Entrevista con el director del Trabajo, Christian Melis: "La DT no puede estar sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno, debe tener una autonomía en su gestión"

EL director del Trabajo, Christian Melis, tiene clara su película: "Soy militante de la DC y entiendo que la DC debe ser un partido de oposición; por lo tanto, no tengo ninguna tentación en relación al nuevo Gobierno". Así, el abogado confirma que tras el cambio de administración dejará el servicio y se irá a la academia. En una de sus últimas entrevistas en el cargo, se refiere a los desafíos de la Dirección del Trabajo (DT) en la próxima administración.

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-Está en una etapa de consolidación de aquellos proyectos que se fueron elaborando y madurando durante esta administración y que tenían que ver con el corazón de lo que se quería hacer. Hace cuatro años nos planteamos dos grandes líneas de acción; una era prepararnos para la implementación de la Reforma Laboral y, en segundo término, poner a la institución en una lógica de modernización que tenía varios componentes, como un proyecto de ley con aggiornamento de facultades y el aseguramiento de la carrera funcionaria. Ese proyecto está hoy en tramitación en el Congreso. También ya llevamos un año de puesta en marcha del proyecto de modernización con el Ministerio de Hacienda y el BID. Creo que el principal desafío que tiene la institución es el tema de la modernización, ese proyecto está pensando en el mediano plazo. El desafío que tiene la institución es cómo es capaz de dar continuidad a ese proyecto, con las particularidades y énfasis que pueda darle la próxima administración.

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-La DT ahora está en el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), este sistema se gatilla a medida que se vayan produciendo las vacantes de los cargos dentro del sistema. Allí está el director del Trabajo, los departamentos operativos relevantes y los cargos de direcciones regionales. Los departamentos operativos sí o sí entran una vez que se produzca la vacancia y en el cargo de director sucede lo mismo, pero existe la posibilidad de que el Presidente de la República pueda reservar doce servicios públicos de designación directa. Por lo tanto, habrá que ver para el caso del director cuál es la modalidad que se utiliza. Creo que el futuro Gobierno tiene la tremenda oportunidad de materializar la autonomía de la Dirección del Trabajo, que es una discusión transversal. La Dirección del Trabajo no puede estar sujeta a los vaivenes de los gobiernos de turno, debe tener una autonomía en su gestión.

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-Yo entré nombrado por la Presidenta Bachelet y, por lo tanto, siempre he entendido que mi gestión dura lo que dura el Gobierno de la Presidenta. Es bueno que en las instituciones haya recambio, que llegue gente nueva, más allá de lo que pudiese ser una decisión del próximo Gobierno, de que me quedase o no en el cargo. Es una decisión que tengo tomada hace mucho tiempo de dejar el cargo al término del período de la Presidenta Bachelet.

-Seguir haciendo clases, tengo algunos ofrecimientos de unas universidades para hacer clases de postgrado y voy a volver al ejercicio de la profesión de abogado.

-Desde el punto de vista político soy militante de la DC y entiendo que la DC tiene que ser un partido de oposición. No tengo ninguna duda sobre el domicilio político que debe tener la DC; por lo tanto, no tengo ninguna tentación en relación al nuevo Gobierno.

-A poco menos de un año de la entrada en vigencia y después de un año de la publicación de la ley la reforma está bastante en régimen. La etapa más crítica que era el período de transición ya pasó y pasó bastante bien. Los actores empresariales y sindicales se adecuaron bastante bien a la reforma. Tengo la impresión que la DT sorteó con bastante holgura lo que fue la implementación de la reforma. Por lo tanto, los temas que quedan, que son más estructurales, tienen que ver con ciertas definiciones producto del paso de la ley por el Tribunal Constitucional (TC), donde en materia de grupos negociadores se dejó sin procedimiento; por lo tanto, esa es una definición que va a venir hacia futuro. Lo que hemos dicho es que sin desconocer el derecho que tienen las personas como colectivo de poder negociar el procedimiento de negociación y los efectos de eso tiene que regularlos el legislador, no corresponde a la Dirección del Trabajo hacer esa regulación. Esa es una discusión que se va a dar en el futuro cercano y que tiene que darse en el Parlamento. Un segundo tópico tiene que ver con los servicios mínimos, donde tenemos 35 casos de judicialización, si eso se compara con el número de requerimientos que son cerca de 500 y con el número de negociaciones colectivas, el porcentaje de judicialización es muy bajo. Esta es una discusión procesal, que ha tenido que ver con la competencia de los tribunales a partir de una cierta definición bastante uniforme de los tribunales de instancia de declararse incompetentes para conocer esas calificaciones. Allí hay un tema que el nuevo gobierno y el Poder Legislativo tendrán que dilucidar: si esa es una discusión que se le deja entregada al ámbito judicial o se opta por la vía de un tipo de regulación que establezca la revisión expresa en sede judicial.

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-Hay una discusión que tiene que ver con el rol del TC, esa discusión la tiene que tener el país en cuanto a la crítica de que el TC se transforme en especie de tercera cámara, en un órgano contra mayoritario. Mi impresión a partir de ese fallo es que si bien hay cuestiones que pueden ser parecidas los supuestos de base son distintos. El proyecto de Sernac pretendía incorporar a la institución funciones fiscalizadoras e interpretativas, a diferencia nuestra esas son funciones que sí tenemos hace décadas. Habrá que seguir el derrotero de la tesis que se está esbozando en el TC, que no sólo afectaría a la DT sino que al SII y a otras instituciones. Pretender que esto se radique en tribunales a nuestro juicio sería un error. Siempre debe haber un control jurisdiccional respecto de lo obrado por el ente administrativo y en caso nuestro cuando aplicamos sanciones son revisables en sede administrativa y judicial. Una tesis que radique sólo el poder sancionador en lo judicial es una forma de mermar los derechos de las personas solapadamente.