Este miércoles el gobierno dio a conocer los ejes de la reforma a los permisos sectoriales y a la evaluación ambiental. Tras conocer los lineamientos los gremios empresariales valoraron la propuesta, ya que estiman que la iniciativa puede reactivar la inversión y el crecimiento económico.

“Valoramos esta iniciativa, ya que creemos que constituye un aporte a la agenda pro crecimiento. Creemos que estas medidas permitirán reducir los tiempos y costos asociados a la materialización de nuevos proyectos y así reactivar la inversión, junto con poner foco en resolver un problema que se ha constituido como un dolor de cabeza para las pymes que buscan concretar nuevas iniciativas. Esta es una tremenda oportunidad que tenemos para avanzar, pero entendemos que la discusión ahora debe darse en el Parlamento”, dijo el presidente de la CNC, José Pakomio.

Y agregó que “nosotros como sector privado hemos aportado entregando argumentos técnicos a esta discusión para robustecer esta iniciativa. Sabemos que también es una tremenda oportunidad para las pymes, ya que, junto con avanzar en los tiempos de respuesta, contribuirá a disminuir la incertidumbre de quienes buscan invertir en nuestros sectores”.

En esa misma línea, el presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña, enfatizó que “valoramos la presentación de este proyecto de ley. Creemos que es un paso concreto en la agilización de aprobación y entrega de permisos, lo que esperamos entregue mayor certeza a los inversionistas, habilite la creación de nuevos proyectos y más empleos. Confiamos en que sea prontamente tramitado por el Congreso, ya que es absolutamente necesario no tener más burocracia y contar con la capacidad suficiente en los servicios públicos para responder en los plazos estipulados que contempla la ley”.

Desde el Consejo Minero, destacaron esta presentación, y esperan que la tramitación se realice con celeridad en el Parlamento.

“Resulta clave que la tramitación legislativa y la posterior implementación de las leyes sean ágiles y eficientes. No debe olvidarse que el objetivo es reducir los tiempos involucrados en el otorgamiento de permisos manteniendo los estándares ambientales y sociales, lo que no se logra con el solo envío de proyectos de ley al Congreso Nacional.”, sostuvo Carlos Urenda, Gerente General del Consejo Minero.

Asimismo, indicó que “mientras se tramitan estas iniciativas legales, resulta indispensable asignar mayores recursos a los servicios que otorgan los permisos y que las autoridades entreguen permanentemente señales en el sentido de que Chile requiere urgentemente de más inversión, crecimiento y empleo”.

Sonami valoró la iniciativa, pero indicaron que quedan desafíos por abordar.

“Tenemos que estudiar los anuncios con profundidad, pero desde ya valoramos que la autoridad se haya sensibilizado de la importancia que tiene abordar estos temas prontamente. De la misma forma, esperamos que el Congreso pueda avanzar rápidamente en su aprobación, otorgando al mismo tiempo las facilidades para proponer y conversar posibles mejoras, para lo cual SONAMI está disponible para hacer su aporte en la materia”, dijo el presidente de Sonami, Jorge Riesco.

Y luego sostuvo que “creemos que detrás de la idea de eliminar el Comité de Ministros está el objetivo de reducir o eliminar el componente político en la evaluación ambiental de proyectos de inversión. Si bien es necesario avanzar en ese sentido, también es importante mantener un sistema que permita a la autoridad u otro organismo revisar la decisión, previo a la judicialización”.

Por otro lado, el presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías, dijo sentirse esperanzado que esta ley “efectivamente logre agilizar los problemas que existen hoy para los permisos de inversión, porque crea un sistema de permiso inteligente, y busca simplificar el proceso de autorizaciones, reducir tiempos y dar mayor certeza a los inversionistas”.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, sostuvo que “nos parece que este proyecto es una muy buena noticia país, es un tema que nos convoca y que hará una gran contribución a la productividad. Ya tenemos un diagnóstico claro respecto del impacto en la excesiva demora en la tramitación de permisos, algunos relevantes, pero carentes de una sistematización que impide un mayor crecimiento de la economía, la inversión, la creación de empleos. Llamamos a todos los sectores políticos para que este proyecto tenga un apoyo transversal de manera de tramitarlo con la máxima celeridad para que sea una realidad en el menor tiempo posible”.

Generadoras de Chile, también indicaron que la iniciativa es positiva, pero abogan por otras medidas administrativas, para resolver el tema de retrasos de proyectos.

“Creemos que los proyectos de ley sobre permisos sectoriales y la próxima reforma al SEIA son relevantes para que el país continúe avanzando en la transición energética. Sin embargo, no son las únicas acciones posibles de concretar en el corto plazo. El contexto actual, permite al Gobierno la posibilidad -y oportunidad- de impulsar mejoras sustanciales de carácter administrativo, que no involucran modificación legal alguna, como, por ejemplo, trabajar en que se respeten los plazos que establece la legislación vigente para las tramitaciones ambientales y sectoriales”.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, señaló que “la permisología es una de las grandes trabas en materia de inversión y crecimiento, con más de 380 permisos en casi 40 servicios públicos, por lo que valoramos que se quiera integrar los servicios y disminuir el número de trámites para acortar los tiempos. Como Multigremial Nacional propusimos implementar sanciones a funcionarios y servicios que no cumplan los plazos hacia las Pymes; también crear un sitio especial con los trámites y permisos para que los emprendedores puedan comenzar a operar rápido; junto a ello planteamos un mecanismo de permisos simplificados y patente provisoria para que las Pymes puedan funcionar mientras obtienen los documentos definitivos; y también el silencio positivo para que se entienda como aprobado un permiso al no haber respuesta”.

Desde La Moneda explicaron que se busca que los procesos deben contener un examen de admisibilidad, establecer plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no lo tienen y especificar el uso del silencio administrativo como medida de última ratio. Además, el proyecto incluye criterios de proporcionalidad en la tramitación, una gestión que permitirá reemplazar autorizaciones, u otras técnicas, en razón de cada obra, instalación o actividad de un proyecto.