Oposición ingresa indicaciones a la reforma previsional que incorporan una Pensión Básica Garantizada de $177 mil para el 90% de la población

Finalmente la oposición ingresó las indicaciones a la reforma previsional con miras a la votación en particular que iniciará el miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado, según adelantó este lunes la presidenta de la instancia, Carolina Goic (DC).

Las indicaciones, que fueron ingresadas por los senadores Goic, Juan Pablo Letelier (PS), Ximena Órdenes (PPD) y Adriana Muñoz (PPD), contemplan doce puntos principales.

En primer lugar, plantean que el 6% de cotización adicional vaya íntegro al ahorro colectivo. En segundo lugar, establece que “los beneficios definidos por ahorro colectivo serán crecientes desde un año de cotización en adelante. Con ello se elimina la regresividad que plantea el proyecto de ley”.

Lo anterior se compara con lo que establece el proyecto del gobierno de un bono fijo de UF2,7 para mujeres con 10 años de cotización, y de UF2 para hombres con 15 años de cotización, lo cual, según una minuta de la oposición, “dejaría fuera al 50% de las mujeres y al 30% de los hombres”.

En tercer lugar, las indicaciones plantean establecer el principio de equidad de género, es decir, que a partir de los 65 años, hombres y mujeres, a igual saldo e igual edad, recibirán la misma pensión. Este ajuste proponen hacerlo a través del Fondo de Ahorro Colectivo Solidario (FACS).

Como cuarto punto proponen un beneficio complementario para personas cuidadoras de familiares dependientes.

El quinto tema es crear un aporte público para recién nacidos, equivalente a UF34, “administrado por el Instituto de los Seguros Sociales que se hará efectivo cuando cumpla 65 años (ley de la marraqueta)”.

Y sobre el famoso tema de ampliar la cobertura del Pilar Solidario, o pasar a una Pensión Básica Universal, la oposición finalmente optó por la siguiente fórmula: la creación de una Pensión Básica Garantizada igual a UF 6 (equivalente hoy a la línea de la pobreza, unos $177 mil) para el 90% de la población. Esto sería para familias con ingreso per cápita de hasta $704.754, equivalentes a un ingreso familiar de hasta $2,8 millones para una familia de 4 personas-CASEN 2017, según detalla una minuta de la oposición.

De esta manera, señalan que se reemplazarían los actuales componentes del sistema de pensiones solidarias. “Esta Pensión Básica Garantizada se sumará al resto de los pilares contributivos, individual y colectivo, así como voluntario, constituyendo de esta manera un piso de seguridad social para el 90% de chilenos y chilenas”, advirtieron.

Y las AFP no quedaron al margen de estas indicaciones. La oposición plantea separar las funciones de administración de cuentas y gestión de inversiones.

“La administración de cuentas quedará a cargo de una Agencia Gestora de Cuentas Previsionales. Será autónoma y sus actividades comprenderán el servicio de administración de cuentas de capitalización individual y de ahorro colectivo solidario, el que será definido mediante norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones, centralizando la administración de cuentas”, señala la minuta.

En séptimo lugar proponen ampliar las funciones para el ente estatal autónomo que gestionará la cotización adicional, y le llaman “Instituto de los seguros sociales (ISS)”, incorporándole las siguientes tareas: gestionar el fondo de ahorro colectivo solidario por sí o a través de terceros, y se establece que podrá administrar el fondo de pensiones de las cuentas de capitalización individual (10%). Este tema podrá ser elegido por el afiliado.

Por otro lado, establecen que no se bajen los requisitos de encaje para los gestores de fondos de pensiones, manteniendo la actual medida prudencial de 1% de encaje. Esto se compara con lo que propone el gobierno en su proyecto de reducirlo a la mitad.

En temas de industria también se “establece la obligación de las gestoras de inversión (nuevas y ex AFP) de traspasar el 30% de sus utilidades anuales al FACS”.

Como décimo punto las indicaciones señalan que se considere una cotización de 0,2% de cargo del empleador para el seguro de dependencia, adicional al 6%. Esto se compara con lo que dice el proyecto del gobierno, donde el 0,2% se descuenta del 6% de la cotización adicional.

Adicionalmente, “se incluye una norma que encarga en el envío de un proyecto de ley que aborde con la gradualidad la separación de funciones”.

Y también propone crear “de manera transitoria una comisión técnica para proponer un nuevo sistema de trato uniforme para las FFAA, de orden y seguridad”.