El Tribunal Ambiental de Antofagasta fijó para el miércoles 20 y el jueves 21 de diciembre, a las 09:00 horas, la audiencia en que escuchará los alegatos por la reclamación que ingresó Andes Iron en contra de la resolución del Comité de Ministros que calificó desfavorablemente el proyecto minero portuario Dominga.

Se trata de un hito en el proceso contencioso que lleva adelante la minera de propiedad de la familia Délano y que busca explotar un yacimiento minero con un puerto en la Región de Coquimbo, con una inversión de US$2.5000 millones. Esto, luego de que el 18 de enero del presente año la máxima instancia administrativa del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) resolviera acoger 12 reclamaciones que cuestionaban su tramitación.

En aquella oportunidad el Comité de Ministros concluyó que en la evaluación ambiental de la iniciativa “no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia”. “Tampoco se realizó una adecuada línea de base. La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación y reparación y planes de seguimiento idóneos”, consignó el comunicado enviado por el Ministerio del Medio Ambiente que encabeza la climatóloga y experta en cambio climático, Maisa Rojas.

El Tribunal Ambiental de Antofagasta es presidido por la abogada de la Universidad Católica Sandra Álvarez, e integrado por el ministro titular Marcelo Hernández, quien es ingeniero forestal y licenciado en Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, y el ministro suplente, abogado de la Universidad de Atacama, Alamiro Alfaro.

En representación de Andes Iron alegará el socio de FerradaNehme, Patricio Leyton.

En paralelo, un grupo de pescadores y dirigentes de la Región de Coquimbo presentaron ante la Contraloría General de la República un requerimiento para declarar la ilegalidad del Decreto Supremo Nº 31/2023, del 1 de septiembre de 2023, del Ministerio de Medio Ambiente, que declara Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCPMU) al Archipiélago de Humboldt, por no ajustarse a la Constitución y a la ley.

El escrito, patrocinado por el abogado Jorge Valladares, denunció que el Ministerio del Medio Ambiente pretende ejecutar el Acuerdo Nº 22/2023 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, con el que se ajusta y amplía el AMCPMU del Archipiélago de Humboldt. Esta ampliación se ubica frente a la costa de las comunas de Freirina, provincia del Huasco en la Región de Atacama y las comunas de La Higuera y La Serena, en la provincia del Elqui, en la Región de Coquimbo, con una superficie aproximada de 574.873 hectáreas.

“Hicimos esta presentación, en defensa de sindicatos, comunidades y dirigentes de pescadores de las caletas de Chungungo, Totoralillo Norte y Caleta Los Hornos, todas de la comuna de La Higuera, por la afectación a las que se ven expuestas por la creación de la AMCPMU denominada Archipiélago de Humboldt, presentación que se suma a otras reclamaciones actualmente en curso, y sin perjuicio de otras acciones que se emprenderán próximamente en aras del resguardo de estas comunidades”, señaló el abogado Valladares a Pulso.

“El procedimiento para la creación de esta AMCPMU es completamente ilegal y se ha tramitado a la carrera, con total desprolijidad. Esta iniciativa fue aprobada por el Comité de Ministros el 11 de agosto pasado, pero aún no ha sido tramitada por la Contraloría, por lo cual aún no está vigente. Teniendo en cuenta lo anterior, el decreto de la AMCPMU debe necesariamente acogerse a la normativa actual en esta materia, que es la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, la cual entró a regir el 6 de septiembre. La Ley 21.600 establece una serie de procedimientos, en particular escuchar a los potenciales afectados, cuestión ausente en la tramitación de esta AMCPMU pues no ocurrió, lo que está completamente acreditado”, acotó.

Frente al requerimiento ingresado a Contraloría, Liesbeth van de Meer, directora ejecutiva de Oceana, explicó que “el proceso regular en la creación de cualquier área protegida define que finalmente existe una revisión por parte de la Contraloría General de la República. En este caso, la creación del área marina protegida del Archipiélago de Humboldt debe pasar por ese proceso igualmente, en donde se revisa si la creación del área se ajusta a la legislación, un acto que sabemos cumple con todos los requisitos legales”.

“No olvidemos que la creación de esta área marina protegida responde a la conservación de un ecosistema marino invaluable, con un alto valor ecológico, que ha había sido acordado por el gobierno anterior, y que la actual administración concretó y amplió con un apoyo transversal y la correspondiente participación ciudadana”, agregó.

Por su parte, Andes Iron recordó que la acción en Contraloría se produce luego de la querella que interpusiera la minera “ante el Juzgado de Garantía de La Serena, en contra del Seremi de MMA de Coquimbo Leonardo Gros, por los delitos de falsedad por ocultamiento y prevaricación administrativa, la cual fue declarada admisible el pasado 26 de julio de 2023″.

“La querella fue remitida al Ministerio Público, Fiscalía Local de La Serena, designándose al Fiscal Jefe don Carlos Vidal Mercado como fiscal a cargo de la investigación. Actualmente se están desarrollado diversas diligencias solicitadas por la querellante y se han proporcionado nuevos antecedentes a la investigación que demuestran cómo se desarrolló el proceso que condujo a la comisión de los delitos”, concluyó.