Estudio estima que IPS reforzado cuesta el doble de lo que proyecta la reforma previsional

Las AFP actualmente realizan 212 procesos operacionales que el Administrador Público Autónomo (APA) que crea la reforma previsional tendrá que absorber, homologar y operativizar; y la inversión y gasto que se necesitará para levantar esta nueva organización tendrá un costo económico alrededor del doble de lo contemplado en el Informe Financiero del gobierno si es que se quiere mantener una calidad de servicio similar a la que tienen hoy las AFP.

Eso es lo que revela una evaluación técnica y operacional que realizó Vinson Consulting por encargo de la Asociación de AFP, donde se evalúa de forma cuantitativa y cualitativa cuáles son las implicancias y riesgos de que el Instituto de Previsión Social (IPS) reforzado centralice las funciones de administración que se proponen en la reforma previsional, funciones que hoy en día desarrollan las AFP.

El socio fundador y director de Vinson Consulting, Salvador Muzzo, primero menciona que “nuestra especialidad es la administración de instituciones en sus procesos estratégicos, operativos, tecnológicos, comerciales, de gobernanza y su implementación práctica. No somos expertos en administración de fondos por lo que nuestra opinión es solamente en lo relativo a este administrador único que se haría cargo de la parte administrativa y operativa del sistema de pensiones y no de las otras entidades que administrarían los fondos desde un punto de vista financiero”.

Con todo, Muzzo considera que “el mayor riesgo es el traspaso de 212 procesos operacionales desde las diferentes AFP, cada una con sus propios sistemas informáticos y procedimientos, a una entidad única. Así, el desafío que ya sería complejo de tomar los procesos operativos de una AFP a un ente público que no tiene ninguna experiencia en ellos, se multiplica varias veces al sumarle simultáneamente la complejidad de homologar y estandarizar estos procesos en una entidad única con todos los afiliados al sistema, que superan los 11 millones”.

El informe de Vinson Consulting dice que este traspaso de 212 procesos “asoma como un riesgo alto con un potencial beneficio acotado para el afiliado”. Además, afirma que “la externalización de más de 200 procesos expone importantes dificultades de integración e inversión fiscal, donde no es claro que los proveedores puedan soportar la masividad del traspaso por sí solos”.

El estudio dice que “acreditar cotizaciones en un tiempo acotado, calcular y pagar distintos tipos de pensiones en tiempo y forma, integrar sistemas que soporten la masividad y consolidar los registros históricos, asoman como nuevos procesos altamente complejos de asumir para el APA”.

Según el análisis de la consultora, “no hay claridad de que en el mercado exista una cantidad de proveedores que permitan externalizar estas funciones de manera competitiva”.

Además, señala que “dada la complejidad de los procesos, el tiempo que ha tomado a las AFP instaurar sistemas y los períodos de licitación dentro del IPS, 24 meses asoma como un plazo acotado para completar las licitaciones”. Al respecto, menciona un ejemplo: “solo integrar los sistemas de AFP Cuprum y Santa María tomó tres años”.

Asimismo, recuerda que el IPS tardó un año y medio en la licitación e implementación de pagos con Caja los Héroes, y tardó cerca de dos años en licitación e implementación de pagos con BancoEstado. También dice que el proceso de separar la planilla de recaudación de Fonasa y la del IPS demoró cinco años, y el proyecto de digitalización del bono de reconocimiento tomó 12 años.

También menciona que “dos de cada tres compañías fusionadas declaran no haber completado con éxito el proceso. Para el caso de estudio, consolidar la operación de siete organizaciones diferentes en un nuevo ente refundado asoma como un enorme desafío”.

Muzzo menciona que “otro riesgo importante es que el Estado no tiene ninguna experiencia administrando este volumen de afiliados y transacciones. A modo de ejemplo Fonasa tiene una dotación de 1.183 funcionarios en 129 sucursales y aquí estamos hablando del triple de sucursales con seis veces más dotación y un volumen de transaccionalidad mucho mayor que en Fonasa”.

Por otro lado, Vinson Consulting realizó un análisis top-down para estimar las necesidades de inversión y gasto para el APA, y considerando la puesta en marcha y gastos adicionales, concluyó que el IPS tendrá que contar con $273.316 millones al 2024 y $291.215 millones al 2030.

Eso es sin deseconomías de escala, las cuales se producen cuando una empresa incrementa sus costos cuando aumenta su producción. Con deseconomías de escala el monto que proyecta la consultora es mayor. El cálculo considera el equipamiento de TI, la habilitación de sucursales, gastos de gestión por afiliado, arriendo de sucursales, y el costo por colaboradores adicionales.

Todo ello se compara con los $78.952 millones que proyecta el gobierno para el APA al 2024, y los $170.379 millones que estima el Informe Financiero para 2030.

Adicionalmente, para el modelo bottom-up se observó la dotación a incorporar al APA y el gasto fiscal en que se incurriría para mantener los niveles de servicio que tienen hoy en día las AFP, y concluye que sin deseconomías de escala se necesitarían $256.457 millones al 2024, esto es un alza de 325% respecto a lo planteado en la reforma. Y se requerirían $322.966 millones al 2030, lo que implica un aumento de 190% respecto a lo planteado en el proyecto del gobierno, según proyecta la consultora. Considerando deseconomías de escala los montos serían incluso mayores, según estima Vinson Consulting.

“Al comparar los resultados de ambos modelos, notamos que en ambos casos se necesitaría aproximadamente el doble en dotación y en gasto a 2030″, dice el estudio, y estima que según el modelo top-down se requeriría incorporar una dotación de 1.364 personas al 2024 y 4.981 personas al 2030. En paralelo, según el modelo bottom-up, se necesitarían 2.225 personas al 2024, y 4.697 al 2030.

Muzzo cree que uno de los temas “a revisar muy fuertemente por parte del gobierno son los costos y plazos que ellos proyectan que pensamos están muy subestimados. Nuestra estimación es prácticamente el doble de lo que propone el gobierno y está validada con dos métodos diferentes. Los ahorros también están muy sobrestimados y al final ocultos en el presupuesto de esta nueva entidad. Los plazos también son demasiado optimistas”.

Y añade que “según el Informe Financiero publicado por el Ministerio de Hacienda serán 1.732 los nuevos funcionarios que compondrán el APA, en 2030. Nuestros cálculos toman en consideración la realidad del sistema y de los procesos que deben llevarse a cabo. Hay AFP que tienen una cantidad similar de funcionarios para atender a 2 o 3 millones de afiliados, mientras el APA tendrá que cubrir las necesidades de más de 11 millones”.

Así, dice que “es necesario tener una dotación que pueda ofrecer un buen estándar de servicio a esta magnitud de afiliados. Nosotros aislamos todas las funciones que hoy hacen las AFP que no serán responsabilidad del APA, y estimamos la necesidad de cerca de 4.700 personas que incluso podrían ser más si consideramos potenciales deseconomías de escala”.

En todo caso, señala que “no conocemos el detalle de la estimación del gobierno por lo que no podemos asegurar a qué se debe la diferencia, pero si consideras que hoy las AFP tienen más de 200 sucursales, incluso logrando una reducción de ellas requerirás de muchos funcionarios para atender a los afiliados, en una industria con una recurrencia alta y masiva de atenciones con naturalezas variadas”.

Otra de las conclusiones a la que llega el estudio de la consultora, es que hoy “la competencia entre las AFP las impulsa a desarrollar buenas experiencias a los afiliados. La disminución en competencia puede generar una merma en la calidad de atención al cliente”.

Por otra parte, el documento señala que “existen riesgos políticos, culturales, normativos, organizacionales, laborales y de seguridad que deben ser considerados para una correcta implementación del proyecto”.