Las reformas sociales y políticas, un corazón que quiso ser mayor

Sin duda, la principal motivación de Michelle Bachelet y la razón de ser de la Nueva Mayoría son las reformas sociales y políticas. En las 198 páginas del programa de gobierno, la mandataria detalló un extenso listado de cambios que quiso introducir en el país y que intentó cristalizar en estos cuatro años.

"Si usted me dice cuál es el Chile al que nosotros aspiramos, es un Chile más justo", sintetizó Bachelet en abril de 2013, en su primera entrevista como precandidata, algunos días después de volver de Nueva York. En ese entonces dijo que durante los gobiernos de la Concertación "hubo reformas importantes y hubo otras que parecieron importantes pero demostraron ser insuficientes", pero que tenía la certeza de que los desafíos sociales "o se enfrentan de manera profunda o no vamos a lograr el objetivo deseado de un país más desarrollado".

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Pero, a días del cierre de su administración, el panorama sobre el corazón de su proyecto es disímil: algunas reformas no salieron como pretendía, como fue el caso de los proyectos educacionales, hubo situaciones inesperadas que obligaron a la Presidenta a modificar su cronograma, como los casos de corrupción y la agenda de probidad, y en otros casos optó por descartar algunas ideas, como la reforma a la salud. Pero en otras propuestas tuvo pleno éxito, como en la despenalización del aborto en tres causales. Se trata de un legado complejo, de cambios que, en su mayoría, tendrán que ser juzgados a largo plazo, pero que no dejaron indiferentes a nadie y que pasarán a la historia.

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Seguramente cuando Bachelet pensó en incorporar en su programa las reformas educacionales, con la intención de recoger las demandas del movimiento estudiantil, no pensó en que se iba a encontrar con una oposición tan grande.

"El proceso político de este conjunto de reformas ha sido áspero, y ha tenido la oposición frontal de quienes aún consideran que la provisión privada de la educación es una mejor opción que la provisión pública", dijo hace un año, al hablar sobre los avances de la gratuidad.

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Los problemas comenzaron tempranamente, en el primer año, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de la Ley de Inclusión, que ponía fin al lucro, a la selección y al copago en los colegios particulares subvencionados. La derecha se opuso tenazmente, acusando que la propuesta excluía a los padres de su legítimo derecho a aportar y decidir sobre la educación de sus hijos. Pero a esa postura también se sumó parte de la DC, motivados sobre todo por la opinión de las escuelas católicas, lo que provocó los primeros desencuentros en el oficialismo.

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Las críticas al Gobierno aumentaron luego de que el ministro de Educación de la época, Nicolás Eyzaguirre, asegurara que quería quitarle los patines al sector particular subvencionado para nivelarlo con el municipal.

Más allá del percance, estas posturas se enfrentaron durante toda la agenda legislativa educacional, como en la desmunicipalización, que traspasará a los colegios a servicios estatales, y la Ley de Educación Superior, que fijó los parámetros para avanzar en la gratuidad por las próximas décadas y que creó un nuevo marco regulatorio. "Es la reforma educacional más importante de los últimos 50 años", dijo la ministra Adriana Delpiano a fines de enero, cuando por fin lograron la aprobación de los últimos proyectos.

Otra propuesta significativa, pero que tuvo un poco más de consenso, fue la agenda de reformas políticas, partiendo por el cambio al sistema electoral. La promesa del Gobierno era acabar con el sistema binominal, modelo impuesto en los 80 que impedía el surgimiento de otras opciones políticas y cuyo compromiso fue vital para, por ejemplo, sumar al PC a la Nueva Mayoría.

La relevancia del cambio, aprobado en 2015, es que sus efectos ya fueron percibidos por la población: en la última elección, el Frente Amplio logró instalarse como actor en la Cámara como un tercer actor. Y a todo eso, se sumó la aprobación en 2016 del voto chileno en el exterior, otra de las promesas históricas de algunos partidos de la coalición.

"Han pasado casi tres décadas de lucha por tener un nuevo sistema electoral que le abriera paso a la izquierda en el Parlamento. Gracias a todos los que se rebelaron y dieron su vida por esta causa", dijo la diputada Camila Vallejo (PC) cuando se aprobó el fin al binominal, aludiendo a la causa de Gladys Marín.

Pero el Ejecutivo tuvo que tramitar también otros proyectos por problemas que surgieron en el camino, como la agenda de probidad y transparencia. La propuesta se hizo necesaria cuando estallaron los escándalos al financiamiento de la política, que involucraban sobre todo a parlamentarios de derecha, aunque también a algunos del PPD, y se volvió urgente cuando surgió el caso Caval, que envolvió a la familia presidencial en un manto de dudas.

De esta manera, el Gobierno tramitó un cambio al sistema de partidos, colocando nuevas reglas a las colectividades e instaurando el financiamiento trimestral a la actividad política, y convocó a la Comisión Engel a pensar en propuestas para combatir la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés, medidas que en su mayoría se encuentran aprobadas.

Pero también quedó un gran pendiente, quizás el más grande de esta administración, que es el no haber cambiado la Constitución. Era una de las propuestas más importantes, pero La Moneda sólo concretó su fase de participación ciudadana -más de 200 mil personas acudieron a los cabildos del gobierno- sin enviar al Congreso del proyecto de Nueva Constitución, lo que recién ocurriría en marzo, en los últimos días del período.

"Nunca se dijo que se iba a tramitar, porque siempre dijimos que era para que fuera tramitado en el nuevo Congreso elegido, a través del nuevo sistema electoral", explicó en enero el ministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente, quien sigue de cerca el trabajo de redacción del nuevo proyecto.

Los temas valóricos suelen generar grandes diferencias en el mundo político y este periodo no fue la excepción. Por eso todos miraron con atención la discusión del proyecto de despenalización del aborto en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación), que enfrentó a sectores progresistas y religiosos a una guerra sin cuartel.

Por parte del Gobierno, la batalla estuvo a cargo de la ministra de la Mujer, Claudia Pascual, quien pese a toda la oposición logró que el Congreso aprobara el proyecto. Y luego, días después, el Tribunal Constitucional lo ratificó, transformando a este en quizás el mayor triunfo de Bachelet, uno que según los analistas será el sello de este Gobierno.

"Estamos convencidos que la mujeres deben tener la opción de decidir. Desde 1990 se han presentado 17 mociones, sin duda cada una de esas mociones fue un aporte para la discusión que estamos dando", dijo durante el trámite la ministra Pascual.

Por contraparte, otras materias no lograron avances. Quizás la más emblemática es la reforma a las isapres, la propuesta que reforzaría al Fonasa y que pondría una regulación mucho más exigente a los seguros privados. Pese a la relevancia del tema y a que existió una comisión asesora que entregó una propuesta, en la segunda mitad de la administración La Moneda decidió priorizar otras áreas y dejar esta reforma para un próximo gobierno. El matrimonio igualitario tampoco verá la luz en esta administración.