congreso el día de hoy”, agrega.

En la actualidad enfrentamos una triple crisis ambiental que afecta al planeta y por consiguiente a nuestro país: crisis climática, de contaminación y de pérdida de biodiversidad. En este contexto, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas permitirá abordar directamente dos de estas crisis –biodiversidad y climática- porque dotará al país de una institución encargada de cuidar a la biodiversidad y gestionar de manera integrada las áreas naturales protegidas. En el caso de la crisis de pérdida de biodiversidad, esta constituye uno de los tres principales riesgos globales según lo indica el Foro Económico Mundial en su Informe de Riesgos Globales 2022.

En Chile, de acuerdo a cifras del Ministerio del Medio Ambiente, la mitad de los ecosistemas y dos tercis de las especies, se encuentran amenazadas en su supervivencia. Además, nuestro país ha clasificado ya a 18 especies en la categoría “extinta” según los criterios de internacionales de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Uno ejemplo es el Pingo Pingo, un arbusto endémico de Chile, específicamente de la zona central, que llegaba a los dos metros de altura y que tenía ramas delgadas y flexibles. Hace unos meses, los especialistas confirmaron que el Pingo Pingo se extinguió.

La iniciativa fue aprobada tras una polémica en las últimas semanas con la industria del salmón, quienes consideran que la industria podría verse seriamente afectada si la ley se aprobaba como estaba redcatada en un principio, que prohibía las concesiones salmoneras en áreas protegidas.

El gremio que agrupa a esta industria reclamó con vehemencia, incluso organizando algunas marchas, como la ocurrida en Puerto Montt, donde acusaban que esta nueva institucionalidad afectaría a la salmonicultura. A las críticas también se sumaron la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) y Fedesur.

Finalmente, la indicación que prohibía el cultivo de especies marinas exóticas dentro de áreas protegidas fue rechazada, y el texto aprobado establece que cada proyecto deberá analizarse en compatibilidad con el plan de manejo de cada área protegida, aunque hay muchas áreas protegidas que existen por años sin un plan de manejo aprobado.

La conservación de la biodiversidad es también clave para la mitigación y adaptación al cambio climático, indica el proyecto medioambiental, lo que se ha evidenciado en los últimos años como una amenaza creciente para el bienestar humano. La conservación y el resguardo de la biodiversidad son cruciales para la mantención de servicios ecosistémicos como la regulación climática, por medio de la captura y secuestro de carbono, la mantención de la fertilidad del suelo y la provisión de agua.

La aprobación de esta iniciativa significará aumentar en casi un 58% el presupuesto anual destinado a la institucionalidad ambiental, potenciará la participación privada en la gestión de las áreas protegidas y duplicará la cantidad de guardaparques. Junto con lo anterior, permitirá un uso más eficiente de los recursos ya que debido a la dispersión actual existe una multiplicidad de instituciones, funcionarios, patrullajes, monitoreos descoordinados, duplicidad de vehículos, herramientas e instrumentos, entre otras situaciones.

La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas considera el traspaso de todas las áreas protegidas administradas por Conaf al SBAP, junto con sus recursos financieros y de personal, salvaguardando sus derechos laborales.

De esta forma, el SBAP se construye a partir del conocimiento acumulado en Conaf durante décadas, pero potenciando fuertemente los recursos financieros y humanos. También reconocerá el aporte de las áreas protegidas privadas a la conservación, integrándolas al sistema nacional de áreas protegidas. Esto implica, por parte del SBAP, la supervisión de la administración de las áreas protegidas de propiedad privada, entregándole apoyo y ofreciendo incentivos, tales como exenciones tributarias.

• Crea un servicio público robusto que se encarga de la protección de la biodiversidad.

• Enfrenta la dispersión institucional de las áreas protegidas que hasta ahora estaban repartidas en más de 5 servicios públicos, provocando un manejo desarticulado. Así lo concluyó un informe de Contraloría dado a conocer en 2021.

• Dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional -dentro y fuera de áreas protegidas- tales como identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales.

• Fortalece la normativa y otorga un financiamiento robusto y eficiente para la conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%.

El proyecto SBAP ingresó al Congreso en 2011, como un requerimiento para completar la institucionalidad ambiental chilena, establecida en la Ley 20.417 del año 2010, con el objetivo de crear un servicio público que se encargue de la protección de la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, que sea independiente, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo instrumento principal sea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

El Estado de Chile se ha comprometido ante diversos foros, como la OCDE (tanto en el año 2005, como en el año 2016) y la Convención para la Diversidad Biológica (CBD), a crear un servicio público único, descentralizado e integral que se encargue de la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este compromiso obedece a que en el país aún existe un grado muy alto de dispersión institucional de las áreas protegidas (se encuentran repartidas en 5 ministerios) presentando muy bajos niveles de financiamiento para la gestión de la biodiversidad del país.

Actualmente, las instituciones a cargo corresponden a: Ministerio de Bienes Nacionales; Ministerio del Medio Ambiente; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, ambos del Ministerio de Economía; el Consejo de Monumentos Nacionales, del Ministerio de las Culturas y la CONAF, del Ministerio de Agricultura.

Luego de finalizar su tramitación en el Congreso con la votación favorable en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto pasará por la revisión del Tribunal Constitucional y posteriormente por toma de razón de la Contraloría. Luego de eso, la iniciativa estará listo para su promulgación y publicación.

Desde su publicación hay un plazo de un año para dictar el Decreto con Fuerza de Ley para la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que permitirá definir los aspectos administrativos que darán forma al mismo, como, por ejemplo, fijar la planta del personal, escalas de remuneraciones, entre otros.

Con el Informe Financiero aprobado en enero de 2023, el SBAP contará con presupuesto desde su primer año de implementación, lo que le permitirá comenzar a desplegarse en todo el territorio nacional. Entre los hitos más relevantes, destaca el traspaso del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), hoy en CONAF, que se realizará al tercer año desde que se crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.