“¿Qué lo motivó a venir?”: las suspicacias del PS por la presencia de Crispi en la comisión revisora de la acusación a Montes

“Me gustaría saber qué profesión tiene el señor (Miguel) Crispi (RD)”, dijo el diputado Jaime Naranjo (PS), al inicio de la presentación del jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric, quien -invitado por la derecha- concurrió este martes a la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS).

El tono de Naranjo, quien no es parte de la comisión y solo asistió para reforzar la defensa de Montes, daba cuenta de las suspicacias que se instalaron en el Partido Socialista por la sorpresiva asistencia del jefe del llamado Segundo Piso de La Moneda. El episodio también era reflejo de las tensiones que existen entre el PS y RD, partido donde militaban los primeros implicados en los traspasos irregulares de recursos públicos desde el Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva.

Esta disputa subterránea ha escalado al punto de que hay sospechas en el PS de que RD presuntamente estaría por derribar a Montes, mientras que desde el partido de Crispi también han visto con inquietud el interés de los socialistas de tomar un rol más preponderante en el equipo de asesores de Boric.

Con este telón de fondo, Naranjo dijo que le llamaba la atención la presencia de Crispi, “porque a los que hemos escuchado (en la comisión) son básicamente constitucionalistas, que han venido a ilustrarnos sobre los méritos de la acusación”.

“En segundo lugar, me llama la atención que cuando el señor Crispi debiera haber ido a la comisión investigadora (por el caso de traspasos irregulares de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva), en su momento no fue. Curiosamente en un tema que no tiene nada que ver con él, en ninguna hoja de la acusación aparece el señor Crispi, hoy haya aparecido tan rápidamente”, añadió el legislador socialista.

En respuesta, Crispi reaccionó con extrañeza al emplazamiento del parlamentario. “Mi profesión es sociólogo. Lo que ocurrió en la comisión investigadora se resolvió con mi presencia... En este caso, me llama la atención la pregunta”, dijo el jefe de asesores.

Sin embargo, el emplazamiento de Naranjo fue reforzado por la diputada Emilia Nuyado (también PS), quien sí es integrante estable de la comisión. “¿Qué aporte puede hacer si está en otra función? ¿Qué lo motivó (a venir) don Miguel?... Me había preguntado, porque tal vez le había dado miedo por quienes lo convocaron, que tuvo que venir obligadamente”.

Paradójicamente, en defensa de Crispi salieron los diputados opositores.

El UDI Cristián Labbé dijo que valoraba la presencia del jefe del Segundo Piso, mientras que el independiente Víctor Pino, quien preside la comisión revisora, agradeció que respondiera positivamente a la invitación de la instancia.

En su exposición, el jefe de asesores explicó que cuando usó “la palabra rumor”, para referirse a los primeros antecedentes que tuvo de las irregularidades, hacía “alusión a una información incompleta, y no fue más que había una información que me llega por parte de un asesor de mi gabinete, que me dice que hay un rumor de que Daniel Andrade, que era militante de Revolución Democrática, a través de una fundación, que tendría un convenio, alguna relación con la Seremi de Antofagasta”.

“Esa información, lo que yo hago, es que conversé con la subsecretaria (de Vivienda) del momento, Tatiana Rojas (RD), la que me dijo que efectivamente existía esta información parcial, pero que estaban recabando antecedentes (...) yo no hablé con el ministro (Montes), hablé con la subsecretaria, como jefa jerárquica del servicio y, por tanto, la jefa jerárquica del seremi de Antofagasta (Carlos Contreras, exmilitante RD), y lo último, como también lo señalé, mi conversación con el Presidente fue el día 16″.

Pese a las suspicacias del PS, el militante RD respaldó al titular del Minvu frente al libelo acusatorio que enfrenta. “El ministro Montes ha sido tremendamente proactivo para avanzar en mayor transparencia, en mejores regulaciones, en no dinamitar la relación que hay entre el mundo privado, la sociedad civil y sus colaboradores del Estado, sino hacer viable esa relación, sanearla”, dijo Crispi.

En ese sentido, agregó que “lo que me motiva a venir es mi opinión, con la información con la que dispongo, de que el ministro Montes no ha incumplido en ningún momento con la Constitución y que, por tanto, esta acusación constitucional carece de fundamento”.

En tanto, la comisión continuará hoy sesionando para evacuar un informe frente al libelo presentado por las bancadas opositoras, en vista de que el jueves será sometida a votación por la sala de la Cámara.

Sin embargo, con la reanudación del trabajo legislativo, tras el receso por fiestas de fin de año, más legisladores han sincerado su inminente rechazo al libelo. Con ello, comienzan a ser sepultadas las últimas esperanzas de la derecha de dar vuelta los pronósticos negativos.

Este martes, el diputado Rubén Oyarzo (Partido de la Gente, PDG), uno de los votos clave que seguían en suspenso, anunció que no dará su respaldo a la presentación, básicamente por razones de forma.

“He tenido tiempo de revisar los argumentos de la acusación constitucional en contra del ministro Carlos Montes y he llegado a la conclusión de que el libelo, mal redactado y pobre de contenidos, no se sostiene como para avanzar en juicio político en contra del titular de Vivienda. Lamento que Chile Vamos se preste para un uso inadecuado de las herramientas constitucionales que tenemos como diputados y espero que para la próxima evalúen mejor y redacten mejor los argumentos para iniciar juicios políticos”, señaló el legislador.

En el pasado, el diputado Oyarzo había apoyado las acusaciones en contra de los exministros Giorgio Jackson (RD), Marco Antonio Ávila (RD) e Izkia Siches (al menos en la fase de la cuestión previa) y solo se abstuvo en el libelo contra la extitular de Justicia Marcela Ríos (Convergencia Social).

La diputada ambientalista Viviana Delgado también anunció que votará” en contra”. “Siento que los partidos están jugando al empate de quién es más corrupto, precisamente están haciendo lo que la gente no quiere ver más... La corrupción no es buena para ningún lado y los recursos fiscales son de la gente, no son de fundaciones ni empresarios. La verdad es que esto me tiene molesta”.

Si bien la acusación constitucional en contra de Montes contó con las firmas de casi todas las bancadas de derecha -salvo de Evópoli- y de un militante del PDG, Gaspar Rivas, esa base de votos no es suficiente para aprobar la presentación en la Cámara.

Hipotéticamente, el libelo contra el ministro de Vivienda tendría un piso de 70 legisladores si es que la oposición actúa unida: 23 UDI, 21 RN, cuatro Evópoli, 13 del Partido Republicano, siete independientes-social cristianos, además de Gonzalo de la Carrera y del mismo Rivas (PDG), quien suscribió el escrito a título personal. Para asegurar su aprobación se necesita una mayoría de 78 de los 154 diputados habilitados para votar el próximo jueves 4 de enero.

Esa cifra, sin embargo, ni siquiera está garantizada por probables descuelgues dentro de la propia derecha.

A días de que se vote el libelo en la sala, la postura que adoptara el diputado Joaquín Lavín (UDI) era una duda que todavía existía en su propia bancada. El legislador, hijo del exalcalde y expresidenciable del mismo nombre, no ha respaldado ninguna de las anteriores acusaciones a ministros del Presidente Gabriel Boric (Siches, Ríos, Jackson y Ávila).

Por su parte, los legisladores de Evópoli, si bien comprometieron su respaldo, la decisión de no prestar firmas a la presentación fue una señal de incomodidad que podría traducirse en algún desmarque pasado mañana.

Este escenario adverso para el libelo acusatorio se ha complicado por las declaraciones de algunos diputados independientes y de partidos no alineados (como Demócratas, la DC, el Movimiento Amarillos por Chile y de algunos PDG), que se han pronunciado en contra.

A diferencia del camino cuesta arriba para la derecha, el oficialismo ya tiene el compromiso de algunas bancadas no alineadas de rechazar el libelo.

El gobierno parte con una base de 66 legisladores (considerando a los diputados Félix González y Camila Musante, que no se declaran oficialistas, pero sí partidarios del programa gubernamental).

Si a ese grupo se le suman los cinco DC -Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño-, los cuatro legisladores del Partido Demócratas -Joanna Pérez, Érika Olivera, Miguel Ángel Calisto y Jorge Saffirio- y Andrés Jouannet (Amarillos), la defensa de Montes llegaría a la sala con un respaldo de, al menos, 76 parlamentarios.

Si a ese piso hipotético se le suman los votos de Oyarzo y de los independientes Carlos Bianchi y Viviana Delgado, el libelo se daría por rechazado.