Lío de platas con fundaciones: el accidentado final de la comisión que terminó con una debacle oficialista y un reproche legal a Montes

Partió mal y terminó peor. Ayer al mediodía las fuerzas oficialistas estaban cerca de lograr un acuerdo con los diputados Raúl Soto (PPD), Rubén Oyarzo (PDG) y Andrés Jouannet (Amarillos) para llegar a un informe de consenso en la comisión investigadora de la Cámara frente a los traspasos irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones

Sin embrago, un punto de prensa de la diputada Ericka Ñanco (Revolución Democrática) dinamitó el acercamiento. La legisladora, que milita en el mismo partido de quienes se vieron involucrados en el primer caso conocido con la Fundación Democracia Viva, arremetió con dureza contra Soto, Oyarzo y Jouannet por sus conclusiones, plasmadas en uno de los cinco borradores que se presentaron a modo de insumos para el informe final.

“Hablan de chimuchina barata (...) cuestiones que parecen más bien de un reality show (…) los diputados están haciendo show”, dijo Ñanco cerca de las 13 horas del lunes en la Cámara.

La diputada RD tenía un punto. Efectivamente en el borrador de estos tres diputados -cuyos votos eran cruciales para inclinar la mayoría en favor de la derecha o el oficialismo- se aludía a las relaciones afectivas que rodearon a la Fundación Democracia Viva.

“En la Región de Antofagasta, Revolución Democrática decidió nominar a Carlos Contreras (ex RD), quien fuera el jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez (RD), quien, a su vez, mantenía una relación con la expareja de la directora de Presupuestos (Javiera Martínez, también RD) y director de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade (ex RD). Todo este entramado de personas que se conocían entre ellas y mantenían relaciones más allá de la militancia fue el escenario ideal para hacer negocios a costas del Estado”, decía el cuestionado borrador.

Aunque Ñanco hubiera tenido razón en su crítica, explicaban con malestar en el oficialismo, simplemente no era el momento. Sus declaraciones irritaron profundamente a Soto, Oyarzo y Jouannet, quienes rompieron sus conversaciones con el oficialismo y se abrieron a negociar con la derecha, a minutos de que sesionara por última vez la comisión investigadora.

Aunque no se plegó al texto de la derecha, el diputado Soto deslizó que, detrás de las palabras de Ñanco, “hubo una operación política para desviar el foco de atención que estaba radicado en Revolución Democrática y en algunos de sus militantes que fueron quienes abrieron esta caja de Pandora de los convenios y las fundaciones. Y desviar la atención hacia el ministro Montes”.

Al comentar las fallidas conversaciones con el oficialismo, el diputado Jouannet dijo que “en algún minuto hubo la posibilidad, pero finalmente lo de la diputada Ñanco efectivamente termina ya clausurando cualquier posibilidad de acuerdo con los partidos de gobierno, y la única alternativa era trabajar un texto con la derecha, porque lo que no podía pasar es que nos quedáramos sin informe”

El diputado Oyarzo también apuntó la legisladora de RD. “El oficialismo dejó caer el ministro Montes. Nosotros presentamos un informe que era robusto. Lamentablemente la diputada Ñanco lo caricaturizó y lo ridiculizó. En base a eso se acercó la derecha a hablar con nosotros”.

Los legisladores de derecha, por su parte, estaban dispuestos a ceder. Inicialmente, el borrador de los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Juan Carlos Beltrán (RN), Juan Fuenzalida (UDI) y José Miguel Castro (RN) sostenía que el ministro de Vivienda incurrió en una “negligencia inexcusable”, concepto jurídico que se usa en normas laborales y el Derecho Penal.

Sin embargo, los parlamentarios opositores accedieron a suavizar sus conclusiones y en vez de usar el concepto de “negligencia inexcusable”, incluyeron la idea de una “reprochable inobservancia” de parte del ministro.

El cambio de tono era un gesto a Soto, Oyarzo y Jouannet, quienes eran partidarios de que el informe eximiera a Montes y, por el contrario, fijara las responsabilidades en la misma directora de Presupuestos, Javiera Martínez; en la exsubsecretaria Vivienda, Tatiana Rojas (RD), y en el jefe de asesores de la Presidencia de la República y exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD), quien se resistió hasta el final a comparecer en la comisión.

En el gobierno estaban conscientes de que los votos de Soto, Oyarzo y Jouannet eran claves especialmente para proteger al ministro de Vivienda, ya que a diferencia de los otros funcionarios y excolaboradores de gobierno aludidos en el informe de la comisión, él es el único que podría ser acusado constitucionalmente.

En las últimas semanas, estos tres legisladores fueron contactados por el mismo Montes. Además, un equipo de asesores del Minvu también se desplegó en la Cámara para reforzar esos contactos.

Desde la Secretaría General de la Presidencia, las tratativas también fueron acompañadas por la subsecretaria Macarena Lobos y el jefe de Relaciones Políticas con el Congreso, Nicolás Facuse (PS).

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri, también se sumó a las conversaciones con los integrantes de la comisión.

Sin embargo, las gestiones no fueron suficientes, por ello, la desazón era profunda en el oficialismo, donde admitían que el epílogo de la comisión investigadora era malo.

Por el contrario, al ceder en un tema más bien semántico, la derecha había logrado poner otro punto, incluso más delicado para un posible libelo acusatorio: un presunto incumplimiento legal de parte del ministro. Si bien la “negligencia inexcusable” es una falta interpretable para una acusación, dejar una ley “sin ejecución” es derechamente una causal para pedir la destitución de un secretario de Estado.

“A nivel legal, la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, a propósito de la delegación de facultades... señala que: ‘la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección o fiscalización’. De ahí que el Ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión (es) constitutiva de reprochable inobservancia”, añade el informe final que ahora debe ser votado en la sala de la Cámara.

Incluso, esta referencia jurídica llevó a Soto a restarse y al final votó en contra. Pese a ello, el informe, con esta delicada alusión legal, fue aprobada con 8 votos a favor: Oyarzo (PDG), Jouannet (Amarillos), Coloma (UDI), Beltrán (RN), Fuenzalida (UDI), Castro (RN), Yovana Ahumada (independiente) y Chiara Barchiesi (republicana).

A modo de consuelo, para el gobierno igualmente era relevante que se borrara la referencia a una “negligencia inexcusable o grave”, ya que, en el pasado, ese concepto fue usado políticamente para sostener los libelos en contra de los exministros Harald Beyer (Educación), Yasna Provoste (Educación) y Andrés Chadwick (Interior), quienes finalmente fueron sancionados con la inhabilidad de ejercer cargos públicos por los próximos 5 años.

En todo caso, para La Moneda esta comisión partió mal desde su conformación.

Dado el empate que existe entre oficialismo y derecha en la Cámara, era vital que el diputado Eric Aedo, jefe de bancada del comité mixto (DC, liberales, radicales, Amarillos e independientes), pusiera a un legislador del oficialismo en la instancia. Sin embargo, designó como representante de este grupo a Jouannet, quien votó por Castro (RN) para presidir la comisión.

Ello le dio a la derecha el control de la instancia investigadora.

En un principio, la diputada Ñanco presentó una censura contra Castro, que si bien se rechazó fue el inicio de una relación tensa entre sus integrantes.

Pese a ello, la directora de Presupuesto y el ministro Montes expusieron sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, lo que terminó por indisponer a los miembros de la comisión fue la resistencia de Crispi a comparecer. Al final, algunos legisladores del propio oficialismo terminaron criticando a La Moneda, luego de que el contralor Jorge Bermúdez derribara los fundamentos de algunos ministros que justificaban la actitud contumaz del jefe de asesores presidenciales.

Cuando ya había culminado el período de audiencias, el clima político se enardeció aún más con el anuncio de una acusación constitucional contra Montes de parte de las diputadas socialcristianas e independientes. Si bien el libelo aún no se presenta, condicionó el desenlace de la comisión.

Finalmente en un episodio, que pudo haber sido un corolario incluso más negro para La Moneda, la diputada Mercedes Bulnes (independiente Frente Amplio), presentó el lunes una propuesta de informe que tenía algunas sutilezas que sorpresivamente endurecían sus conclusiones respecto del desempeño del gobierno en este caso. Ese texto contó con la adhesión de sus pares Ericka Ñanco (RD) y Carolina Tello (PC).

De partida, señalaba que habría sido valioso que el Presidente Gabriel Boric hubiera respondido el cuestionario que le envió la comisión y relataba con tono crítico la resistencia de Crispi (RD) a comparecer ante este grupo parlamentario.

“Para negar la comparecencia del máximo asesor presidencial, el gobierno recurrió́ a una serie de argumentos, los cuales fueron cayendo uno a uno por su inconsistencia… Todas estas teorías, por cierto erradas y controvertidas… no fueron más que intentos de justificar la inasistencia del máximo asesor de la Presidencia, cuestión que deja a la vista la falta de voluntad del gobierno de cooperar con la indagatoria que llevó adelante esta comisión”, decía el sorpresivo texto de las parlamentarias de la izquierda oficialista.

Bulnes explicó que su documento recogía ideas que había planteado la derecha en sus borradores, pero finalmente ella retiró su propuesta en el entendido que estaba dispuesta a ceder, siempre y cuando los otros legisladores también cedieran para lograr un consenso.