Lavado de activos: reportes de la UAF a la Fiscalía suben casi 60% en primer semestre

El lavado de activos y financiamiento de terrorismo generan una constante preocupación a nivel de las autoridades y, por ello, poco a poco se han ido fortaleciendo las distintas unidades que velan por su detección y la legislación para ello. De hecho, en mayo pasado el gobierno presentó un proyecto de ley de Inteligencia Económica contra el Delito.

Esta iniciativa busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado, con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.

En ese contexto y con el fin de robustecer el Sistema de Inteligencia del Estado en su dimensión civil, se propone la creación de unidades de inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado.

Todo ello, dado que los reportes vinculados con el lavado de activos y financiamiento de terrorismo han venido al alza en los últimos años. De hecho, así lo refleja el informe del primer semestre que elabora la UAF. Entre enero y junio hubo un aumento de 57,1% anual de los requerimientos de información del Ministerio Público a la Unidad de Análisis Financiero, en el marco de las investigaciones que realiza sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA/FT). De esta forma, en el primer semestre se enviaron 38 informes que involucran a 561 personas.

Según explican en la UAF, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley N°19.913, el Ministerio Público puede requerir a la UAF los antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de LA/FT que practique, ya sea que se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, y cualquiera sea la fase en que se encuentren.

La comunicación de ello, según los protocolos establecidos, se realiza a través de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavado de Activos Asociado (ULDDECO), a la cual la UAF no solo responde los requerimientos de información, sino también envía sus Informes de Inteligencia Financiera con casos procesados que contienen indicios de LA/FT.

El director de la UAF, Carlos Pavez, sostiene que “el Ministerio Público es la única institución que, para sus investigaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo está facultada para requerir a la UAF información sobre aquellas personas, ya sea naturales o jurídicas, que pudieren estar involucradas o relacionadas con ese tipo de ilícitos”.

Agrega que “los antecedentes que entregamos son los que existen en nuestras bases de datos y los informes que se originan o derivan de nuestros procesos de inteligencia financiera, una vez que recibimos los Reportes de Operaciones Sospechosas. Recibidos los informes de la UAF, la Fiscalía los vincula con un RUC (Rol Único de Causa), lo que da inicio a una investigación penal por LA/FT (o agrega información a una ya vigente), lo que incluye métodos policiales intrusivos y encubiertos”.

Al respecto, Pavez detalla cómo es el proceso de reportes y cómo se inicia el proceso de investigación judicial en lavado de activos y financiamiento del terrorismo: “El sistema, en Chile y el mundo, está estructurado de manera tal que los sujetos obligados deben enviar a la UAF la información de las transacciones que realizan sus clientes cuando les parece que son raras o inusuales. La UAF, en tanto, debe determinar si en dichas operaciones hay indicios de LA/FT o no, pero quien investiga dichos delitos es el Ministerio Público”. Así, añade, “entre 2007 y 2021 los tribunales de Justicia han dictado 229 sentencias definitivas, que involucran a 464 personas condenadas por lavado de activos. En todos estos ámbitos: prevención, detección e investigación de operaciones relacionadas a LA/FT, las cifras dan cuenta de una mayor actividad cuando se comparan las actuales con las observadas hace 5 o 10 años”.

En términos más amplios, en la primera mitad del año la UAF recibió 5.764 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que se traduce en un alza del 6,8%. De ese total, 3.174 fueron enviados por los bancos, 558 por las AFP, 388 por las empresas de transferencia de dinero, 358 por los corredores de bolsas de valores y 275 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos u otro similar. Las instituciones públicas y municipales, que desde febrero de 2015 están habilitadas para reportar operaciones sospechosas a la UAF, enviaron 55 ROS en el periodo (versus 51 de enero-junio 2022).

Luego de aplicar procesos de inteligencia a todos los ROS contenidos en la base de datos institucional, la UAF encontró señales indiciarias de LA/FT en 181 reportes. De ellos, 115 fueron remitidos por los bancos, 16 por las AFP, 9 por los corredores de bolsas de valores, 8 por las instituciones públicas y 7 por las administradoras de fondos generales.

De acuerdo al análisis que hace la UAF, la tendencia creciente de la cantidad total de reportes ROS recibidos por la UAF no solo se explica por las cada vez más personas naturales y jurídicas inscritas en su Registro de Entidades Reportantes, sino también por la mayor comprensión de la normativa antilavado y contra el financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados. Esto, según sostienen, les permite “conocer sus riesgos y ser capaces de detectar oportunamente transacciones que pudieran ser indiciarias de la comisión de dichos delitos”.

Pavez subraya que “los procesos de inteligencia financiera son dinámicos. Cada vez que nos llega un ROS, nuestros profesionales analizan toda la data que tenemos clasificada y priorizada en nuestros sistemas. Entonces, puede que en el pasado nos haya llegado un ROS al que no pudimos encontrarle señales indiciarias de LA/FT, pero este año, por el envío de un ROS de otro sujeto obligado, que contenía más información, sí veamos que podemos estar frente a un caso”.