Gobernabilidad y empresa

El mundo ha cambiado y en eso el consenso es absoluto. En este contexto, la gobernabilidad mundial se ha vuelto cada vez más compleja, existiendo acuerdo también en ello. Pero en lo que no existe suficiente avenimiento es en la responsabilidad que les corresponde asumir a los distintos actores, públicos y privados, en la consecución y mantenimiento de la misma.

Si la gobernabilidad ha sido definida por algunos como una situación de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas que provienen de la sociedad y la capacidad del sistema político, ya sea el Estado o el gobierno de turno, para responderlas de manera legítima y eficaz, pues es en consideración de la nueva realidad mundial que dicho entendimiento debe ampliarse. Efectivamente, amerita tener en cuenta que el tipo de demandas exigidas por la sociedad son cada vez más complejas y diversas; asimismo, los estados ya no son capaces de resolverlas por sí solos. Por lo tanto, se requiere incorporar al sector privado en la conquista y conservación de la gobernabilidad, tanto global como local. En efecto, en el mundo de hoy las empresas no pueden desconocer el rol público y la responsabilidad que les cabe en este equilibrio de fuerzas.

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Lo anterior resulta evidente al analizar los desafíos que imponen al sector privado diversos tratados y convenciones internacionales, asignándole un rol cada vez más preponderante en la resolución de problemáticas globales que antiguamente fueron resueltas exclusivamente por los estados. El lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y últimamente los derechos humanos, son algunos de los temas públicos en que se les está exigiendo a las empresas que cumplan un papel cada vez más activo y decisivo a la hora de asegurar gobernabilidad.

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Dicho de otra manera, es evidente que hoy las empresas y el sector privado deben cumplir un rol en el equilibrio de variables que otorgan gobernabilidad a los estados. Chile no debe ni puede ser la excepción.

En nuestro país, la vigencia de varias leyes deja de manifiesto lo anterior, como por ejemplo la Ley 19.913 que establece obligaciones específicas para algunos sectores de la economía en el ámbito de la prevención y detección de delitos, asignándoles responsabilidad a ciertas empresas en la identificación de operaciones sospechosas que alerten tempranamente a las autoridades sobre la eventual existencia de delitos.

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Otro ejemplo lo constituye la Ley 20.393 al ampliar el ámbito de involucramiento en la prevención y detección de irregularidades y delitos de alta connotación económica y social a todos los sectores económicos, sin distinción.

Sin embargo, y a pesar de todo este contexto, para algunos aún persisten dudas sobre si son las empresas privadas las llamadas a resolver problemáticas públicas o deficiencias en la gobernabilidad de los estados. Si se analiza desde otro perspectiva que permita resolver esos cuestionamientos, se puede afirmar que ningún Estado, por más poderoso que sea, es invulnerable por sí solo a las amenazas actuales. La comunidad global necesita dar y recibir cooperación y no sólo de parte de otros estados, sino que también del sector privado para encarar algunas de las amenazas más urgentes que ponen en riesgo la gobernabilidad mundial.

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La invitación es a que nuestras empresas sean cada vez más conscientes de su propia vulnerabilidad, y a su vez lúcidas de la poderosa influencia que pueden ejercer para contribuir a tener un mejor país, una economía estable y una sociedad más armónica. Somos todos responsables de los demás.

*La autora es socia KPMG, Advisory Forensic; ex superintendenta de Pensiones y ex directora UAF.