En Estados Unidos y Europa, entre otros mercados desarrollados, las empresas abiertas en Bolsa deben entregar información a los organismos reguladores sobre el impacto de su actividad en el medio ambiente, donde incluso divulgan datos acerca de su huella de carbono.

Algo que no ocurre en Chile actualmente. Sin embargo, es posible que en un plazo no muy lejano las sociedades anónimas abiertas que participan del mercado local comiencen a hacerlo.

"Hoy día, cada vez es más común que inversionistas tomen en cuentan factores más allá de los financieros al momento de invertir. En particular, factores relacionados a responsabilidad social y desarrollo sostenible. El objetivo de la CMF es adaptarse a esta tendencia global y requerir a las empresas divulgar información más allá de la financiera de utilidad para los inversionistas", afirma Mauricio Larraín, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En ese contexto, Larraín revela que "el Consejo de la CMF está evaluando perfeccionar la normativa 386, como parte de nuestro plan regulatorio 2019".

Actualmente, esta normativa, emitida en 2015 en reemplazo de la antigua norma N° 30, exige que las firmas entreguen información al público sobre diversidad (género, edad y nacionalidad) y acerca de la brecha salarial por género. Pero con el perfeccionamiento que busca hacer el regulador financiero, las compañías también deberán informar sobre su relación con el medio ambiente y la sociedad (ESG, por su sigla en inglés).

"Por ejemplo, en el plano medio ambiental, estamos contemplando exigir información acerca de huella de carbono y cantidad de energía usada por la empresa. En el plano social, divulgar información acerca de plazos de pagos a proveedores. Adicionalmente, estamos introduciendo una mejora metodológica para hacer más comparable la brecha salarial entre empresas", explica el comisionado.

Si bien no detalla los plazos que vienen, indica que, al igual como lo hacen con todas las normas que emiten, el cambio de la 386 contempla un proceso de consulta pública. "Este proceso es muy importante, pues es la instancia para recibir la visión y comentarios del sector privado, lo que se traduce finalmente en una norma más eficiente y eficaz", enfatiza.

El perfeccionamiento de dicha norma se enmarca, además, en las iniciativas que desarrolla la CMF para elevar los estándares de los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas abiertas.

Otra iniciativa es la que anunció hace un par de semanas el propio Larraín, cuando anticipó que el regulador está evaluando dos caminos a seguir: perfeccionar la normativa 385, sobre difusión de información respecto de las prácticas de gobierno corporativo, o fomentar la creación de un código de autorregulación a nivel país en la materia, que sea desarrollado por el propio sector privado.

La idea es que la decisión sobre la vía a seguir sea tomada durante el tercer trimestre del presente año. De todos modos, los expertos han llamado a la CMF a que considere la opción de poder complementar, al menos por ahora, ambas opciones.

Una tercera iniciativa corresponde al proyecto de ley que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidad de los agentes de los mercados, que está iniciando su segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En concreto, uno de los componentes de esta iniciativa apunta a robustecer los gobiernos corporativos, donde destaca el fortalecimiento del rol del director independiente.

En ese sentido, se le da un mayor rol de acción a la CMF para verificar si alguien califica o no como director independiente y, además, fija mayores estándares acerca de las incompatibilidades que podría tener quien postule a ese cargo en alguna compañía.