Ángel Simón, ejecutivo de Veolia, controladora de Aguas Andinas: “Necesitamos una tarifa de cambio climático”

El histórico ejecutivo español afirma que se debe establecer un precio "que enfrente los mayores consumos de una determinada manera, y los que están subsidiados y consumo básico, de otra determinada manera". También propuso que las empresas sanitarias puedan participar de los sistemas de Agua Potable Rural (APR). “Hablemos de cómo volvemos y cómo realmente solucionamos este problema”, sostuvo.


Una evaluación positiva del despliegue de las empresas privadas en el sector de las sanitarias y un análisis de los desafíos que impone la sequía y el cambio climático para los próximos años, entregó este lunes el histórico ejecutivo español Ángel Simón. El primer gerente general de Aguas Andinas tras la privatización de la antigua Emos, hoy vicepresidente senior Iberia & Latam de Veolia, la controladora de la sanitaria chilena, expuso en un seminario organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI). Allí, recordó la iniciativa que Aguas Andinas presentó en noviembre de 2023 para hacer frente a la crisis hídrica, conocida como BioCiudad.


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“Aguas Andinas ha hecho una propuesta de cómo enfrentar desde el ciclo urbano el cambio climático. Nuestra propuesta obviamente pasa por el esquema que tenemos actualmente, es decir que el operador, Aguas Andinas, es capaz de financiar todo lo que necesitamos”, explicó, agregando que las inversiones suponen entregar “una mayor resiliencia en toda el área de Santiago, de la reutilización y también por supuesto de una mayor eficiencia en el consumo de los ciudadanos”.

En esa línea, afirmó que “para eso necesitamos una tarifa de cambio climático que enfrente los mayores consumos de una determinada manera, y los que están subsidiados y consumo básico, de otra determinada manera”. Y agregó: “Creo que el modelo actual nos permite hacer eso”.

No obstante, en cuanto a cómo abordar las brechas de abastecimiento y saneamiento de aguas servidas en sectores rurales, Simón fue claro y directo: “La solución de los sistemas de Agua Potable Rural (APR) es bastante clara, pasa por las sanitarias. Hablemos cómo desde las sanitarias arreglamos el problema de las APR”, señaló.

Y agregó, en relación a lo mismo: “Es una desgracia que las sanitarias hayan salido. A mí personalmente no me gusta que Aguas Andinas haya salido en la región Metropolitana cuando sabemos que la única solución pasa por Aguas Andinas. Hablemos de cómo volvemos y cómo realmente solucionamos este problema”, dijo ante una audiencia donde estaban presentes la ministra de Obras Públicas, Jessica Lopez, y el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas.

En su alocución, Simón defendió el éxito de la privatización de las empresas sanitarias, proceso que encabezó la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

“Es obvio que el sistema ha funcionado, ha ido muy bien (...) Yo creo que cada actor hizo el trabajo que le correspondía. Ha habido un gran trabajo por parte de la superintendencia, por parte de lo que fue el gobierno, y por parte del sector privado. Todos los ámbitos de esta colaboración público privada teníamos muy claro cuáles eran los objetivos y ahí nos dirigimos”, comentó.

El ejecutivo español recordó que el sector privado “si aportó algo fue conocimiento, fue tecnología, fue capacidad de gestión. Sin estas tres cosas, una parte del sector no hubiera cumplido sus compromisos”.

Según detalló, la puesta en marcha del sistema privado de sanitarias fue posible gracias a la visión compartida y objetivo común con las autoridades y el regulador, por lo que abogó por un buen sistema regulatorio, donde el encargado “sabe exactamente dónde está (...) qué es lo que pretende, qué calidad de servicio quiere, y el operador ser capaz de prestar este servicio de la forma más eficiente posible, al menor costo posible, pero el regulador define lo que quiere, define la calidad de servicio que quiere. Lo que no puede ser es que pida un servicio de una calidad excelente a un precio bajo”, sostuvo.

“El buen regulador es el que, cumpliendo la normativa vigente del país, entiende cuáles son las necesidades y marca claramente cuál es la calidad de servicio, y conversa, sobre todo conversa, porque de la conversación sale el acuerdo, no del decretazo”, remarcó.

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