Servel denunció a 2 millones de personas por no votar en plebiscito obligatorio del año pasado

Organismo informó que se tuvo que realizar el reingreso de 191.917 denuncias, 154.116 de las cuales debieron realizarse a través de escritos individuales, una denuncia por cada elector


Más de 13 millones de chilenos votaron el 4 de septiembre de 2022 en el plebiscito para decidir si se aprobaba o se rechazaba la propuesta de nueva Carta Fundamental emanada por la Convención Constitucional, lo que constituyó una participación histórica, en torno al 85%.

A un año de esa votación, de carácter obligatorio, el Servicio Electoral dio cuenta de las gestiones que realizó para ingresar las denuncias en los juzgados de policía local respecto a 2.033.843 personas que no cumplieron con su deber cívico.

“Tras la calificación de los resultados del Plebiscito, Servel comenzó el arduo trabajo de identificar a los más de dos millones de personas que no sufragaron, cuyos datos se obtienen de la revisión de cada padrón de mesa. Una vez concluida esta labor, entre los meses de febrero y marzo, Servel ingresó todas las denuncias en 336 juzgados de policía local competentes respecto de 346 comunas, en cumplimiento de la normativa”, señaló el organismo en un comunicado.

Según el Servel, este proceso de denuncias “no estuvo exento de inconvenientes, atendida las dificultades que el cumplimiento del mandato constitucional representaba para dicha judicatura a lo largo del país”.  

“Las denuncias en muchos casos no fueron inicialmente acogidas a tramitación y tuvieron que ingresarse de diferentes formas, tras reuniones con presidentas y presidentes de distintas cortes de apelaciones del país y jueces, para impulsar la tramitación de las mismas. Es así como se tuvo que realizar el reingreso de 191.917 denuncias, 154.116 de las cuales debieron realizarse a través de escritos individuales, esto es, una denuncia por cada elector”, indicaron.

En el Servel recordaron que los juzgados de policía local dependen económica y administrativamente de los municipios del país, por lo que “existe gran diversidad en las realidades de cada juzgado en cuanto a recursos humanos, económicos y tecnológicos, como también diferencias de criterios de admisibilidad, tramitación y resolución de las denuncias ingresadas”.

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