El diálogo secreto entre Codelco y Chilena Consolidada

Desde julio de 2018 que Codelco y Chilena Consolidada están conversando respecto del sobrecosto que tenían las pólizas de seguros de vida y accidente que existían en los sindicatos de Chuquicamata y Radomiro Tomic. En enero de 2019 la aseguradora reconoce el cobro adicional y en octubre señala que solo pagarán un período menor y no los 14 años que se extendieron los contratos. El tema complica al directorio de Chilena Consolidada, quienes están conversando con Guerrero y Olivos y también con Cariola Diez Pérez-Cotapos para asesorarlos en el caso.


Más de un año de intensas conversaciones ha tenido Codelco con Chilena Consolidada, empresa identificada por la minera como parte del "fraude orquestado" del que fue objeto entre 2004 y 2018.

Desde mediados de 2018 que la minera ha intentado cambiar la estructura con que opera la firma de seguros -ligada a Zurich Insurance Group- en relación a los seguros de vida y accidente que los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata tenían con la aseguradora desde el año 2004 al 2019 y con Radomiro Tomic entre 2008 y 2016.

Los acercamientos entre las partes habrían terminado solo unos días antes de la drástica decisión que la estatal tomó esta semana de acudir a la justicia, acusando estafa y un perjuicio económico de US$ 22 millones. La decisión incomoda a la privada, pues gracias a las conversaciones, la minera logró cortar el vínculo de los sindicatos con Gestión y Servicios, empresa que prestaba servicios de asesoría legal y orientación psicológica de forma tercerizada para Chilena Consolidada, y, asimismo, era asesora de los gremios durante los procesos de licitación y renovación de las pólizas. Gestión y Servicios, indica Codelco en su demanda, era el instrumento por donde se elevaba el valor de las primas de los seguros.

El primer acercamiento entre Codelco y Chilena Consolidada se dio en julio de 2018, cuando la minera se da cuenta del sobrecosto de las pólizas y le pide a Chilena Consolidada que saque a la intermediaria del paso. La solicitud, cuentan las fuentes consultadas, se dio en buenos términos, pero se hizo hincapié en el conocimiento de la fuerte diferencia de la tarifa y también en que, si el camino era la vía legal, la minera se centraría solo en GyS. La distinción le convenía a la aseguradora, pues un año antes se había adjudicado la cobertura de los seguros de salud, vida, dental y catastrófico de todo Codelco, período que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2019.

De hecho, los avances fueron fructíferos, pues en agosto de 2018, Chilena Consolidada hizo su primer gran gesto, detalla una fuente de la minera, y saca a Gestión y Servicios como intermediaria entre la aseguradora y el sindicato de Radomiro Tomic. "Esa fue la primera muestra concreta respecto del cuestionamiento de GyS en RT, porque Chilena lo saca", señala la fuente.

Los diálogos se mantuvieron y ya en enero de 2019 Chilena Consolidada reconoce los sobreprecios y la privada y Codelco comienzan a conversar sobre el mecanismo para devolver los dineros cobrados de manera adicional. Los diálogos continúan y en octubre la aseguradora le ofrece a Codelco firmar un documento para formalizar la devolución de -al menos- parte de las primas pagadas en exceso. Pero en ese momento se generó el quiebre mayor, pues la minera se niega, ya que el acuerdo solo contemplaba el pago de las primas pagadas a partir del 13 de agosto de 2018, dejando fuera los cobros excesivos que se venían cancelando desde al menos, 2005.

Aseguradora en alerta

Pero la señal que dio Codelco en la medida prejudicial que en estos días interpuso en el 29 Juzgado Civil de Santiago contra la compañía de seguros, prendió nuevamente las señales de alerta en la alta gerencia y en el directorio de Chilena Consolidada.

En la acción legal, la cuprera declara abiertamente la intensión de preparar una acción civil en contra de la compañía de seguros, para lo cual está solicitando, de parte de la "futura demandada", la entrega del informe final y las conclusiones de la investigación interna que la compañía realizó en 2019 y que solo quiso entregar a Codelco previa firma de un acuerdo de confidencialidad, el que indica expresamente la obligación de "no usar, por sí o a través de personas o sociedades relacionadas, hoy ni en el futuro total o parcialmente, la Información Confidencial, sin autorización escrita de la Parte 11 Reveladora", exigencia que fue rechazada por la minera.

Codelco también está solicitando la exhibición de las actas de las sesiones del directorio de la privada donde se haya discutido y/o se haya brindado información acerca del caso. Añade la estatal que "lo anterior no solo permitirá conocer detalles de la participación de la futura demandada en el fraude, sino, eventualmente, develar la responsabilidad de los miembros de su directorio", en el caso.

Este último punto tiene a la mesa de Chilena Consolidada, presidido por Hernán Felipe Errázuriz, conflictuada. Cercanos al directorio aseguran que varios de sus miembros reconocen que este es un caso "de la más extrema gravedad". Incluso, una persona al interior de la mesa expresó que "una persona como yo no se va a prestar para una maquinación semejante". En línea con lo anterior, otras fuentes internas de la compañía de seguros, aseveran que el directorio está dilucidando si es que esto ha sido una política de la empresa o de un par de ejecutivos en particular.

Mientras eso se despeja, el directorio ya estaría trabajando en la revisión de las actas que está solicitando Codelco, y cercanos a la mesa dicen que sus miembros se sienten seguros de no tener responsabilidad en este problema. Remarcan que, a diferencia de los ejecutivos, no tienen bonos de incentivo por aumento de las utilidades o por ventas.

En cuanto a los ejecutivos, la compañía de seguros ya habría tomado medidas, pues casi todos los ejecutivos que estuvieron involucrados en los seguros que la firma tenía con los sindicatos de Codelco, ya no pertenecen a la aseguradora. Fue el caso de Arturo Fuenzalida, gerente de Empresas Generales e integrante del selecto grupo de 40 ejecutivos a nivel mundial de Zurich, el que fue removido de su puesto luego de estar cerca de una década en la compañía. De esa época, queda en la compañía el gerente general, José Manuel Camposano.

Según conocedores del caso, el directorio de Chilena Consolidada tomó conocimiento de estas irregularidades con la minera en mayo de 2019, a través de un oficio que le envió la Comisión de Mercado Financiero (CMF), quien el lunes pasado volvió oficiar a Chilena Consolidada requiriendo información sobre este caso. Una fuente cercana al directorio devela que desde que la mesa supo del caso, ésta ha redoblado su deber de asegurarse de que existan los procesos que eviten futuros casos como el de Codelco, ya que Chilena Consolidada también tiene contratos con Collahuasi, los que tienen vigencia hasta este año.

Pero el directorio de Chilena Consolidada está complicado, además, porque internamente no hay una visión única respecto de la forma en que deben actuar. Fuentes allegadas a la compañía aseguran que hay miembros del directorio que están pujando para que se pague todo el dinero de sobreprecios acumulado en todos los años. "Es injusto que la empresa no se haga cargo de esto, porque le corresponde, pero obviamente también hay culpa de Codelco", matiza una fuente cercana a la aseguradora.

Altas fuentes de la firma de seguros, a modo de explicar la imposibilidad del directorio de haber descubierto estas irregularidades, puntualizan que los precios de mercados de las primas no son todos iguales, por lo que es difícil fiscalizar internamente tal aspecto. Eso sí, advierten que es potestad de la administración ejercer ese control.

Conocedores del caso dicen que nadie del directorio ha pensado en renunciar desde que tomaron conocimiento de este caso. "Renunciar sería admitir una responsabilidad que no tienen", expresan.

Para enfrentar este caso, el directorio ha estado siendo asesorado por Guerrero Olivos y también por Cariola Diez Pérez-Cotapos.

Caiga quien caiga

En Codelco quieren llegar hasta las últimas consecuencias. La meta de la estatal es recuperar los US$ 22 millones que estima como perjuicio económico, de los cuales US$ 11 millones corresponden al sobrecosto que incurrieron los 5.300 trabajadores de Codelco que son integrantes de los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuquicamata y de RT, quienes pagaban el 50% de las primas.

Por eso, formalmente hoy las conversaciones entre la estatal y la compañía de seguros están quebradas, aunque las fuentes consultadas indican que en estos días ha habido acercamientos tildados como "cordiales", donde a la minera se le ha insinuado la necesidad de llegar a un entendimiento.

Esa tarea no es fácil, porque el directorio de la estatal está firme en su convicción de terminar el proceso que el lunes inició Codelco en la justicia. "No es la idea llegar a un entendimiento. Sí se eligió esta vía (judicial) hay que seguir por ahí", señala una fuente vinculada al directorio de la minera.

La mesa que lidera Juan Benavides conoció los alcances del caso a fines de diciembre, cuando finalizó la investigación interna que realizó la minera, luego de la entrega, por parte de Cochilco, de la auditoria que el organismo fiscalizador comenzó en abril -gracias a una denuncia anónima ante el ministro de Minería, Baldo Prokurica- y que finalizó en septiembre del año pasado.

"Se sabía que Codelco tenía que presentar algún tipo de acción, pues solo con el informe de Cochilco se apreciaba la existencia de un delito", indica una fuente de gobierno. Es que el tema también era de conocimiento del Ministerio de Minería y de la Contraloría, instancias que fueron informadas del caso por parte del organismo que hoy es dirigido por Marco Riveros.

Ese punto no es menor, pues existe la posibilidad que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se haga parte del proceso, al existir un daño al patrimonio fiscal, dado que Codelco es una empresa estatal. Este punto complica al directorio de la minera, la que ya está en un proceso judicial ante el 25 Juzgado Civil de Santiago, donde el CDE está apoyando a la Contraloría en la disputa que nace en 2017 y que está relacionada con la facultad del organismo que dirige Jorge Bermúdez de fiscalizar a Codelco.

"En ese punto hay versiones jurídicas cruzadas y es un tema delicado que me imagino se tendrá que poner sobre la mesa en las próximas reuniones de directorio de Codelco", cuenta un cercano a la mesa.

Añade que el tema trae nuevamente a la palestra si Codelco debe ser tratada como una empresa pública o bien como una sociedad anónima, tesis que defiende la cuprera.

El tema se debería despejar el próximo jueves 30 de enero, fecha en que se realizará la primera reunión formal del directorio de este 2020.

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