UAF: reportes sospechosos e indicios de lavado de activos registraron un fuerte aumento en 2021 ante mayor número de transacciones

La aceleración de los delitos por parte del crimen organizado en medio de la pandemia global, y un incremento en las transacciones locales producto de la mayor liquidez, llevaron a que el número de operaciones sospechosas así como de los indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se disparara el año pasado.

Según el Informe Estadístico 2021 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), durante el periodo el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ascendió a 9.738, un alza de 57% respecto del ejercicio previo.

El incremento en estos envíos se explica -dice el informe- por el mayor reporte de los bancos, las AFP y las empresas de transferencia de dinero, así como por el alza de los ROS asociados a delitos base de fraudes con tarjetas o medios de pago y transacciones fraudulentas; montos inusuales en cuentas 2 de AFP, que no se condicen con el perfil del cliente, y más transacciones a raíz del exceso de liquidez presente en la economía que algunos sujetos obligados a reportar consideraron como sospechosas.

“Durante la pandemia el mundo observó una aceleración y diversificación del crimen organizado. Aumentaron los riesgos asociados a estafas, ciberdelitos, fraudes y corrupción, entre otros delitos. Chile no fue la excepción. Sin embargo, la madurez de los sistemas preventivos implementados por nuestros sujetos obligados permitió detectar transacciones que pudieran ser indiciarias de la comisión de los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT)”, dijo el director (subrogante) de la UAF, Marcelo Contreras.

Agregó que el alza de 57% de los ROS no solo se explica por la tendencia creciente de personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF (de 7.729 en 2020 a 8.137 en 2021), sino también por la mayor reportabilidad de los bancos y del sector financiero, y el aumento de las transacciones.

Pero así como se elevó el número de reportes, también lo hicieron los indicios de delitos. A los reportes recibidos, la UAF aplica procesos de inteligencia financiera y si en ellos detecta indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), envía la información al Ministerio Público.

Así es como durante 2021 el organismo detectó indicios de LA/FT en 514 ROS, equivalente a un incremento de 74,2% con respecto al año 2020. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público a través de 52 Informes de Inteligencia Financiera.

Una vez estos recibidos, la Fiscalía los vincula con un Rol Único de Causa (RUC), lo que da origen a una investigación por LA/FT (o agrega información a una ya vigente), lo que incluye métodos intrusivos y encubiertos de investigación policial. Paralelamente, y para las investigaciones de LA/FT que lleva adelante, el organismo persecutor realizó 108 consultas a la UAF (20% más que en 2020), asociadas a 888 personas naturales y jurídicas.

De acuerdo al informe, entre los años 2017 y 2021, de los 1.795 reportes de operaciones sospechosas con indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, el 59,1% provino del sector bancario; el 12% de las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago; el 8,9% de los casinos de juego; el 4,6% de las instituciones públicas, y el 2,8% de los corredores de bolsas de valores. El 12,5% restante de ROS con indicios de LA/FT llegó de otros 17 sectores.

LA UAF además reportó que en 2021 recibió 29 ROS relacionados con la materialización de riesgos de LA/FT asociados a la pandemia del Covid-19, los cuales incluyeron a 61 personas.

Entre las características o aspectos que constituyen algunos de los principales hallazgos reportados en dichos ROS, se identificaron transacciones en efectivo de alto monto sin una actividad económica que las justificara. También se observaron movimientos de efectivo transfronterizo de altos montos en la zona norte del país.

Junto con ello, se apreció un aumento transaccional inconsistente y sin justificación, dado el nivel de actividad económica derivado de la pandemia; y, por último, se identificaron en modo de excepción compras públicas, por contexto del coronavirus, con eventuales conflictos de interés y/o sobreprecios, cuyas operaciones fueron justificadas por la premura ocasionada por la situación sanitaria.

Según la ley, el Servicio Nacional de Aduanas debe enviar a la Unidad de Análisis Financiero las Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE) de todos quienes porten o transporten moneda en efectivo, o instrumentos negociables al portador, desde y hacia el país, por un monto que exceda los US$ 10.000, o su equivalente en otras monedas.

Durante el año 2021, las DPTE ingresadas a la UAF totalizaron 2.953, equivalente a una disminución del 59,3% anual. Según el informe, las cifras “reflejan el impacto de las medidas y restricciones sanitarias derivadas de la pandemia por Covid-19, en particular la restricción de la movilidad por frontera impuesta por diversos países, incluido Chile”.

Sin embargo, los montos asociados crecieron drásticamente. La UAF detalló que esas DPTE “involucraron US$ 2.278,4 millones (US$ 1.602,1 millones por DPTE de entrada al país y US$ 676,3 millones por DPTE de salida del país)”. Lo anterior constituye un aumento de 51,9% anual.

Al desglosar los montos, en 2021 fueron US$ 1.732 millones asociados a DPTE de personas jurídicas (76% del total), mientras que US$ 547 millones corresponden a personas naturales (24%). Y respecto de éstas últimas, la zona norte concentra alrededor del 97%, siendo los pasos de Colchane (Región de Tarapacá) y Chungará (Región de Arica y Parinacota) los que anotaron una mayor participación, con un 87,8%, y 9,3%, respectivamente.

Por último, la UAF detalló que en 2021, por el cierre a público de diversos establecimientos y el confinamiento de las personas por periodos prolongados para reducir el contagio de Covid-19, no inició procesos sancionatorios a personas naturales o jurídicas del sector privado, por la imposibilidad de notificarlas personalmente.

No obstante, durante el año cerró 116 procesos que estaban en curso. De estos, 78 resultaron con amonestación escrita (67,2%), 31 fueron archivados (26,7%), 5 recibieron amonestación escrita y multa a beneficio fiscal (4,3%) y 2 fueron absueltos (1,7%).

Respecto de las multas a beneficio fiscal, estas ascendieron a UF 230, las que se cursaron a personas naturales y jurídicas de cuatro sectores económicos: dos notarios sumaron UF 120 (52,2% del monto total), una administradora general de fondos, UF 50 (21,7%); una empresa de leasing (13%), y una compañía de seguros (13%).