La defensa de Ríos ante acusación constitucional en su contra: “Pretenden manifestar su descontento político imputando un actuar malicioso a esta exministra”
La otrora titular de Justicia descartó una presunta infracción de leyes en los hechos que le imputa Chile Vamos. Confirmó, además, que invocará la cuestión previa en la votación en la Cámara Baja.
142 páginas contiene la contestación de la exministra de Justicia, Marcela Ríos a la acusación constitucional en su contra, presentada por las bancadas de la UDI, Renovación Nacional (RN) y Evópoli.
El documento fue ingresado casi a medianoche de este viernes a la comisión revisora que analiza el libelo en la Cámara de Diputados, instancia que sesionará hoy para escuchar a la defensa de la otrora secretaria de Estado, representada por José Antonio Viera-Gallo.
En su parte inicial, el documento confirma que durante la votación de la acción fiscalizadora en la Cámara Baja -que se concretará el miércoles 25 de enero- se invocará la cuestión previa, un mecanismo que cuestiona los fundamentos de la acusación y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse.
Y es que en la contestación la militante de Convergencia Social planteó que la acusación constitucional en su contra contiene “falencias” y pretende imputar hechos de los cuales no tendría participación directa, pues -argumenta- se enmarcan en atribuciones especiales de la Constitución y las leyes otorgan a otros órganos del Estado.
“La acusación no persigue la responsabilidad por hechos personales y directos de esta exministra, sino que le atribuye responsabilidad por hechos de terceros”, subrayó.
Asimismo, afirmó que los acusadores pretenden manifestar su descontento político por las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, imputando un “actuar malicioso” a la exministra de Justicia.
“Las y los acusadores a través del libelo acusatorio pretenden manifestar su descontento político imputando un actuar malicioso a esta exministra de Estado”, enfatizó Ríos.
En caso de que la Cámara de Diputados apruebe la cuestión previa, no se discute el fondo de la acusación constitucional y se da por no interpuesta.
Indultos
Tras confirmar que la defensa deducirá la cuestión previa, Ríos respondió a las acusaciones contenidas en los dos capítulos del libelo presentado por Chile Vamos.
El primero, se enfoca en los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric. Se le imputa a la exsecretaria de Estado de infringir la ley en la concesión de siete de los 13 beneficios carcelarios otorgados, pues -según argumenta el libelo-, se habría beneficiado a personas que cumplían sentencias judiciales por delitos graves.
Ante eso, la exfuncionaria de gobierno estableció que los decretos referidos “fueron dictados de conformidad con las potestades que la Constitución y la ley han entregado tradicionalmente a las autoridades”, por lo que “resulta imposible sostener seriamente que existió una infracción abierta a las leyes”.
Asimismo, afirmó que los acusadores fundan su pretensión en “juicios de mérito a actos que, de conformidad a la Constitución y las leyes, corresponde exclusivamente evaluar y ponderar al Poder Ejecutivo”.
Traslado de presos en la Macrozona Sur
El segundo capítulo de la acusación constitucional se centra en los traslados de algunos privados de libertad recluidos en penales de la Macrozona Sur a la Cárcel de Angol, luego de amenazas proferidas en contra del alcaide. En específico, el texto impugna los casos de los comuneros José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova, Víctor Llanquileo y otros presos del mismo recinto penitenciario en La Araucanía.
Se le acusa a Ríos, además, de no ejercer el control jerárquico como responsable política de Gendarmería, a propósito del mismo caso de los traslados.
Ante esto, la exsecretaria de Estado aseguró en la contestación que dicha acusación “carece de todo sustento jurídico y solo se realiza con el objetivo de evaluar la gestión que desarrollé a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
“Es necesario precisar que el actuar de esta exministra se sujetó a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y que la decisión de conceder o no beneficios penitenciarios es una atribución especializada de GENCHI, respecto de la cual no le corresponde intervenir a esta exministra de Estado”, enfatizó.
En ese marco, recalcó que no existe una presunta infracción de leyes por el otorgamiento de los beneficios penitenciarios, por “no tratarse de un hecho personal ni existir control jerárquico sobre Gendarmería por parte de esta exministra”.
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