Similar al caso de la directora de Presupuestos: Contraloría detectó más de 5 mil declaraciones de funcionarios del Estado con errores u omisiones en 2022

29/06/2023 FACHADA CONTRALORIA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De acuerdo a las estadísticas que tiene la Contraloría General de la República, el año pasado se recibieron 145.362 Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), de un total de 101. 230 funcionarios del Estado.


La equivocación en la declaración de patrimonio e intereses que tuvo la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, generó críticas en los partidos de oposición, en el marco de los cuestionamientos de los que ha sido objeto a raíz del lío de platas entre el Ejecutivo y fundaciones. Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue consultado sobre estos inconvenientes que ha tenido la autoridad fiscal con dicho trámite.

“Respecto a la declaración de patrimonio, la verdad es que todos los que hemos llenado alguna vez una declaración de patrimonio de intereses, más de alguna vez nos hemos equivocado en algo. Yo personalmente, cuando inicié mi gestión como consejero del Banco Central, recuerdo haber hecho una rectificación”, sostuvo el miércoles el titular de las finanzas públicas.

Y agregó que “si ustedes revisan, porque está disponible en la página web de la declaración de patrimonio e intereses la situación de muchos parlamentarios, diputados, autoridades, van a encontrar muchas rectificaciones”.

Días antes, el propio contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dijo que anualmente reciben aproximadamente 145 mil declaraciones de intereses y patrimonio, “todas las cuales son fiscalizadas”. Asimismo, añadió que “muchas personas deben rectificar sus declaraciones”, por lo que a su juicio no es extraño que ocurran este tipo de casos ni que aquello sea sinónimo de irregularidades.

Pero más allá de las declaraciones, ¿qué dicen los registros?. De acuerdo a las estadísticas que tiene la Contraloría, en 2022 se recibieron 145.362 Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP), de un total de 101. 230 funcionarios del Estado. De ese universo, la Contraloría emitió 3.798 oficios de apercibimiento asociados a incumplimientos de oportunidad, en virtud de declaraciones pendientes de efectuar por parte de quienes cuentan con la obligación de declarar.

29/06/2023 FACHADA CONTRALORIA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Además, debido a la fiscalización realizada respecto de las DIP, se detectó por errores u omisiones en el contenido de las declaraciones a 5.512 sujetos obligados.

En la Contraloría mencionan que la información presentada en las DIP es contrastada “de forma masiva” mediante algoritmos con la data proveniente de diversas fuentes, entre ellas, del Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio de Impuestos Internos, Comisión para el Mercado Financiero, Subsecretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, y Dirección General de Aeronáutica Civil, potenciando “un control público inteligente y expedito”.

En 2021, en tanto, fueron 153.732 las declaraciones, de un total de 115.926 personas. Ese año se notificaron 2.895 personas respecto de incumplimientos de oportunidad, y 1.592 errores u omisiones en el contenido de las declaraciones de personas obligadas.

La obligación de declarar intereses y patrimonio por parte de las autoridades y funcionarios públicos se encuentra consagrada en el artículo 57 en relación al 60 letra A, de la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

La declaración de intereses y patrimonio establecida en la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses de 2016, indica la obligación de declarar a quienes ocupen cargos de elección popular, así como también a quienes asuman cargos designados por el Presidente de la República; jefaturas superiores; embajadores; jefaturas de Fuerzas Armadas, contralor general de la República, y todos los funcionarios o funcionarias de la administración del Estado hasta el nivel de jefe de departamento.

Esta declaración debe realizarse tanto al iniciar el período en el cargo, como cuando finaliza, además de actualizaciones periódicas. De esta manera, la Contraloría General de la República puede ser capaz de identificar los bienes adquiridos dentro del período y velar porque todas esas acciones se hayan realizado bajo los principios de probidad administrativa.

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