“Tenemos una gran misión, dejar atrás el subdesarrollo y la pobreza”. Era el 11 de marzo del 2018 cuando Sebastián Piñera volvía a asumir por segunda vez la Presidencia de la República. En ese momento el gobernante de derecha no solo era el líder de su coalición política, Chile Vamos, sino que también el principal referente del sector.

El día que el mandatario recibió de vuelta la piocha de O´Higgins de manos de la expresidenta Michelle Bachelet no imaginó los desafíos que se le venían por delante. Al año siguiente enfrentaría el estallido social que puso en jaque a su gobierno y lo allanó a anunciar un proceso constituyente a contrapelo de su sector. Dos años después estuvo obligado a enfrentar otro golpe inesperado: la pandemia del coronavirus frente a la que se jugó porque Chile tomara la delantera en la importación de vacunas.

Cuando asumió en 2018 el principal desafío del presidente Piñera era combatir materias clave para la ciudadanía como el manejo del orden público, la situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) y una agenda para reimpulsar la economía. Para enfrentar el nuevo desafío renovó a parte de sus equipos, pero también recurrió al “piñerismo” con ministros de experiencia en su anterior gobierno.

La primera dificultad de Piñera vino desde el Congreso Nacional. Piñera tuvo que hacerse cargo del desafío de tener minoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para enfrentar ese hecho fue clave la estrategia que impulsó: llamar a grandes acuerdos entre los distintos sectores. De esta manera buscaba emular la política de los acuerdos impulsada por el fallecido expresidente Patricio Aylwin en cinco temas clave como la seguridad, salud, desarrollo económico, la paz en La Araucanía y la infancia. La primera señal vino incluso con un acto público sobre esta materia.

“Hoy llegamos nuevamente a esta casa de todos los chilenos y, una vez más, con el firme y urgente propósito y misión de hacer justicia y mejorar la dignidad y la calidad de vida de todos nuestros niños”, dijo Piñera en una cadena nacional en su primer día que asumió.

Para la difícil misión de generar consensos, Piñera designó a Gonzalo Blumel (Evópoli) como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de las relaciones políticas entre La Moneda y el Poder Legislativo. Rápidamente en el Congreso Nacional la situación se ponía cuesta arriba, ante la imposibilidad de llegar a acuerdo en las distintas materias. Pese a esto, el gobierno insistió en el punto a lo largo de todo el segundo mandato.

En su primer año de mandato, Piñera buscó dar señales para controlar la inmigración irregular e hizo intentos por convertirse en un liderazgo internacional. En ese marco, en febrero de 2019, invitado por el gobierno colombiano de Iván Duque viajó a Cúcuta en la frontera con Venezuela para participar en un acto de ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela. Un gesto que resultó controvertido durante toda su gestión.

También ese año hubo hitos beneficiosos para el gobierno, como el triunfo de Chile el 1 de octubre cuando la Corte Internacional de Justicia en La Haya le dio la razón ante la demanda limítrofe de Bolivia.

El 14 de noviembre de ese 2018 hubo otro hito que marcaría la segunda gestión de Piñera en La Moneda: la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, por parte de uniformados de carabineros. Un homicidio tuvo costos políticos para el gobierno, luego de que algunas autoridades dieran respaldo a la versión inicial de las policías, que posteriormente fue descartada. La crisis le costó la salida al intendente de La Araucanía, Luis Mayol, y provocó una interpelación al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El 18 de octubre del 2019 sucedió el peor golpe para el segundo gobierno de Piñera. Ese viernes una turba de personas comenzó a saltarse los torniquetes del Metro -luego de que se anunciara un alza en el pasaje del transporte- mientras otras decenas de personas se apostaban a Plaza Italia para protestar. Luego comenzaron los destrozos, los actos vandálicos y la quema de lugares públicos.

Lo que vino después fue la peor crisis política que tuvo el gobierno. Los actos vandálicos ocurrían todos los viernes, mientras el gobierno tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas. La violencia policial -que en sus casos más extremos se expresó en la mutilación ocular de protestantes y de ciudadanos como Fabiola Campillai- obligó al mandatario a cambiar sus equipos. La salida más significativa fue la del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien no solo era uno de los orejeros más cercanos a Piñera, sino que también su primo y amigo. Después de su salida el personero de la UDI enfrentó una acusación constitucional que lo inhabilitó de ejercer cargos públicos por cinco años. Tras la salida de Chadwick, Gonzalo Blumel asumió como ministro del Interior. Su figura era vista como un rostro más dialogante.

Por las calles, la genta asomaba con una serie de demandas como pedir el cambio de la Constitución, mejorar las AFP y terminar con el sistema del Sename. Fue en ese entonces, que Piñera y su gobierno comenzaron a buscar una salida al conflicto.

Pero el problema también era interno, pues La Moneda estaba dividida entre dos bandos: Aquellos que promovían una salida a través de un diálogo político, y los que buscaban mano dura y mayor control del orden público. Finalmente ganó la primera postura, lo que se tradujo en el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre del 2019.

Todos los sectores políticos se pusieron de acuerdo en interminables reuniones, en las que se determinó que el cambio de la Constitución de 1980 podía dar una salida pacífica al proceso, con el fin de acoger demandas ciudadanas. Con el tiempo, la paz se fue logrando en la calles, pero el estallido social fue recordado como la época más difícil para el Mandatario, que incluso lo tuvo con una histórica baja aprobación de un 6% en en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP).

El propio expresidente con el tiempo abordó lo que fue el estallido y el año pasado en el diario español El País dijo: “Fue un golpe de Estado no tradicional”.

El 2020 todos los gobiernos del mundo fueron azotados por la peor pandemia de la historia. Por ese año se desató la crisis del covid-19 y el gobierno de Piñera tuvo que hacerse cargo de enfrentar los problemas de la crisis sanitaria. Rápidamente se provocaron problemas no enfrentados anteriormente, como tener que hacerse cargo de las restricciones de la movilidad entre las personas, o enfrentarse a la competencia internacional por la compra de vacunas.

En ese entonces Piñera -y su ministro de Salud, Jaime Mañalich- debían hacerse cargo para de buscar la reducción en el número de contagiados y de fallecidos y también de enfrentar el dilema de la disponibilidad de camas para los enfermos y los ventiladores respiratorios para la Unidad de Cuidados Intensivos. El gobierno debía enfrentarse además al flanco político de la oposición que criticaba por este tema, y también por parte del Colegio Médico en ese entonces liderado por Izkia Siches.

Además, se generaban otros flancos como el cuestionamiento a la veracidad de las crifras de fallecidos. Mientras, el gobierno se desplegaba internacionalmente con intensas negociaciones para conseguir vacunas de empresas como Sinovac o Pfizer.

El 13 de junio de ese 2020 la pandemia salpicaba políticamente al gabinete y el ministro Mañalich salió en medio de un desgaste por la crisis y tensiones con sus pares. En un cambio de gabinete se dio paso a la llegada de Enrique Paris, quien se convertiría en otro referente del manejo de la pandemia. La salida de Mañalich fue difícil para el gobierno. El doctor había sido también ministro de Salud durante la primera administración de Piñera, y fue uno de los primeros en anticipar la magnitud de la pandemia diciéndole que “esto es lo más importante que va a pasar en su gobierno”.

Pero pese a los costos, el manejo le trajo grandes activos para el expresidente en materia de legado: Chile mostró uno de los índices más bajos en mortalidad según Our World in Data, además fue catalogado como uno de los países con mayores dosis de refuerzo de vacunas contra el covid por cada 100 habitantes y el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó a Chile dentro de los 15 países del mundo que más aumentó el gasto para enfrentar la pandemia.