De Izkia Siches a Carlos Montes: las cinco frustradas acusaciones constitucionales en contra de ministros de Boric

Por quinta vez se acusó constitucionalmente a uno de los ministros del Presidente Gabriel Boric y por quinta vez la acción no concitó los apoyos para su aprobación.

El rechazo este jueves de la Cámara de Diputados al libelo presentado en contra del titular de Vivienda, Carlos Montes, fue una suerte de déjà vu de las anteriores cuatro jornadas en que la oposición utilizó esta herramienta de última ratio contra miembros del gabinete.

Aunque las cuatro acusaciones previas a la de Montes fallaron en los hechos, coincidentemente las dos ministras y los dos ministros acusados antes que el titular de Vivienda terminaron, de todos modos, saliendo en algún momento del gabinete.

Acá un repaso por las cuatro acusaciones previas a la de Montes:

El 15 de junio de 2022, el Partido Republicano acusó constitucionalmente a la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches. En un escrito de siete capítulos, cuestionaron a la autoridad por su rol ante la situación en la Macrozona Sur y la migración irregular en el norte. Se la acusó de que “infringió la Constitución y las leyes y dejó éstas sin ejecución”, sin embargo, la acción se dio por no interpuesta. Esto porque al ser analizada el 12 de julio de 2022, todavía con restricciones sanitarias por el coronavirus, la abogada defensora de la ministra, Elisa Walker, argumentó errores de forma e invocó la denominada cuestión previa, que fue acogida por los diputados. Siches dejó el cargo casi dos meses después.

Un año después de pronunciarse sobre la acción interpuesta contra Siches, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó el libelo presentado por la oposición en contra del, por esos días, titular de Educación, Marco Antonio Ávila, por 78 votos en contra, 69 a favor y ninguna abstención. Lo defendió el abogado Francisco Cox. Críticas a los programas de educación sexual y de género en la cartera habían motivado la acción. Evópoli no votó alineado con Chile Vamos, lo que sumado a otros descuelgues como el del UDI Joaquín Lavín, sepultaron la acción opositora contra Ávila. El profesor de castellano finalmente se convirtió en exautoridad en el tercer cambio de gabinete del Presidente Boric, el 16 de agosto, casi un mes después de su “triunfo” en el Congreso.

El 25 de enero de 2023 se rechazó la acusación constitucional contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos por 49 votos a favor, 82 en contra y tres abstenciones. Se le imputaba responsabilidad en una serie de errores en la concesión de indultos a condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. La defendió el exministro y actual embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo. La socióloga y cientista política no completó 10 meses en su cargo. Había renunciado el 7 de enero, presionada por la acusación de la que terminó saliendo airosa.

Una semana antes que Ríos, Giorgio Jackson esquivó también una acusación constitucional en su contra. Por 68 votos a favor, 76 en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó la acción contra el, en ese tiempo, ministro de Desarrollo Social y Familia. El libelo fue impulsado por el Partido Republicano. Lo defendió la abogada socialista Claudia Sarmiento. “Las críticas al carácter de una persona o a su trayectoria política no son una causal que habilite para la procedencia de una acusación constitucional”, recalcó Sarmiento ante los congresistas esa jornada. Pasaron meses y amenazado por una nueva acusación constitucional en el marco de los líos de platas entre entidades estatales y fundaciones, Jackson, presentó su renuncia el 11 de agosto pasado.

La acusación al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tuvo lugar ante cuestionamientos al exparlamentario socialista por el escándalo de Democracia Viva. La oposición -sin la firma de Evópoli- impulsó la acción que fue rechazada este jueves luego de que la Cámara acogiera -con 79 votos a favor, 61 en contra y una abstención- la “cuestión previa” invocada por la defensa del secretario de Estado, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle. La acción se entendió así por no interpuesta, impidiendo su revisión de fondo, haciendo fracasar el libelo.