Damián Tomic, gerente general de la empresa Ciclo, sociedad controlada por la francesa Séché Environnement, lanzó una dura crítica al manejo al avance de los proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo máximo órgano administrativo es el Comité de Ministros. Según Tomic, la entidad colegiada, presidida por la ministra Maisa Rojas, “está tardando en la resolución de los proyectos porque hay servicios que son oficiados y no cumplen los plazos otorgados para informar”.

En la comuna de Tiltil, hace nueve años la compañía intenta construir el proyecto llamado Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI), que considera una inversión de US$85 millones, pero se enfrenta a una serie de dificultades. Esto, en medio del debate por las medidas que impulsa el Ejecutivo para fomentar la inversión a través de una reforma al SEIA y la “permisología”, que han acusado distintos gremios.

El gerente de Ciclo explicó que hay servicios que no están cumpliendo los plazos otorgados para informar a la autoridad ambiental. A modo de ejemplo, dijo “en el caso nuestro los oficios fueron enviados en julio de 2023 y sigue estando pendiente puntualmente la respuesta de la Subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Llegaron los otros informes fuera de plazo, pero ya llegaron y en definitiva ningún servicio en particular cumplió con los plazos otorgados. Esto impide que los proyectos logren avanzar a la instancia de ser puestos en tabla para ser votados ante el Comité de Ministros”.

Según la revisión realizada por Pulso al portal del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la directora ejecutiva del organismo, Valentina Durán envió el 6 de julio de 2023 un oficio a cinco subsecretarios para que emitieran un pronunciamiento sobre el proyecto CIGRI en un plazo de 20 días hábiles.

Los oficios fueron dirigidos a Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública; Jorge Daza, subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones; Jorge Herrera, subsecretario de Obras Públicas; Gabriela Elgueta, subsecretaria de Vivienda; y Francisca Gallegos, subsecretaria de Servicios Sociales.

Al 29 de julio de 2023, ninguno de los estamentos oficiados respondió y la directora ejecutiva del SEA insistió con un segundo oficio a las mismas autoridades, otorgando un plazo adicional de 10 días hábiles. Tras la insistencia, la Subsecretaría de Transporte respondió al oficio el 25 de agosto y seis días después lo hizo Obras Públicas. Posteriormente, el 13 de septiembre respondió la Subsecretaría de Salud Pública, pero seguían pendientes Vivienda y Servicios Sociales.

El 5 de octubre, la directora ejecutiva del SEA realizó un tercer llamado a esta últimas, y, al igual que las otras ocasiones, les pidió “respetuosamente” que contesten el requerimiento planteado añadiendo un plazo de 10 días hábiles. Justo ese mismo día respondió Vivienda.

El 17 de noviembre de 2023, la jefa del SEA insistió nuevamente en un cuarto intento, con el mismo oficio que había enviado en julio a la subsecretaria de Servicios Sociales, Desde esa fecha han pasado 6 meses y 11 días y en la institución siguen esperando su respuesta.

En el primer oficio enviado a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, socióloga de la Universidad Alberto Hurado (UAH) y militante de Revolución Democrática, la jefa del SEA le explicó que la institución busca “resolver adecuadamente los recursos de reclamación admitidos a trámite, y le pidió que informar si el proyecto (CIGRI) presentó los antecedentes suficientes para descartar los efectos, características o circunstancias del artículo 7 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sobre la localidad de Rungue”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron a Pulso que actualmente trabajan para emitir su pronunciamiento, en conformidad con los requerimientos que establece el SEA.

La directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, explicó a Pulso que en promedio, son 59 días corridos los que tardan los servicios en contestar los oficios, y que son ellos los llamados a responder por esta situación.

Todo comenzó cuando el 11 de abril de 2023, Ciclo presentó una reclamación administrativa ante el Comité de Ministros solicitando su aprobación, luego que el 13 febrero la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana rechazara la iniciativa, pese a contar con un informe consolidado de evaluación ambiental del SEA que recomendaba su aprobación.

En contra del proyecto votaron la delegada presidencial, Constanza Martínez (CS); el seremi de Salud, Gonzalo Soto (RD); la seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes (CS); el seremi de Minería, Carlos Hunt (AH), y la seremi de Agricultura, Nathalie Joignant (FRVS). Sin embargo, en la reunión, Hunt y Joignant votaron en dos ocasiones, debido a que emitieron también sus votos en reemplazo de dos de sus pares que no estuvieron presentes en la sesión. Así se llegó a los siete votos en contra.

Mientras que a favor estuvieron los votos del director regional del SEA, Arturo Farías; la seremi de Desarrollo Social, Julia Standen; el seremi de Obras Públicas, Jorge Daza (PS), representado por el director regional de Arquitectura (RM) Patricio Rubio; la seremi de Vivienda, Rocío Andrade, representada por Fabián Kuskinen, jefe del departamento de Desarrollo Urbano, y el seremi de Transportes, Roberto Santa Cruz.