Democracia Viva: RN recurre a Contraloría apuntando a Montes por aceptar renuncia de seremi y no sumariarlo
Los legisladores de oposición plantean que existe una lógica de “impunidad administrativa” del gobierno “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones”.
La polémica por el convenio millonario del Minvu en Antofagasta con la pareja de la diputada Catalina Pérez golpeó a la cartera que encabeza Carlos Montes.
Se trata de un contrato por un total de $ 426 millones con la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Andrade, pareja de la diputada y expresidenta de Revolución Democrática que fue visado por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, cuando era encabezada por el militante de la tienda oficialista Carlos Contreras.
Apenas se tomó conocimiento de las repercusiones de la publicación, según informaron desde La Moneda, el ministro Montes, se contactó con Contreras y le pidió que pusiera su cargo a disposición. El lunes, en tanto, Andrade dejó su labor de asesor en la Subsecretaría de Defensa. Montes solicitó a la cartera investigar y dispuso un viaje a Antofagasta para entregar “nuevos antecedentes” al Ministerio Público, luego que se abriera una investigación de oficio a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar.
Frente a ello, la bancada de diputados de Renovación Nacional decidió recurrir a la Contraloría General de la República para que emita un pronunciamiento acerca de la responsabilidad del ministro Carlos Montes que aceptó la renuncia del seremi de Antofagasta y de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, militante RD.
Los parlamentarios, además están solicitando que se realice una auditoría a nivel nacional de las transferencias de recursos en el marco de los programas de campamentos y esperan que se investigue en detalle el convenio del Minvu con Democracia Viva.
El diputado y jefe de bancada Frank Sauerbaum, Ximena Ossandón, Camila Flores, Miguel Becker y Eduardo Durán, decidieron acudir este jueves a las dependencias de la entidad fiscalizadora en calle Teatinos 56 para presentar un escrito.
En el texto se apunta contra funcionarios que “luego de ser cuestionados en relación con la observancia del principio de probidad o de la debida diligencia, deciden renunciar para evadir, presuntamente, las consecuencias administrativas de una eventual sanción”.
Los diputados sostienen que la aceptación de renuncia de Contreras constituye una “afrenta al principio de responsabilidad”, señalando que “ante situaciones en donde la autoridad se encuentra en conocimiento de situaciones anomalías del accionar de funcionarios públicos, estas deban de iniciar procedimientos disciplinarios incluso cuando se hubiera aceptado la renuncia del involucrado”.
En esa línea, piden a la entidad que encabeza Jorge Bermúdez pronunciarse para aclarar “si el accionar del secretario de Estado se ajustó al marco legal y los principios que informan el accionar de la Administración del Estado”.
Los legisladores de oposición plantean que existe una lógica de “impunidad administrativa” del gobierno “donde las renuncias permiten evadir medidas disciplinarias y reasumir funciones públicas en otras reparticiones, lo que sienta un terrible precedente para la integridad de la gestión estatal”.
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