Dueña de proyecto Dominga presentará querella contra Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo por ocultación de antecedentes

Primer Tribunal Ambiental deja en acuerdo definición sobre proyecto minero Dominga

Andes Iron acusa a Leonardo Gros de "haber omitido de manera deliberada antecedentes básicos y objetivos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, acción que perjudica de manera gravísima a la compañía”.


Andes Iron, titular del proyecto minero y portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera, anunció que ejercerá acciones legales en contra del Seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros, y contra quienes resulten responsables, “en razón de haber omitido de manera deliberada antecedentes básicos y objetivos al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, acción que perjudica de manera gravísima a la compañía”.

Al respecto la empresa recordó que hace varios meses el Ministerio del Medio Ambiente ha venido trabajando en una propuesta para crear un Área Mariana Costera de Múltiples Usos (AMCPMU) que abarca el sur de la Región de Atacama y el norte de la Región de Coquimbo (específicamente en la comuna de La Higuera).

En ese contexto, el 7 de julio el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático fue convocado para pronunciarse sobre una propuesta concreta presentada por el Ministerio del Medio Ambiente, la cual se basaba en un informe elaborado por la entidad ejecutora GEAMCHILE.

Concesiones vigentes

Esta propuesta señalaba que quedarían excluidas de la zona protegida todas aquellas concesiones marítimas vigentes, omitiéndose la concesión marítima vigente que posee Andes Iron en la Bahía Totoralillo Norte, otorgada por Decreto N°405/2012 del Ministerio de Defensa, que le permite instalar un terminal de embarque para concentrado de hierro, señaló la compañía.

Precisó que “ante esta omisión, antes de la mencionada reunión, Andes Iron envió una carta al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, representando a la instancia la ya señalada inexplicable discriminación”.

“Pese al reparo realizado, durante la reunión del 7 de julio y frente a consultas realizadas por miembros del Consejo respecto de cómo impactaría la creación de AMCP-MU para distintos proyectos de puertos en La Higuera, el Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo, faltando a la verdad, indicó que Dominga no contaba con concesión marítima”, agregó.

Por esto la compañía sostuvo que “para Andes Iron la conducta del señor Gros, sumada a un conjunto de eventuales irregularidades en torno al intento de declaración de la señalada AMCP-MU, podría corresponder a posibles delitos de prevaricación administrativa y ocultación documental, además de otras figuras sancionadas por la normativa administrativa”.

Ante ello, anunció que en los próximos días se presentarán las respectivas querellas para que el Ministerio Público investigue estos hechos, que a juicio de la compañía resultan perjudiciales para el desarrollo de Dominga y limitan el futuro de la Región de Coquimbo al pretender cerrarse la posibilidad de desarrollo de puertos, plantas desaladoras, corredores bioceánicos, actividades mineras e industriales, entre otras.

Rechazo del proyecto

En enero de este año el Comité de Ministros rechazó de forma unánime el proyecto Dominga tras pronunciarse sobre doce recursos de reclamación, de veintiséis en total, presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El episodio sumó un nuevo capítulo a la larga y polémica historia de la iniciativa, que considera una inversión cercana a los US$2.500 millones. El 30 de junio la empresa fue notificada formalmente de la decisión adoptada por los ministros Maisa Rojas, de Medio Ambiente; Diego Pardow, de Energía; Marcela Hernando, de Minería; Nicolás Grau, de Economía; Esteban Valenzuela, de Agricultura; y Ximena Aguilera, de Salud.

La notificación formal de la decisión era clave, porque solo con eso la empresa podía reclamar a la justicia, cosa que anunció que hará. “Recurriremos ante los Tribunales Ambientales tal como lo establece la ley, en un plazo máximo de 30 días. Esta instancia analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que los organismos técnicos resuelvan conforme a derecho”, reaccionó la empresa en una declaración enviada a Pulso ese mismo día.

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