El Ministerio de Hacienda planteó este lunes a los técnicos y representantes de los partidos políticos de gobierno y oposición reducir o eliminar siete exenciones tributarias, todas en base a las propuestas que hizo la comisión que lideró el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, durante el gobierno anterior.

Una de ellas apunta a que las ganancias de capital en instrumentos bursátiles (acciones y otros), que hoy pagan una tasa del 10%, homologuen su tratamiento a la tasa a la que estén sujetas todas las rentas del capital -de 22%-, manteniendo, eso sí, la exención a los inversionistas institucionales. Es principalmente respecto de este punto donde tributaristas y también quienes se dedican al área levantan alertas.

El gerente general de la Bolsa Electrónica (BEC), Juan Carlos Spencer, cree que no es una buena idea. Al respecto, comenta que “desde el punto de vista técnico, el gravamen a las ganancias de capital en operaciones bursátiles implica pagar dos veces impuestos por los mismos activos, lo que no solo deteriora el mercado bursátil, sino también desincentiva de manera significativa la inversión. Como sabemos, el valor de una acción es el valor presente de todos los dividendos, y estos últimos ya pagan impuestos. Por lo tanto, no hace sentido seguir aumentando un impuesto (de 10% a 22%), porque va a profundizar el deterioro del mercado de capitales chileno, además de generar una distorsión”.

Spencer agrega que “considerando que los flujos pagan impuestos y que los volúmenes transados han caído drásticamente, la recaudación del impuesto actual por parte del Estado ha sido prácticamente nula. Con los retiros de los fondos de pensiones, el mercado de capitales ya sufrió un golpe muy importante. En el escenario actual del país, no debemos seguir profundizando el daño a través de alzas impositivas, que han demostrado ser perjudiciales a nivel mundial. Un ejemplo claro puede verse en Perú, cuyo mercado bursátil se desplomó tras aplicar un impuesto a las ganancias de capital”.

Para la socia del área legal y tributaria de PwC Chile, Loreto Pelegrí, elevar la tasa del 10% al 22%, que sería equivalente al impuesto a las rentas de capital propuesto en la reforma anterior, “podría hacer que Chile fuese menos competitivo y afectar el funcionamiento de las transacciones bursátiles y del MILA (Mercado Integrado Latinoamericano), ya que México y Perú aplican tasas rebajadas, y así también muchos países aplican tasas menores o exenciones para transacciones en Bolsa. Tal vez lo que se podría proponer es dejar la tasa del 10% y aplicar una tasa más alta para aquellas transacciones que impliquen la venta de una participación significativa (por ejemplo, más del 20% o 25% de los intereses de una sociedad), o cuando más del 50% del valor de la sociedad provenga de bienes inmuebles ubicados en Chile”.

Por su parte, Luis Felipe Ocampo, abogado socio de Recabarren y Asociados, señala que “esto resta competitividad a nuestro sistema financiero como destino de inversiones. La norma fue modificada en 2022, ya había sido objeto de correcciones, por ello subir la tasa no es bueno, menos en el momento actual. El mercado ya ha internalizado el gravamen en 10% por lo que subirlo ahora, incluso manteniendo la liberación para inversionistas institucionales, no ayuda a ir por el camino de generar crecimiento económico”.

El socio líder de Tax & Legal en Deloitte Chile, Hugo Hurtado, estima que “falta conocer detalles del proyecto aún, pero al parecer acoge varias sugerencias presentadas por la Comisión Tributaria para el Crecimiento y Equidad, que lideró el economista Rodrigo Vergara cuando Ignacio Briones era ministro de Hacienda. Esta comisión fue muy técnica y transversal en materia política. Creo que, salvo grupos que son directamente afectados con los cambios, lo que dice relación con la restricción de exenciones relacionadas a renta presunta, instrumentos financieros y fondos de inversión, deberían tener una buena recepción”.

Eso sí, Hurtado dice que “se echó de menos no abordar en esta etapa el tratamiento tributario preferencial que tiene el diésel, el cual tiene un impacto relevante para las arcas fiscales”.

El abogado Andrés Tavolari, del estudio Tavolari Abogados, cree “necesario dar una segunda mirada al informe Vergara, dado que la situación del país ha cambiado mucho en los últimos tres años: desde ya, tenemos un mercado de capitales mucho menos robusto, tenemos un grave problema de acceso a la vivienda, la informalidad de la economía anda cerca del 30% y, por supuesto, estamos inmersos en una crisis de seguridad pública”.

Además, Tavolari comenta que “tenemos un problema de inversión: en los últimos años una enorme cantidad de dinero de los chilenos se ha ido del país, y no volverá. Tratemos de que no se vayan más recursos. Cuando la carga tributaria se desalinea con lo que somos a nivel Ocde, generamos las condiciones para buscar otros horizontes”.

Bajo este escenario, el abogado estima que “este no es un buen momento para continuar subiendo la tasa de las ganancias de capital, ni afectar a los Fondos de Inversión Privado, porque requerimos más inversión y un mercado de capitales más profundo. Cuando rebajamos el umbral de la renta presunta en minería, pero sobre todo en agricultura y transporte, el camino se hace cuesta arriba para empresas que muchas veces operan con márgenes pequeños. Si necesitamos más viviendas en Chile, cabe preguntarse si la limitación a los créditos hipotecarios o las restricciones al DFL 2 es lo que necesitamos. En síntesis, atendido lo ocurrido en Chile en los últimos tres años, parece necesario revisar con cuidado las propuestas del informe Vergara”.

Otra de las exenciones que Hacienda puso sobre la mesa, es la rebaja del umbral de renta presunta en minería, agricultura y transporte a 2.400 UF de ventas. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, afirma que “el sistema de renta presunta se utiliza internacionalmente en países de menor desarrollo, y por ende en Chile puede analizarse la opción de rebajar el tope de ingresos para poder acogerse a él”.

Pero agrega que “tenemos tres problemas que no son fáciles de solucionar, en el corto plazo. Primero, hay aún muchos lugares en que la conexión a internet no existe, o es de baja cobertura o a un precio elevado como en la Región de Los Lagos, por lo que no se puede eliminar a contribuyentes de la renta presunta sin que exista cobertura asegurada y a un precio accesible”.

En segundo lugar, Pérez dice que “la información tenida en cuenta por el Ministerio de Hacienda es insuficiente, como por lo demás lo dejó establecido el Informe sobre Exenciones y Regímenes Especiales del año 2021 y lo reconoció el SII ante una consulta efectuada por Ley de Transparencia. Tercero, el procedimiento de cambio de régimen ha sido defectuoso, no ha existido calificación en los 115.000 contribuyentes con dicho régimen, ni tampoco en los funcionarios del SII. Es una materia demasiado relevante como para estar legislando si un proceso más serio”.

Por su parte, Luis Felipe Ocampo señala que el régimen de renta presunta “hace mucho tiempo que se ha ido restringiendo, bajando los montos de ingresos y aplicando normas de relación después, por ello, en términos reales no veo mucho espacio para seguir acorralando a esos contribuyentes”.

Por otro lado, el abogado tributarista cree que “es necesario mirar los hechos reales y concretos, en particular el efecto que podría causar en los pequeños agricultores, personas que explotan predios de tamaño menor, por ejemplo 5 a 50 hectáreas, parceleros que tienen una extensión normal de terreno, y que trabajan personalmente ellos, apoyados de su familia o con unos pocos trabajadores, y que tienen un camión con el que trasladan los productos para venderlos en forma directa al por mayor o al detalle en ferias, vegas o mercados. Esos agricultores sólo tienen su tierra, el riego, y la mano de obra suya. Cambiarles el régimen en el que están formalizados, no genera mayor recaudación, y por el contrario, puede moverlos a hacerse informales si se les complica su manera de desarrollar su actividad. No es una buena medida”.

El gobierno también planea acotar la exención que beneficia a los intereses pagados por créditos hipotecarios. Al respecto, Ocampo afirma que “este beneficio se originó en 1998, a propósito de los efectos que generó la crisis asiática de aquellos años. Para dinamizar la construcción, y aprovechar su efecto multiplicador, el gobierno de la época instituyó la franquicia. Con eso se logró generar interés en el desarrollo de muchos proyectos inmobiliarios, además se flexibilizó el acceso al crédito, generando un buen empujón al empleo y el crecimiento económico. Con los años el beneficio se fue restringiendo para hacerlo más acorde a la realidad, de manera que ahora, restringirlo aún más, no lo veo oportuno, pues el sector de construcción atraviesa una crisis profunda, y sería sustancial reactivarlo, como se hizo en 1998, pues es un gran creador de empleo”.

Por otro lado, respecto de restringir la exención que beneficia a los arriendos de viviendas DFL-2, manteniendo el beneficio solo para la clase media, el abogado tributarista señala que “esta materia también es sensible, si bien en la vigencia de la normativa por décadas, se dieron figuras de exceso, hoy el sistema está bastante restringido, por ello segmentarlo aún más, sería ampliamente perjudicial especialmente para personas de tercera edad, que tienen en un par de propiedades habitacionales, que adquirieron hace muchos años, en ubicaciones que hoy tienen ubicaciones que le otorgan rentas que les permiten contar con ingresos para sustentar de buena manera su vejez, si se les restringe el beneficio verán mermados sus ingresos por la vía del pago de impuestos, sin recibir nada a cambio y afectando su calidad de vida”.