Cordero adelanta que oficialismo y oposición respaldan el Plan Nacional de Búsqueda: “Todos han considerado que es una obligación elemental del gobierno”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refiere a la extensión de la vigencia de cédulas de identidad para poder sufragar el próximo 7 de mayo.
El ministro de Justicia, Luis Cordero. Foto: Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno.

La iniciativa del gobierno será presentada el próximo 30 de agosto y busca esclarecer las circunstancias en que fueron detenidas y hechas desaparecer las más de mil víctimas de desaparición forzosa.


El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, aseguró que legisladores del oficialismo y de la oposición con los que ha conversado sobre el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar, consideran que es una política pública “elemental del gobierno de Chile”.

La iniciativa fue anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública del 1 de junio de 2022 y busca “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de más de mil personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales” de acuerdo a su página web y será presentado por el gobierno el próximo 30 de agosto.

En ese sentido, el secretario de Estado, en entrevista con CNN Chile, aseguró que la iniciativa del Ejecutivo también requiere de la coordinación con el Poder Judicial y el Parlamento, anunciando que los integrantes de este último presentan una buena recepción.

“De todas las conversaciones que he tenido con representantes del Legislativo, de muy distinta orientación política en el proceso que ha ido avanzando el Plan Nacional de Búsqueda, todos con quienes he conversado de gobierno y oposición han considerado que esta es una obligación elemental del gobierno de Chile y por eso nosotros hemos cuidado el Plan Nacional de Búsqueda como una política de Estado y no como una bandera específica”, aseguró.

Asimismo, detalló que han existido coordinaciones con el Poder Judicial para articular el proyecto, relevando el rol de la búsqueda judicial realizada hasta ahora. “No sería posible avanzar en Plan Nacional de Búsqueda si es que nosotros no hubiésemos tenido como antecedente la búsqueda judicial que se ha hecho hasta ahora”, sostuvo el secretario de Estado.

“Hay un montón de observaciones en materia de verdad y justicia, pero hemos avanzado, de modo incompleto, pero hemos avanzado. Hay miles de fojas judiciales que están, que necesitamos ordenar, sistematizar”, remarcó, añadiendo que “además de eso hemos mantenido una coordinación con el ministro Mario Carroza, hemos tenido una reunión con todos los jueces de dedicación exclusiva para explicar por qué el Plan Nacional de Búsqueda es una política pública, pero que es un mecanismo que retroalimenta, es un mecanismo de doble vía, es decir, del Plan de Búsqueda hacia las investigaciones judiciales, y de las investigaciones judiciales hacia el Plan de Búsqueda”.

Sobre si se busca encontrar a las personas detenidas desaparecidas, el ministro Cordero aseguró que “en realidad, a quien estamos buscando son personas y saber las trayectorias es muy relevante. Entonces, ese conocer las condiciones y circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer, supone en primer lugar conocer las trayectorias”.

Consultado sobre qué garantías hay que un próximo Mandatario de Chile modifique el Plan Nacional de Búsqueda, Cordero sostuvo que hay aspectos formales y otros sustantivos. “Hay aspectos formales y hay aspectos sustantivos. El aspecto formal tiene que ver con que el Presidente lo que está suscribiendo es un decreto supremo, que es un documento que contiene un plan, es decir, no es un texto declarativo, es un texto que contiene un diagnóstico, que tiene un propósito, que tiene objetivos (...), tiene metas para abordar esas y las acciones que está destinada a cada una de ellas de modo que sea verificable. En otros términos, si alguien lo mirara, es un documento de política pública en propiedad al cual se le asignan fondos mediante la Ley de Presupuesto”, señaló.

Respecto a quienes cuestionan que luego de 50 años de los crímenes cometidos por agentes del Estado se siga en esa línea, el ministro aseveró que “hay varias respuestas para esa interpelación. La primera es que la desaparición forzada de personas es probablemente de los crímenes de lesa humanidad más atroces que hay. La desaparición forzada es un crimen que se sigue cometiendo diariamente para aquellos familiares que no han encontrado a los suyos y es un crimen atroz no solo porque funciona diariamente y cotidianamente, además ejecutado por agentes del Estado tiene un propósito vinculado no solo a la víctima que lo sufre, sino que también trasladarse un temor a la población a la cual esas personas pertenecían y por eso es un crimen atroz”.

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