“Un verdadero modus operandi” y “me da vergüenza estar apoyando al gobierno”: las reacciones tras objeción de Contraloría a convenios

Sesión de la Cámara de Diputados en la que se discute acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Foto: Manuel Lema Olguín / Agencia Uno.
Foto referencial.

Luego de que La Tercera Sábado revelara Contraloría objetó 29 contratos de los 34 casos analizados por no cumplir estándares legales, diversas figuras del mundo político reaccionaron ante la decisión del ente fiscalizador.


Este sábado, La Tercera relevó que Contraloría ya ha revisado 34 convenios que habían sido congelados y de ellos estableció que en 29 casos no se cumplieron los estándares requeridos, por lo tanto, fueron declarados ilegales o “representados”, término jurídico que ocupa el ente contralor. Todo corresponde a acuerdos suscritos el 2023 y los convenios objetados involucran más de $13 mil millones.

Fue el 29 de junio cuando el contralor, Jorge Bermúdez, aportó un elemento más de preocupación para La Moneda, en medio de los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y fundaciones. “Lo que se hizo acá es paralizar la tramitación de toma de razón, recabar más antecedentes que puedan existir y luego poder, si corresponde, tomar razón”, explicó en esa oportunidad.

Un mes después, ya hay un estado de avance de esa revisión y sus resultados son demoledores para quienes están a cargo de administrar los recursos públicos.

Bajo este escenario, diversas figuras del mundo político han reaccionado a este hecho. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “esto demuestra que las denuncias y las querellas presentadas tenían razón”.

De esta manera, Coloma explicó que “aquí existía a nuestro entender un verdadero modus operandi para poder entregarle miles de millones de pesos a fundaciones, muchas de las cuales no cumplían con los requisitos para poder trabajar, ni siquiera tenían el giro apto para ello”.

“Esperamos que la Contraloría llegue hasta el final y sancione a todas estas fundaciones que tenían por única finalidad sacar recursos del fisco”, agregó el diputado.

Johannes Kaiser, diputado del Partido Republicano, afirmó a través de redes sociales: “Todos los involucrados deben ser suspendidos y sumariados. Se deben iniciar juicios de cuenta y procesos penales y los ministros políticamente responsables deben renunciar a sus cargos”.

Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro declaró que “esto es un escándalo de marca mayor (...) A mí me da una vergüenza enorme estar apoyando al gobierno”.

“Creo en el Presidente Boric, pero que aparezcan estos actos impropios que va en contra de la doctrina básica de probidad en el Estado, donde algunos profitaron con un nuevo estándar moral, dentro de la alianza de gobierno y hoy día se ven estrellados frente a esa doctrina que era falsa finalmente”, manifestó el senador en referencia al análisis de la Contraloría, revelado por La Tercera Sábado.

Castro también aseveró en conversación con Mega que “esto tiene que ser el principio del fin de una era donde ha habido una corrupción de impropia y no solo en este gobierno (...) denuncié hace 15 días una fundación que tuvo, desgraciadamente, la misma práctica en el año 2021, en el anterior gobierno. Se llama Arquiduc, donde el jefe de gabinete del director del Serviu era a la vez, miembro del directorio de la fundación que recibió 120 millones de pesos”.

Desde el Partido por la Democracia (PPD), el diputado Raúl Soto señaló que “lo que esta ocurriendo es demasiado grave como para que nada pase y se corte el hilo por lo más delgado”.

Agregó que “el gobierno debe tomar acciones mucho mas drásticas, hacer un giro y un golpe de timón fuerte para dar tranquilidad y certeza a la ciudadanía. Caiga quien caiga, debe pasar de las palabras a las acciones y los hechos”.

Por otra parte, Pablo Toloza, abogado de la UDI y querellante en el caso de Democracia Viva, señaló que este informe de Contraloría “deja al descubierto a lo menos dos realidades”.

En primer lugar que “acá existió y existe un modus operandi, una arquitectura con objeto de defraudar al Estado, no son casos aislado, se repiten en muchas regiones del país y por montos realmente escandalosos”.

En segundo lugar, que “si la Contraloría hubiere actuado más proactivamente y en forma preventiva, el perjuicio fiscal hubiere sido mucho menor”, ya que “acá hubo señales claras y que se omitieron, las cantidades de dineros que se traspasaban a las fundaciones”.

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